El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este viernes, en primer debate, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tramitada en el expediente 20.580, pese a los movimientos de protesta dentro y fuera del Congreso.

Luego de que ayer finalizara la votación de las mociones de reiteración, los diputados dedicaron una sesión extraordinaria para discutir por el fondo el proyecto y luego votarlo.

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Pese a que cada legislador tenía 10 minutos para hacer uso de la palabra, solo 20 se apuntaron y defendieron su voto negativo a la propuesta.

La iniciativa recibió el respaldo de 35 votos de los diputados de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Otto Roberto Vargas del Partido Republicano y el independiente Erick Rodríguez.

En contraparte, las bancadas de Restauración Nacional, Frente Amplio, Integración Nacional, Dragos Dolanescu del Partido Republicano, Franggi Nicolás y Paola Valladares de Liberación Nacional, votaron en contra, sumando en total 22 votos.

El proyecto será enviado ahora a consulta a diversas instituciones, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. Esta institución tendrá en sus manos el futuro del plan fiscal, pues si su criterio es negativo, el Congreso necesitará 38 votos para aprobarlo y se traerá abajo el trámite rápido que ha tenido hasta ahora, aunque cabe la posibilidad de que repita lo actuado cuando reformó el régimen de pensiones del Poder Judicial que, teniendo opinión negativa de la Corte, se aprobó con menos de 38 legisladores a favor y la Sala IV lo refrendó.

Previo a la discusión y votación, el Plenario deliberó sobre eventuales vicios de procedimiento, dado que el proyecto no ha sido publicado ni enviado a consulta en su versión actual. Tras leer una resolución que recordaba sentencias previas de la Sala Constitucional, la Presidenta legislativa, Carolina Hidalgo señaló que no había errores procesales y que por ende, el Pleno podía pasar a discutir el proyecto.

Para blindar esa resolución, el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides presentó una apelación en amicus curiae que fue rechazada por 38 diputados (PLN, PAC, PUSC) y respaldada por 17 (RN, FA, PIN y otros). Aunque las apelaciones generalmente tienen la intención de que el Pleno rechace una medida adoptada por  la presidencia, en este caso se usó para apoyarla.

Dato D+: Si la apelación era aprobada, la Presidenta se habría visto obligada a enviar a consultar y publicar el texto, antes de aprobarse en primer debate.

El jefe de la bancada mayoritaria en el Congreso señaló que en numerosas ocasiones los proyectos de ley se mandan a consultar y publicar hasta después de su aprobación en primer debate, cosa que no se traduce en ningún vicio de procedimiento que pueda causar su anulatoria en la Sala IV.