— Hoy vence el plazo que dio el Congreso a todas las instituciones y entidades a las que les consultó su criterio en torno al proyecto de ley 20.850 por todos conocido como plan fiscal.

— Eso explica que el día de ayer la UCR, la UNA y la CAJA hicieran llegar al Congreso una tras otra sus motivos para rechazar o cuestionar el documento… y el BCCR los suyos para respaldarlo.

— Es prudente aclarar que ninguno de estos criterios es vinculante ni califican de modo alguna la votación, como sucede en el caso de la Corte que tras su rechazo al 20.850 “subió” el número de votos necesarios para aprobar el proyecto en segundo debate a 38.

— La UNA dijo al Congreso que el plan fiscal tal y como está redactado violenta su independencia de gobierno y acarrea varios vicios de inconstitucionalidad como incluir la red de cuido y el INA en el presupuesto para la educación.

— Aludiendo al capítulo del proyecto de ley que regula el crecimiento de los pluses salariales la carta emitida por el Consejo Universitario (y referenciada en La Nación) dice: “Esta modificación no debe ser aplicable a las universidades estatales, ya que estas instituciones gozan de independencia de gobierno, tal y como lo establece el artículo 84 de la Constitución Política”.

 — En el caso de la UCR el razonamiento fue muy similar pues según lo que concluyó el Consejo Universitario el plan fiscal “causaría perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria”.

— Al igual que en el caso de la UNA la UCR pide cambios clave antes de dar su visto bueno:

En caso que exista un texto sustitutivo, el Consejo Universitario solicitó que se considere modificar aquellos artículos inconstitucionales y que debilitan las finanzas universitarias. Entre ellos, eliminar el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así como a

bogar por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

— La Caja por su cuenta anunció que solicitará al Congreso que efectúe una consulta sobre la constitucionalidad de la regla fiscal que pone límites al presupuesto del Seguro de Salud.

— Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, señaló que la decisión la adoptó  la junta directiva de la Caja luego de una sesión en la que conoció el criterio de las diferentes gerencias y de la Dirección Jurídica de la institución.

— Pero no todo es desprecio para el 20.850. El Banco Central aseguró que de convertirse en ley el plan fiscal ayudaría a reducir el déficit de Gobierno en 3,68 puntos del PIB para el 2022 (se estima que cierre en 7,2% el 2018).

— Según el comunicado del Central “La Institución concluyó que dicha iniciativa de ley restablece gradualmente la sostenibilidad a las finanzas públicas en el largo plazo, y con ello conseguirá mejorar las condiciones de tasas de interés, crecimiento económico y generación de empleo en el país”.

— En su dictamen también se habla del famoso “lobo” en la sala que algunos ven y otros no ven:

El grave desequilibrio de las finanzas públicas está teniendo ya un impacto negativo sobre la economía del país. Las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno han presionado al alza las tasas de interés y restringido el acceso al crédito por parte del sector privado. Además, la difícil situación fiscal ha generado incertidumbre y un incremento en la percepción de riesgo del país. Todo ello desestimula el consumo y la inversión, y por tanto la actividad económica y la generación de empleo

— Volviendo al proyecto de ley el BCCR estima que el 20.850 “restablece gradualmente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo”. A corto plazo el Central también le hace buenos ojos pues “ya desde el corto plazo esta reforma fiscal puede contribuir a reducir las tasas de interés y mejorar las expectativas económicas, y de esa forma contribuirá también a impulsar el consumo, la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, afianzando la estabilidad macroeconómica y financiera del país”.

— Eso sí: “La materialización de esos resultados, es preciso recalcar, depende del cumplimiento estricto de las disposiciones del proyecto de ley (y en particular de las normas atinentes a las remuneraciones en el sector público y a la regla fiscal)”. Y eso, estimados lectores, está por verse…

Bonus trackLa independencia del Poder Judicial es tanto subjetiva como institucional, por Carlos Bermúdez Chavez, juez de la República.

Hidden track: En Doble CheckNo, la evasión en Costa Rica no es del 8% del PIB.

Remix: Los economistas Sofia Guillén, Luis Paulino Vargas Solís, Daniel Suchar Zomer y Nogui Acosta debatirán sobre el Proyecto 20.580 hoy a las 7:40 p.m. en Trece Costa Rica Televisión.

Esta nota es parte del Reporte: Pensiones de lujo en vilo, plan fiscal en vilo, pobreza… en aumento