Luego de algunos minutos editando este texto me pregunto, ¿cómo rayos voy a explicar esta entrevista? Esta semana nos convoca la industria atunera en mares costarricenses.

La entrevista la hice hace varias semanas, pero por condiciones apremiantes, como la situación fiscal del país, había quedado rezagada. Sin embargo, no quería simplemente archivarla y sacarla cuando lo urgente deje de apretar. Si bien puede que el tema atunero no sea considerado por muchos como urgente, es importante. Muy importante.

Y en la precaria condición fiscal que vivimos, el país debería sacar mejor provecho de sus recursos naturales y, ¿por qué no? poner en el tablero tributario a esta millonaria industria.

El tema es técnico pero a la vez apasionante, por dos razones. La primera es que, hay que poner cabeza para entender las implicaciones de la pesca de atún —y su desafortunada historia— en Costa Rica. Y, la segunda es que hay que estar pilas para captar dónde es que el propio sistema falla en detrimento público.

Por tanto, antes de comenzar con el texto le sugiero que saque el ratito. El tecnicismo propio del asunto puede ocasionar que leer-entre-líneas le haga patinar en la comprensión de fondo: como las autoridades parecen ciegos delante de intereses particulares.

***

Es temprano y me siento a tomar un café con José Antonio Chaves, abogado especialmente interesado en el tema ambiental, atunero para ser precisa. Es un hombre de contextura media, su piel es blanca y su cabello claro.

Chaves usa anteojos de pasta color marrón y su saco es de cuadritos. Habla velozmente y se nota que la cantidad de información que desea ofrecer en 45 minutos es mayor al tiempo que tenemos.

Desde el 2015 se interesó en investigar sobre pesca atunera en Costa Rica y los hallazgos que obtuvo le hicieron tomar la causa como personal.

La industria atunera en Costa Rica envuelve de dos cosas: una legislación para sentarse a llorar y tecnicismos de dimensiones apocalípticas.

Puede que por lo anterior, el tema resulta desesperante y cansado. Esto sin mencionar que desde hace 15 años los titulares al respecto son los mismos: “Costa Rica regala su recurso pesquero”.

Y por eso, para comprender la magnitud de la “fuga” de recursos ponemos en contexto lo que la UNA expuso en su revista digital CAMPUS, en la edición de abril 2017.

En términos ilustrativos se podría decir que, si una compañía vende una tonelada de atún empacado en lata, podría generar hasta $2.000 de utilidad, mientras que si lo vende en filete, el precio podría subir hasta los $5.000 por tonelada. En ambos escenarios, el país solo recibe $19 por tonelada

Esta realidad, que parece no importarle demasiado a las autoridades, llevó a José Antonio Chaves a conversar con el diputado, y también abogado, José María Villalta para entablar una demanda contra el Estado costarricense.

“Ya el juicio pasó (setiembre 2018) y hay una sentencia, no está en el firme pero igual no me parece que los alcances vayan a cambiar. Estoy esperando que la procuraduría no lo apele”.

A título personal, José María Villalta se “compró el pleito político” y demandó al Estado (Poder Ejecutivo e Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y Ministerio de Obras Públicas y Transporte). La demanda reclama:

Conductas activas y omisivas absolutamente ilegales del Estado costarricense en la regulación de la pesca del atún en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica y el manejo de la cuota de acarreo de la CIAT (Comisión Interamericana de Atún Tropical ), que lesionan severamente la Hacienda Pública, el Patrimonio Nacional y ponen en peligro la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales

La solicitud de Villalta al Tribunal Contencioso, consta de 122 páginas y una las cuestiones que expone es la tarifa del canon que cobra el Estado a las embarcaciones atuneras extranjeras.

Cada embarcación de red de cerco (redes para capturar especies cuya costumbre es nadar formando densos cardúmenes o bancos de peces, como el atún) paga, desde hace más de 20 años, USD $54 por la licencia para pescar, según la demanda.

Dicha tarifa se paga sin distingo en cuanto a la capacidad del barco para cargar atún, cuestión que dicho sea de paso Costa Rica calcula de manera ambigua, pues el parámetro que usa es la Tonelada Neta de Registro (TNR), “la cual no guarda relación con la capacidad real de pesca”.

Esto porque la TNR (también conocida como Tonelada Moorson) calcula volumen y no masa. Es decir, una TNR no equivale a una tonelada de peso, sino que en una Tonelada Moorson caben 2.83 toneladas métricas.

En otras palabras, explica Chaves, “el barco paga UDS $54, por una TNR, sin embargo, carga casi 3 toneladas de pescado de nuestras aguas”. Pero, eso no es todo, porque aunque el canon está fijado en 54 dólares, en realidad solo se cobran 19 dólares.

Los anteriores dos reclamos, cambiar cómo se calcula la tonelada y el canon, fueron otorgados en la sentencia.

“A mi criterio, tuvimos un procurador difícil (Lic. Jorge Oviedo Alvarez), por ejemplo, al juicio nosotros llevamos a Shigeru Kobayashi, único ingeniero pesquero que vive aquí [Costa Rica] desde hace 25 años, para explicar el tema de la tonelada, y cómo funciona su cálculo.

Al principio, el procurador se opuso porque dijo que el ingeniero pesquero no está inscrito en el Colegio de Ingenieros, ¡pero bueno! es obvio, en este país no hay una especialidad de ingeniería pesquera, y el Colegio de Ingenieros responde a otras especialidades de la ingeniería, como la civil.

En determinado momento le dijeron que no había cómo inscribirlo y por tanto la prueba era válida. Él volvió a replicar que no era válida, y en el juicio y lo primero que dijo fue que no estaba de acuerdo con llevar a Kobayashi”.

Pese a la insistencia del procurador, “en la sentencia viene un capítulo donde se indica que valoran mucho el aporte de Shigeru”, agrega José Antonio.

UNA ENTREVISTA, UNA PREGUNTA

Empecemos por el principio (obvio). Me gustaría un breve contexto de cómo se describe usted, quién es y de dónde viene su interés por ser abogado ambientalista, ¿por qué se le está metiendo al tren de las atuneras?

—Bueno, yo me formé como abogado después de muchos años, porque primero me formé como sociólogo. Trabajé muchos años con grupos populares de este país, trabajé con Alforja [centro de estudios de educación popular] y en otros proyectos centroamericanos; y desarrollando procesos comunitarios.

Después del 2005 se me ocurrió estudiar Derecho. Sin embargo, antes de graduarme empecé a trabajar en una organización que se llama Fecop, Federación Costarricense de Pesca.

En realidad nosotros la armamos, porque cuando yo ingresé no existía como tal, sino que la armamos poco a poco. Me correspondió realizar la parte de planificación estratégica y luego me metí en el tema de investigación, que es de sumo interés para mí, sobre todo desde el punto de vista legal.

Fecop es una organización que en principio fue financiada por un “pescador norteamericano de apellido Jones”, según Chaves. Sin embargo, desde que lo despidieron (a Chaves), la Federación perdió la práctica de investigar y denunciar públicamente sobre supuestos malos manejos de pesca atunera en el país.

De hecho la página web de Fecop ya no existe bajo el dominio original y más bien redirecciona a la página fishcostarica.org. Todo lo que estaba colgado en ella se perdió, en cuenta una investigación que hicieron Priscilla Cubero y David Martínez en 2013. 

Titulada Análisis de la Pesquería de Atún en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, los investigadores determinaron una serie de “aparentes ilegalidades”, como métodos de pesca no permitidos para capturar el atún y que, entre 2002 y 2011 solamente el 15% del atún pescado en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Costa Rica fue desembarcado en puertos nacionales.

“¿Por qué sucede esto? fue mi pregunta y ahí empezó otra investigación que se llama el Manejo Institucional del Recurso Atún [Chaves la hizo cuando aún trabajaba en Fecop]. Esta investigación es la antesala de la demanda al Estado dirigida por Villalta.

Con esta investigación tenía previsto entrevistas pero todo mundo me pateaba la bola, unos me decían que era el MAG, otros que el MOPT.

¿Qué tiene que ver el Mopt aquí?

—Eso es como el chiquillo que se jaló la torta y señala la hermanillo que no está. En el Mopt responden por medir los barcos, pero Incopesca sabrá que hacer con esa medida, según me dijeron.

Entonces uno le tiraba la pelota al otro; pero en medio de todo eso, hay un grupo de gente que ha manejado negligentemente nuestro recurso pesquero. Hay quienes han sido juez y parte".

Juez y parte. Hay un nombre que resuena:  Asdrúbal Vázquez Núñez, ex directivo de Incopesca.  Según dos perfiles de LinkedIn (sabrá Dios por qué tiene dos perfiles), fue director de la Cámara Nacional de Industria Atunera y también director institucional en Alimentos Prosalud, S.A (empresa dueña de las marcas Sardimar, Tesoro del Mar, Pacífico Azul, entre otras). Además, en la demanda y sentencia presentadas su nombre también aparece:

Por oficio del 23 de octubre del 2014, el señor Tomás Gilmore M. de la Cámara Costarricense de la Industria Atunera, le informa al señor Ministro de Agricultura que no se debe suspender al señor  Vásquez Núñez del puesto de Comisionado ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical, debido a  que actualmente no es representante legal de barcos atuneros de bandera extranjera, pero que por varios años fue representante de la empresa atunera Txopituna ante el MAG por una concesión de        capacidad de arreo otorgada por Alimentos Pro Salud S.A. anteriormente Sardimar S.A.

En el interín de nuestro café, ya casi frío, José Antonio me cuenta que de Fecop lo despidieron en 2011.

¿Qué me gano yo en este proceso?, me pregunta Cháves, refiriéndose al juicio que ganó contra el Estado junto a Villalta. Nada, se contesta a sí mismo.

“A mí me parece que en Costa Rica ha habido un manejo institucional oscuro. Y, aunque el Contencioso no lo determinó así, al menos logramos desarmar el argumento de que no es un manejo negligente, porque sí lo es”, agrega. 

Ahora, ¿qué le corresponde arreglar a Incopesca, según la sentencia?

—Más que el proceso del reglamento, la sentencia establece que la que la Zona Económica Exclusiva está prohibida para los grandes barcos. Se declara ilegal el uso de la Tonelada Moorson como medida para fijar los cánones y que se realicen estudios científicos sobre el recurso atunero nacional antes de brindar licencias de pesca, entre otras.

Aunque Incopesca tiene a Moisés Mug como actual presidente, esta institución no se salva de lo que le sucede a muchas otras instituciones públicas, los mandos medios, en esencia, tienen mayor poder que su jerarca. Entonces que él esté ahí no garantiza que tenga la posibilidad de dirigir de la mejor manera las políticas referentes al recurso pesquero”.

A mi entender, y por la cautela con la que habla José Antonio, es evidente que las grandes atuneras aparentemente tienen mayor poder que la misma institucionalidad.

En la mesa, aparte de nuestras tazas de café hay un par de folletos que carga el abogado, uno de ellos es el informe de MarViva, donde queda al descubierto que la mayoría de embarcaciones extranjeras es capaz de extender toda su red por 2 km en la superficie y 200 m de profundidad.

Wow ¡Qué montón de pescado!

—Si, puede pescar 500 toneladas.

UN CIUDADANO, UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Lo que no me ha quedado claro aún es de donde sale su interés por este tema en específico.

—Sí. Vea, estando en Fecop me metí en el tema pesquero, nosotros éramos una organización dedicada a la pesca turística entonces hay datos interesantes, por ejemplo en este país vienen a pescar alrededor de 150,000 personas, solo en pesca turística al año. Es gente que viene ya sea en un botecito o hasta en un yate, es decir, es gente de perfil adinerado.

Entonces, estando en Fecop, me di cuenta que la pesca es un recurso muy valioso y que en este país se está desperdiciando para las zonas locales; se está quedando para las flotas extranjeras, eso todos lo saben. De ahí viene mi interés por el tema.

Si nosotros [Costa Rica] dotamos a la flota nacional con una serie de equipamientos como artes greenstick [método de pesca amigable con el ambiente] ellos (los pescadores) pasarían de estar regalando el pescado de 1.000 colones, a vender atún hasta en 5.000 colones.

Los números [cálculos] que hicimos dicen que la flota costarricense se pudo haber transformado desde hace 8 años, y podría haber estado tenido mejor ganancia. Eso lo hemos planteamos y re-planteado y nunca nos dieron pelota.

Entonces respondiendo a su pregunta de por qué estoy comprometido con esto, bueno, yo creo que hay una transformación económica y social posible, que nadie quiere ver en una zona que siempre se dice  'es vulnerable por falta de empleo'. Nos creemos el cuento de que Puntarenas es pobre.

Entonces si sacamos a los atuneros de la costa, los locales podrían dedicarse a pescar atún de orilla, que se pesca con caña y el producto sería sumamente valioso.

Esto es como un rompecabezas de la zona, es como un dominó. No se trata de que los grandes atuneros no pesquen, es que podrían pescar en las zonas más alejadas bajo licencia y controlados.

Pero acá, que es la zona más artesanal, se podría hacer pesca con greenstick, porque el atún no es una lata, el atún es un manjar y el atún se vende solo.

¿Y lo del juicio?

—Luego de que supe que nos iban a despedir [de Fecop] y luego de invertir mucho tiempo en investigación, me planteé que esto iba para Contencioso porque es la única instancia en la que se podía resolver.

Es decir yo podía llevar esto técnicamente, pero no políticamente, por eso antes de que me me despidieran le pregunté a Villalta que si él lo podía llevar el proceso legal. Para tal efecto el pago fue simbólico y él aceptó. Entonces a nivel político él fue el que se compró el asunto.

¿Cuál es el costo de llevar este proceso?

—Tiempo. Básicamente nosotros en la investigación tardamos casi año y medio, no a tiempo completo claramente. Pero lleva su tiempo. Además, es tiempo de personas calificadas porque tienen que saber del tema.

Pero un abogado, ¿cuánto hubiera cobrado un abogado?

—Diría que en la calle este proceso más o menos anda, por lo menos, en unos USD $20.000. Obviamente Villalta ni cobró eso, ni se lo pagamos (rie).

Y realmente hay que reconocer que él hizo un extraordinario trabajo. Yo estoy muy satisfecho porque el resultado habla por sí solo. Cuando nos llegó la sentencia él me llamó y me preguntó que qué me había parecido y aunque si bien es cierto yo esperaba mucho más de la sentencia, lo importante es que tenemos lo básico y ahora estamos esperando que quede en firme.

Don José Antonio pero siendo un poco la abogada del diablo, ¿no piensa usted que Incopesca es una institución que le faltan recursos?, o a su juicio ¿qué es lo que está pasando?

—Incopesca. ¿Por dónde empiezo? Vea aquí en Costa Rica entran 150 mil personas a pescar al año, pesca deportiva. Esa gente sabe que para pescar en Costa Rica necesita un carné, una licencia. Eso todo mundo lo sabe.

Hace siete años, junto al ICT, nosotros le ofrecimos [a Incopesca] un software financiado para que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, que google-e “sport fishing”, le aparezca un primer resultado que diga “venga a Costa Rica”.

Si la persona se metió ahí, el sistema automáticamente lo va a seguir, es un poco lo que hace Amazon, que usted se mete y quiere comprar algo, en todas las páginas siguientes que usted visita le sigue apareciendo el anuncio.

Este software se puede traducir en ganancias para Costa Rica, que todas esas personas que pagaron $20 por licencia, estamos hablando de $3.000.000 al año en Costa Rica. Y nosotros solamente lo estamos poniendo a disposición de las autoridades, el ICT lo va a financiar sin embargo Incopesca ha puesto muchas trabas. Entonces no sé si problemas de recursos...

Nos dijeron que fuéramos hablar con las personas encargadas de la oficina de informática, entonces fuimos a hablar ellas y nos contestaron que ya ellos tienen la página de Incopesca [en la que se solicita la licencia].

Segundo punto: atún. Hay un 10% de cánones derivados de la pesca de atún que van para Incopesca, sin embargo yo me pregunto ¿qué está haciendo Incopesca con ese 10% que se deja de las atuneras?

Pareciera que están en contra de todas las reformas que estamos proponiendo para fortalecer y mejorar a Incopesca, porque entre menos recursos haya para controlar y para que sea una mejor institución, hay más espacio para el desorden de licencias”.

Respecto al punto que menciona José Antonio, existe una estudio de Olman Bonilla, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, de la UNA, sobre cómo, en términos económicos, el mal manejo de la pesca de atún en Costa Rica nos cuesta millones de dólares al año:

La captura de atún en los mares jurisdiccionales de Costa Rica le genera a la flota internacional ingresos superiores a los $50 millones por año, contra $904 mil que éstas pagan al estado costarricense por licencias y otros rubros

Muchas veces, el argumento que se utiliza [para ceder el recurso pesquero] es que si el país no está en capacidad para pescar todo el recurso, debemos entregárselo a quienes sí puedan, y eso en parte es cierto, pero antes de ceder, se debe garantizar el beneficio para Costa Rica, y esto no está sucediendo.

Entonces, ¿porqué estoy en esto? porque ha descubierto cosas que me parecen importantes de compartir. Uno no se puede quedar con esa información, tiene que canalizarla de alguna manera.

***

José Antonio Chaves canalizó por la vía legal sus inquietudes y disconformidades. A vista y paciencia de las autoridades el negligente manejo de recursos pesqueros detonó en un Contencioso; junto a las peticiones de la sentencia podría venir la transformación social que tanto esperamos de las zonas costeras del Pacífico.

¿Tiene usted alguna información qué canalizar? [email protected] ¡Gracias por leer!