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La reforma fiscal se ha convertido en el tema central de la agenda costarricense, desde los esfuerzos del Gobierno por llevar a cabo su propuesta, hasta la declaratoria de huelga indefinida por parte de los grupos sindicales.

En las aulas universitarias se viene discutiendo desde hace años  —y debe servir como reflexión para su acción sustantiva— el hecho que el debate público sea tan pobre en conceptos y tan poco claro en las propuestas. Hay que decir, sin embargo, que esto también se debe, por un lado, al papel que han jugado los medios de comunicación, y por otro, y a la acción deliberada de ciertos grupos económicos que se verían beneficiados ante un descalabro fiscal de nuestro país.  A estos grupos económicos hay que identificarlos como los enemigos públicos de cualquier reforma fiscal.

Para entender de qué tipo de grupos de presión estamos hablando hay que preguntarnos, ¿quién podría verse beneficiado de que el Estado deba privatizar las empresas que tiene y deje de brindar algunos de los servicios públicos que actualmente ofrece?

Recientemente la prensa escrita ha rescatado la trágica experiencia de la crisis de 1981, y no ha omitido señalar que parte de las obligadas reformas que exigió el FMI fue la privatización de empresas públicas, y el recorte de servicios públicos como educación y salud.  No es casual que precisamente el despunte de la educación privada y la salud privada se haya dado luego de las reformas de los 80. Como señala el historiador Ivan Molina "El rápido desarrollo de un sector universitario privado fue resultado principalmente de que las universidades estatales enfrentaron el desfinanciamiento con una política dirigida a estancar o reducir el número de estudiantes atendidos".

Así, los potenciales compradores del INS, del ICE, de la CCSS, de los bancos públicos, de Recope, del AyA, han seguido la estrategia de desgastar los mecanismos de diálogo y consenso para que suceda lo que hoy parece inminente: una paralización de cualquier acuerdo fiscal que conduzca a una crisis de financiamiento del Estado, cuya solución sea, como en otros países, el remate de empresas públicas a precios ridículos, así como el recorte de servicios públicos cuya prestación pase a manos privadas... las suyas.

¿Y quiénes tienen suficiente dinero como para comprar empresas públicas tan grandes? Los mismos que tienen dinero para mover sus capitales a paraísos fiscales,  para contratar enormes compañías defraudadoras como Mossak Fonseca, los mismos que nos hablan de "no más impuestos" sin aclarar si se trata de impuestos a las ganancias de sus empresas (directos) o al consumo de todos los ciudadanos (indirectos), y hacen parecer toda reforma fiscal como una violación de las libertades civiles, y no como un instrumento socialdemócrata para una repartición más equitativa de la riqueza, derecho garantizado constitucionalmente (artículo 50).

Los niveles de confrontación social siguen subiendo y el gobierno se ha mostrado incapaz de neutralizar a quienes buscan evitar todo diálogo, y más importante aún, a los que buscan impedir cualquier acuerdo fiscal, regresivo o progresivo. No hacer una reforma fiscal es la peor salida al conflicto y por eso no podemos permitir que esos saboteadores se salgan con la suya mientras los ciudadanos de a pie nos enfrascamos en una batalla entre nosotros con posiciones intransigentes.