Las autoridades de la Universidad Nacional (UNA) dieron marcha atrás con la adjudicación de obras por 14 millones de dólares para la remodelación de la Plaza de la Diversidad Cultural y construcción de la Casa Estudiantil.
La medida se adoptó luego de una intensa presión ciudadana y legislativa en tiempos de crisis fiscal, a pesar de que el rector de la UNA, Alberto Salom, dijo que no podían parar la adjudicación sin verse expuestos a una demanda de la empresa contratada.
El caso se remonta al 21 de agosto del 2017, cuando la Dirección de Proveeduría Institucional de la UNA inició una licitación pública para las obras en cuestión.
El 18 de octubre del 2017 el procedimiento de licitación se declaró infructuoso, sin embargo, ese mismo día se creó una nueva licitación para esas obras, con un plazo de recepción de ofertas que finalizaría el 19 de marzo del 2018.
Durante ese lapso tres empresas presentaron ofertas: Constructora Navarro y Avilés S.A., Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. y P y P Construcciones S.A.
Las ofertas fueron analizadas para determinar cuáles cumplían los aspectos formales y generales del cartel de licitación, así como aspectos de precio, requerimientos técnicos, etc. finalizando el 5 de octubre del 2018 con la adjudicación de Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A.
La adjudicación se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de octubre del 2018 y a partir de ese momento empezó a correr un plazo de 10 días hábiles para que la misma adquiera firmeza, pudiendo la UNA dar marcha atrás en ese lapso de tiempo por motivos de interés público.
El 11 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó una moción en el Plenario solicitándole al rector de la Universidad Nacional revocar la adjudicación de las obras. El 18 de octubre, Alberto Salom compareció ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación por este tema.
Salom dijo a los diputados que evaluaría las posibilidades de detener el proceso y esa misma noche comunicó al presidente de esa comisión, el diputado Wágner Jiménez (PLN), que posiblemente había una oportunidad para tomar esa medida, dada la inexistencia de permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
El 22 de octubre, aún dentro del plazo de gracia, la Comisión de Adjudicaciones de la UNA revocó la adjudicación de las obras valoradas en $14 millones de dólares.
Ahora el Consejo Universitario, los decanos y la comunidad estudiantil de la UNA deberán discutir nuevamente la conveniencia y necesidad del proyecto en cuestión, con el propósito de determinar si siguen adelante una vez obtengan todos los permisos, o bien destinan los recursos a otras obras.
