— La Nación reveló que el Ministerio Público indaga a la cúpula de la Corte por el supuesto delito de administración en provecho propio. Esto en tanto, como bien recordarán ustedes —lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones— los magistrados aprobaron pluses para los más altos funcionarios del Poder Judicial (46 cargos, incluyéndoles) que se tradujeron en aumentos del 26% al 96% entre 2008 y 2010.

— Así las cosas la Fiscalía investiga a nueve magistrados y nueve exmagistrados por haber aprobado el beneficio que ya había dado de que hablar varias veces antes. La oficina de prensa del MP no ha brindado la identidad del denunciante a razón del cual se abrió la investigación y dado que mi buena amiga Silvia Arce no me ha escrito podríamos asumir que esta vez no es ella (anda Silvia, sacanos de la duda).

— Como recordarán Silvia —junto a Armando Elizando— presentó una acción de inconstitucionalidad precisamente contra ese aumento. Ya en junio les hablamos largo y tendido del tango que se tiene la Sala Constitucional con este tema pues no termina de resolverlo.

— ¿Quiénes son los denunciados? Arranquemos por los que todavía conservan el puesto:

  1. Sala I: Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Carmenmaría Escoto Fernández y Román Solís Zelaya.
  2. Sala II: Eva Camacho Vargas, Orlando Aguirre Gómez y Julia Varela Araya.
  3. Sala III: Jesús Ramírez Quirós.
  4. Sala Constitucional: Fernando Castillo Víquez y José Paulino Hernández Gutiérrez.

— La lista de los que ya han partido de la Corte es igual de extensa:

  1. Sala II: Rolando Vega Robert.
  2. Sala III: José Manuel Arroyo Gutiérrez, Carlos Chinchilla Sandí, Magda Pereira Villalobos y Alfonso Chaves Ramírez.
  3. Sala Constitucional:Ana Virginia Calzada Miranda, Ernesto Jinesta Lobo, Gilbert Armijo Sancho y Adrián Vargas Benavides.

— Como bien acota La Nación no todos los 18 denunciados participaron en las dos votaciones (2008, 2010), algunos solo apoyaron uno de los dos ajustes. El dato clave que da el periódico es que entre el 2008 y 2017 el pago de ese plus le costó a la Corte más de ¢2.000 millones.

— La discusión, desde un punto de vista legal, se las trae, pues algunos de los magistrados consultados por LN aseguran que tanto la Procuraduría General de la República como la Contraloría General de la República (CGR, órgano fiscalizador) no señalaron ningún impedimento para hacer los ajustes en aquel entonces.

— La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sanciona con prisión de uno a ocho años al funcionario que “participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo”. Quizá eso explique por qué el exdiputado Ottón Solís, en su momento, describió el gesto como “un acto deplorable”.

— En alguno de los correos que me escribió Silvia, me compartía la angustia que tenía de que la propia Sala resolviera su acción de inconstitucionalidad porque “Lo que nos parece a lo interno del Poder Judicial, es que esto es un terrible precedente, porque entonces los mismos magistrados van a tener un privilegio único en el mundo: juzgarse a si mismos”.

— Lo ameno del asunto es que, según las explicaciones de los magistrados publicadas en La Nación tanto la CGR como la PGR les dejaron saber años atrás que tienen otro privilegio excepcional: legislar en beneficio propio. #AsíEstamos.

Bonus track: En CR Hoy, Abren celulares y computadoras decomisadas a Otto Guevara y Víctor Morales Zapata.

Esta nota es parte del Reporte: ¿Renta para las cooperativas? Fumamos la pipa de la paz con Juan Carlos Hidalgo y la diputada Laura Guido