La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre la cual la Corte Plena se pronunciará este martes impacta de forma directa las remuneraciones y futuras pensiones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Específicamente, el proyecto toca de forma directa a los altos jueces de tres formas: congela sus salarios, los pone a pagar más impuesto sobre la renta y disminuye sus futuras pensiones.
El primer efecto tiene como sustento el transitorio 39 del plan fiscal que establece que el salario de los funcionarios del Gobierno Central, incluido el Poder Judicial, quedará topado en 25 veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública, equivalente a 6,6 millones de colones.
Según datos de Delfino.cr todos los magistrados del Poder Judicial tienen salarios por encima de los 7 millones y dado que para respetar sus derechos adquiridos no se les podrá disminuir, se les aplicará un congelamiento total. Ello implica que sus remuneraciones no aumentarán por ningún motivo, ni siquiera por el incremento en el costo de la vida durante todo el tiempo en que su salario exceda el tope de los 6,6 millones.
El segundo y tercer efecto para los magistrados es un incremento en la contribución que deben dar al Estado por concepto de impuesto sobre la renta.
De darse la reforma, los altos jueces deberán aportar cada uno, por mes, al menos 466 mil colones adicionales.
Para el 2018 el impuesto se calcula de la siguiente manera:
- Hasta 799.000,00 colones, está exento.
- La diferencia entre 799.000,00 y 1.199.000,00 paga un 10%.
- El resto del salario por encima de 1.199.000,00 paga un 15%.
La reforma fiscal, incluye una modificación a este calculo y crea nuevos tractos que quedarían de la siguiente manera:
- Hasta 799.000,00 colones, estaría exento.
- La diferencia entre 799.000,00 y 1.199.000,00 pagaría un 10%
- La diferencia entre ¢1.199.000,00 y hasta ¢2.103.000,00 pagaría 15%.
- La diferencia entre ¢2.103.000,00 y hasta ¢4.205.000,00 pagaría un 20%.
- El resto del salario por encima de ¢4.205.000,00 pagaría un 25%.
Si la reforma ya estuviera implementada, un magistrado con cero anualidades, que no presida ninguna sala y con un salario base de ₡7.817.671,16, con los nuevos tramos habría tenido que pagar 466.000,00 adicionales del impuesto sobre la renta.
El monto a pagar por el tributo aumenta para aquellos magistrados que ocupan la presidencia o vicepresidencia de la Corte, o la presidencia de alguna de las salas que conforman la Corte, así como por el tiempo de trabajo en el Poder Judicial.
La aprobación del Plan Fiscal afectaría así a los 22 miembros de la Corte Plena ya que cada uno tendría que aportar por lo menos 5.5 millones de colones anuales solo en el pago del impuesto sobre la renta.
Los cálculos realizados no incluyen el rubro de anualidades, por lo que los montos reales son más altos dependiendo de la cantidad de tiempo de trabajo en el Poder Judicial, el cual en algunos casos como el magistrado Jesús Ramírez, supera los 33 años en el puesto.
Sala I
- Luis Guillermo Rivas: 19 años como magistrado.
- Román Solís Zelaya: 17 años como magistrado.
- Carmen María Escoto Fernández: 15 años como magistrada.
- Irís Roció Rojas Morales: 4 años como magistrada.
- William Molinari Vilchez: 2 años como magistrado.
Sala II
- Orlando Aguirre Gómez, 29 años como magistrado.
- Julia Varela Araya, 15 años como magistrada.
- Luis Porfirio Sánchez, 2 años como magistrado
Sala III
- Jesús Ramirez Quirós, 33 años como magistrado
Sala Constitucional
- Fernando Cruz Castro, 13 años como magistrado.
- Fernando Castillo Víquez, 8 años como magistrado.
- Paul Rueda Leal, 7 años como magistrado
- Nancy Hernández López, 4 años como magistrada.
- Luis Fernando Salazar Alvarado, 4 años como magistrado.
El mismo impacto lo tendrían al momento de jubilarse, pues el impuesto sobre la renta también se aplica sobre las pensiones.
Por ejemplo, la expresidenta de la Corte, Zarela Villanueva —quien se jubiló en mayo del 2017—, pasaría de pagar mensualmente 1,33 millones de impuesto sobre la renta con los tramos actuales, a 2,00 millones. Esa diferencia de 669 mil colones se traducen en una recaudación de 8,03 millones más para el Ministerio de Hacienda.
El martes de esta semana la Corte Plena sesionará para definir si el Plan Fiscal afecta la independencia de la administración del Poder Judicial.
En caso de que decidiera dictaminar de forma negativa el proyecto, la Asamblea deberá aprobarla con por lo menos 38 votos, o dejar la decisión final en manos de la Sala Constitucional.
Se espera que en esta discusión se abstengan de participar los integrantes de la Sala Constitucional, ya que no deben adelantar criterio en caso de que el caso llegue a ese tribunal.
Días atrás los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvieron de opinar sobre los efectos del plan fiscal en sus remuneraciones, para respetar el deber de probidad que deben cumplir todos los funcionarios.
