La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) presentó una queja contra Costa Rica ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alegando violación de la libertad sindical, negociación colectiva y del derecho de huelga.
El documento suscrito por el sindicato del Magisterio Nacional señala que el Gobierno y en especial el ministro de Educación, Édgar Mora, han realizado una serie de actos "en detrimento de los derechos de la clase trabajadora".
La queja incluye señalamientos contra el proyecto fiscal tramitado en el expediente legislativo 20.580 por tener "modificaciones regresivas con fuerte impacto en las remuneraciones de los trabajadores", tales como anualidades, dedicación exclusiva, y otros pluses salariales.
También denunciaron la promulgación de directrices y decretos que "afectan los salarios" y "modifican las condiciones de empleo de los empleados públicos", así como la Directriz Presidencial 09-H que ordena a los jerarcas de las instituciones públicas denunciar las convenciones colectivas y renegociarlas hacia la baja.
APSE alegó además que el Gobierno fijó de forma arbitraria el aumento salarial para el segundo semestre del 2018 y el primer semestre del 2019, al suspender el Acuerdo de Negociación de Salarios de Sector Público.
El sindicato se quejó de "la falta de condiciones reales de diálogo previo a la huelga, debido a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar por vía rápida el proyecto de ley 20.580, y su imposición en la agenda legislativa, haciendo caso omiso a las observaciones hechas por la Unidad Sindical desde la primera reunión celebrada el 10 de abril de 2018, y encuentros posteriores".
Inclusive la denuncia incluye el proyecto presentado por el diputado Carlos Ricardo Benavides, que viene a hacer modificaciones a la Reforma Procesal Laboral para hacer más expeditos los fallos judiciales sobre la legalidad o ilegalidad de las huelgas.
Según APSE, esa iniciativa tramitada en el expediente 21.049 lesiona los convenios 87, 98, 135, 151 y 154 de OIT.
Por otro lado, el sindicato alegó que el ministro Edgar Mora ha incurrido en prácticas antisindicales, incluyendo un "plan de hostilidad permanente y sistemática" contra la huelga de parte del MEP, "medidas de coacción ilegítimas contra las personas que están participando en el movimiento y prácticas antisindicales contra las organizaciones que representamos sus intereses económicos, sociales y profesionales en general".
APSE acusa a Mora de boicotear la huelga, acosar a las personas que participan del movimiento y de tratar de convencer a los educadores de abandonar la protesta, para reincorporarse a sus labores.
También lo señaló por haber solicitado la colaboración de 2000 voluntarios para aplicar las pruebas de Bachillerato, alegando que es una práctica espuria que ha sido censurada anteriormente por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y que por haber "amenazado" a los sindicatos con recortar unilateralmente las licencias para congresos y otras actividades que tradicionalmente realizan los sindicatos.
"Este conjunto de actuaciones del Gobierno de la República, que incluyen las conductas disolutas del Ministro de Educación Pública, que no ha tenido el mínimo reparo de violentar sistemática y recurrentemente la libertad sindical y las libertades públicas de los trabajadores, quebranta los convenios de OIT que tutelan estos derechos, que además, son consustanciales a cualquier sistema democrático", dijo Mélida Cedeño Castro, presidenta de APSE.
