Toda diferencia de pensamientos es necesaria y fundamental para una democracia. El Frente Amplio, partido que se destacó por ejercer un importante control político durante el Gobierno pasado en el caso de “El Cementazo”, se ha dado ahora a la tarea de reproducir una serie de desinformaciones en cuanto al impacto de la reforma fiscal.

Sus abanderados son Sofía Guillén y Jonathan Acuña, economistas que han tratado erróneamente datos de un tema de por sí ya complicado, bajo el supuesto objetivo de defender a las familias de menos ingresos, cuando en realidad les están haciendo más daño. Esta campaña de hacerle creer a las personas que la reforma es regresiva e injusta, resultó en la perfecta excusa para los líderes sindicales que salieron a las calles con el verdadero propósito de defender sus privilegios.

En un artículo publicado recientemente en este medio así como en sus intervenciones en medio internacionales, la asesora económica de los sindicatos divide la reforma fiscal en 4 capítulos y dice que 3 son “regresivos”, por lo que, según ella, el “75% del plan fiscal es regresivo. Imagínense si en realidad todo fuera así de fácil.

A continuación explico por qué varias de sus aseveraciones son falsas:

1) “El IVA es por definición un impuesto regresivo, gravar con el IVA bienes o servicios esenciales profundiza su naturaleza”.

Los principales objetivos de aplicar el IVA son dos: mejorar la recaudación y ampliar la base tributaria. Un mayor control sobre las facturas de un sector tan dinámico como el agrícola le va a permitir al Gobierno disminuir la evasión fiscal de más del 4% del PIB y recaudar de servicios profesionales como abogados, arquitectos, médicos que antes no pagaban impuestos; además de gravar plataformas de servicios digitales como Netflix. Disminuir la evasión fiscal y ampliar la base no tienen nada de regresivo.

Sí, va a haber un incremento de 1% sobre el precio de la canasta básica, es decir, de un poco más de 900 colones, menos de la mitad de la inflación del año pasado. Pero estos mismos fondos van a ser utilizados por el Gobierno para transferencias a las zonas más rurales de nuestro país, cuyos ingresos dependen en un 37% de subsidios estatales y becas, de acuerdo a la ENAHO del 2017. También, el Gobierno ya aseguró que será devuelto vía régimen de Pensiones No Contributiva.

Oponerse al IVA a la Canasta Básica es oponerse a una recaudación de 0,44% del PIB, que iría directamente a las arcas de un Gobierno que gasta  7,5% del PIB en Educación y 6,6% del PIB en salud, por encima del promedio de 3,4% y 4,5% para América Latina. Este estudio de la UCR señala que el 20% más rico de la población aportaría un 43% de la recaudación del IVA a la canasta básica, mientras que el 20% más pobre menos del 8%.

2) El texto elimina más de ¢250 mil millones al FODESAF, afectando el financiamiento de 28 programas que incluyen AVANCEMOS, los comedores escolares, los CEN-CINAI, IMAS, pensiones del Régimen No Contributivo y Fonabe. 

Ojo aquí que esta mentira es bastante grave. El presupuesto nacional es un monstruo gigante que crece sin cesar, específicamente en el rubro de destinos específicos. Por ley estos destinos tienen que crecer en cierto porcentaje del PIB, por más carente de lógica que parezca la medida. Esta costumbre de elaborar el presupuesto como % del PIB es lo que nos tiene en estos apuros en primer lugar.

Como bien explica la contralora Marta Acosta, esta modificación no recorta presupuestos, sino que brinda mayor flexibilidad al Gobierno para elaborar un presupuesto con base en los ingresos devengados. La diputada del PLN Yorleni León lo explica en simples palabras:

“Eliminar destinos específicos es muy favorable, pues le permitirá al Ejecutivo hacer un mejor manejo de los recursos de los que dispone. Pero también hay una llamada de atención al Ejecutivo para que honre entonces esos compromisos. El énfasis debe quedar en que ese mejor uso de los recursos no signifique el abandono de obligaciones que tiene.  Por ejemplo, en ningún momento se pretende que al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no se le giren los recursos que le corresponden pero, si las finanzas se complican, se le puede restringir un poco a esa institución o a cualquier otra, para atender algo igualmente urgente."

Incluso, el artículo 34 del capítulo IV “Cumplimiento de la Regla Fiscal", dispone que la asignación de dinero para destinos específicos y transferencias corrientes no podrá ser inferior a la del presupuesto vigente.

3)  “La verdad es que maestros y policías son de las poblaciones más afectadas con las medidas de empleo público”.

Aquí la autora simplemente asume que toda la planilla estatal son maestros y policías con salario mínimo. Lo cierto es que el modelo de compensaciones del sector público en Costa Rica está basado en años de experiencia, lo cual ilógicamente hace que un “oficial de seguridad de Servicio Civil 1” recién contratado gane 277 mil colones al mes, mientras que otro simplemente por trabajar más años en esa misma institución gana más de 1 millón de colones mensuales.

Según cifras de la Dirección General de Servicio Civil reveladas en el informe de la Contraloría, durante el 2016 un 99,9% de los funcionarios de las instituciones cubiertas por su régimen recibieron una nota o calificación que les permitió la obtención de la anualidad.

Claramente el sistema de los pluses y anualidades del sector público está generando desigualdad social y debe resolverse de manera pertinente, como así lo intenta la Reforma  Fiscal, por medio de controles a las anualidades, dedicaciones exclusivas y prohibiciones. Como podrán imaginar, ninguna de las propuestas del FA ni los sindicatos toca este rubro.

4)

“Y mientras estos bienes y servicios esenciales pagarían IVA, el uso del espacio publicitario —para uso propio— de las televisoras y radio y los alquileres de los locales de organizaciones religiosas, estarían 100% exentos”.

Aquí la autora intenta confundir. Lo que el proyecto exonera es cuando un canal o emisora hace un espacio publicitario propio, por ejemplo, publicidad del El Chinamo en Teletica… cualquier empresa que quiera pautar va a tener que pagar impuestos por este servicio.

¿Qué propone el Frente Amplio?

Con el proyecto fiscal actual, ya se puede lograr un 76% de lo que proponen Sofía Guillén y los sindicatos. El 24% restante, son las mismas propuestas genéricas y populistas de los restauradores de —por ejemplo— gravar el licor y el tabaco, a pesar de que Hacienda ha repetido reiteradas veces que tomar esa medida simplemente incrementaría el contrabando y no beneficiaría la trazabilidad. Además, por supuesto, de aumentar los impuestos al único sector que genera empleo en nuestro país... las Zonas Francas.

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