Uno de los problemas que agobian a nuestra sociedad es el sobreendeudamiento de los hogares costarricenses, debido a créditos con altas tasas de interés. Miles de personas son condenadas al pago de cuotas desproporcionadas que les impiden tener un nivel de vida razonable. Todo ello porque Costa Rica carece de una ley que establezca límites justos y razonables a las tasas de interés.

Sobreendeudar a los ciudadanos a tasas elevadas es un negocio sumamente lucrativo, pero también hoy es una epidemia que infesta y destruye la vida digna de nuestra sociedad. Vemos créditos con cláusulas leoninas otorgados por el sector financiero, empresa de electrodomésticos, casas de empeño, etc. Por ignorancia o necesidad, las familias suscriben contratos de financiamiento para gastos corrientes y terminan en un estado de esclavitud financiera.

El altísimo rendimiento que genera este tipo de crédito provoca que los entes financieros dirijan los esfuerzos de colocación hacia actividades meramente de gasto y consumo, dejando de lado las actividades productivas. Las consecuencias son una afectación significativa al crecimiento económico del país, la concentración de la riqueza y la creación de una virtual burbuja financiera, pues si las familias tienen un traspié, por inflación o por desempleo, también el sector financiero se puede ver afectado.

Y también este tipo de crédito tiene los tribunales de justicia llenos de casos con enormes costos para la sociedad. Una consultara rápida, muestra que la mayor cantidad de casos que tienen que resolver los tribunales es por asuntos relacionados a este tipo de créditos. Igualmente, el Departamento de Defensa del Consumidor del MEIC está saturado de casos de esta índole.

Otro factor a tomar en cuenta es que las familias sobreendeudadas caen en morosidad, y el que cae en morosidad en este país por más de noventa días queda prácticamente proscrito por cuatro años, ante los registros del Centro de Información Crediticia de la Sugef y las diferentes bases de datos que con este fin se promueven desde el sector privado, señalado como sujeto con problemas financieros, sin poder acceder a crédito para vivienda o adquisición de otros activos.

El Estado costarricense está obligado a velar por las sanas relaciones que deben mantener los diferentes sectores. En particular, desde la Asamblea Legislativa tenemos la necesidad de legislar sobre la tasa de interés máxima que debe existir en Costa Rica. Al igual que muchos países desarrollados, nosotros debemos aprobar una ley para defender a nuestras familias de esos abusos con los créditos.

Por ello, presenté a la corriente legislativa un proyecto de ley para regular las operaciones crediticias. La iniciativa crea una Tasa Anual Equivalente (TAE) como nivel máximo de interés de las operaciones crediticias. La TAE no podrá ser superior a 25 puntos porcentuales de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central.

Con esa iniciativa, se acabarán los abusos las tasas de interés de operaciones crediticias, que en algunos casos superan el 200%. Además, defenderemos a nuestros hogares de la usura y agio, actividades que están penalizadas tanto en el Código Penal como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que son carentes de aplicación por falta de una ley que señale una tasa de interés máxima a partir de la cual se establezca el delito.

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