Uno a Uno

Sebastian May Grosser

Las reformas a los regímenes de pensiones: entrevista con Sandra Piszk

24 de septiembre, 2018 4:13 pm
Las reformas a los regímenes de pensiones: entrevista con Sandra Piszk
Foto: Facebook Sandra Piszk

Durante la pasada gestión legislativa se aprobaron 5 leyes relacionadas al tema de las pensiones de lujo en el país.

La aprobación de los documentos fue relativamente rápida para los tiempos legislativos —rondaron los 2 años—, reflejo del consenso que existía en torno a la necesidad de entrarle al tema de los regímenes de pensiones.

Sin embargo, en la opinión pública el tema de los pensionados de lujo se mantiene presente y en medio de las discusiones de la reforma fiscal es uno de los principales argumentos de protesta que se oye en la calle y se ve en pancartas.

Para conocer de primera mano cómo fue el proceso para aprobar esas reformas, qué fue lo que se logró, cuáles son las limitaciones que existen, así como los temas que quedaron pendientes conversamos con la exdiputada Sandra Piszk,  una de las legisladoras que en el periodo pasado presentó varios de los proyectos que terminaron siendo aprobados en la materia.

***

¿Por qué se tomó la decisión de entrarle al tema de pensiones durante el pasado periodo legislativo?

— En mi caso personal yo estaba muy clara de que había un problema serio en esa materia. Yo había estado en el ministerio de Trabajo y si bien en ese momento no se había podido hacer mucha cosa al respecto cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa sí tenía muy claro que había una serie de leyes que se habían aprobado años atrás y que era necesario reformarlas.

Además, evidentemente ya estábamos muy conscientes del problema de carácter fiscal que tenía el país y creo que eso vino a abonar una conciencia clara entre varias fracciones en torno al tema. Yo metí varias de las leyes muy al inicio de mi gestión y uno podría decir que se aprobaron rápido, pero pasaron más o menos 2 años.

Es importante rescatar que ya en el 96 se había aprobado una ley que impedía que los diputados se pensionaran inmediatamente después de que salieran de la Asamblea Legislativa… Es muy lamentable que la gente siga creyendo que los diputados nos podemos pensionar saliendo de la Asamblea cuando eso derogó desde el 96 porque aquello de las pensiones juveniles era desastroso.

* La ley 7.605 de 1996 que menciona la exdiputada eliminó el beneficio de pensiones a los diputados cuando finalizan su gestión legislativa. Aunque han pasado más de 20 años desde la eliminación de ese privilegio pareciera seguir habitando en el imaginario costarricense. *

Entonces llegamos a la Asamblea Legislativa está vez y empezamos a analizar cuáles eran las principales leyes que sostenían el sistema de pensiones de lujo, porque lo cierto es que todo era legal. Lo que pasa es que eran leyes que no tenían ninguna razón de ser. Comenzamos con el tema del 30% que se le pagaba a los exdiputados de antes del 92. Usted recuerda que en el 92 hubo una reforma grande y que se unificaron todos los regímenes, con excepción del Magisterio. Pero quedaron una serie de leyes vigentes, una de ellas era la revalorización del 30%. Entonces cuando nosotros empezamos a ver pensiones muy altas, nos damos cuenta de que una de ellas es esa posibilidad de revalorización del 30% que tenían los exdiputados de antes del 92. Creo que el primer proyecto que yo metí fue ese del 30%.

Pero ahí también nos enteramos de que existía la posibilidad de que las hijas e hijos tuvieran una pensión vitalicia. Y ahí hay algo si se quiere, anecdótico, porque inicialmente eran solamente las hijas, las que podían mantener su pensión de por vida, totalmente contrario a lo que existía en el régimen del IVM, y nos damos cuenta de que ahí lo que sucedió fue que inicialmente eran solamente las hijas, pero una persona, un señor, puso un recurso de amparo y la Sala Constitucional en vez de quitar lo de las hijas incluyó a los hombres también. Entonces empieza uno a darse cuenta de por qué había un montón de gente que sencillamente no se casaba y era para mantener esa pensión vitalicia. Eso se elimina en esa misma ley.

El segundo proyecto tiene que ver con la contribución obligatoria, la contribución obligatoria estaba entre un 7 y un 9%, sin embargo, el Poder Ejecutivo, desde hace mucho tiempo, lo había establecido en un 9% parejo, lo que a todas luces era muy injusto porque pagaban todos igual, entonces la ley que se aprueba es la que establece un rango entre 7 y 16%, evidentemente haciendo un escalonamiento a más pensión más alta la contribución obligatoria.  Y ahí se aprovecha para exonerar de esa contribución a las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos.

¿Qué es como medio millón?

— Más o menos medio millón, bueno y evidentemente ahí teníamos un asunto de justicia, porque no tenía ninguna lógica que pagaran lo mismo que estaban pagando los que estaban ganando más.

La tercera es una que se presenta en conjunto. En honor a la verdad yo presenté algunas pero también otras fracciones presentaron otras, lo interesante de esto es que hubo una coincidencia de trabajarlas conjuntamente. Hay un proyecto que presentó el Frente Amplio en el que yo participe también, que era el establecimiento de una contribución solidaria que iba entre 25 y 75%. Ahí hubo un poco de controversia porque estaba clarísimo que aplicar un monto tan alto iba a volverlas confiscatorias y entonces se aprobó así 25-75% para pensiones más allá de 2 millones y medio, pero se puso una coletilla que decía siempre y cuando no sean confiscatorias.

Ahí es donde hay un gran error por parte de la gente, la gente dice “¿por qué es que sigue habiendo pensiones de lujo?” Bueno, es porque si uno le aplica a una pensión, póngale de 10 millones de colones, una contribución solidaria de 75% se le está reduciendo más de un 55% la pensión y eso es prohibido por convenios de la OIT.

Aunque la ley haya quedado así no se puede aplicar en su totalidad por convenios de carácter internacional. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice ‘es que hay que hacerlo’, bueno si se decide romper con los acuerdos de la OIT, se hace, pero se caía en el riesgo de que entonces la Sala las rechazara y terminara por anular la ley y entonces echáramos todo para atrás.

* Sandra hace referencia al Convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo que estable del aludido límite a la rebaja que se le puede aplicar a una pensión. Si bien Costa Rica no ha ratificado dicho convenio, la Sala Constitucional, en su sentencia 7498-00, ha definido que existe una vigencia y aplicabilidad inmediata y directa de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el país, sin necesidad de aprobación previa. *

El cuarto proyecto era uno que presentó el Ejecutivo que resolvía unos problemas de forma.

Calculamos en ese momento que esas cuatro leyes podían alcanzar una reducción de 21.000 millones de colones, por supuesto que no son recuperables inmediatamente, de hecho al día de hoy se calcula que se han recuperado alrededor de 11.000 millones. Pero en el momento en que entra todo eso en vigencia, evidentemente tiene una recuperación más grande.

La quinta es la del Poder Judicial. Esa se basa en un estudio que el mismo Poder Judicial le pide a la Universidad de Costa Rica…

¿El estudio actuarial?

El famoso estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica. Yo había presentado una ley sobre el Poder Judicial, la Unidad había presentado otra, sino me equivoco Mario Redondo también. Y lo cierto es que al final se metieron todas en un solo expediente, el famoso expediente 19.922.

Ahí en términos cuantitativos lo que se adoptó como base fue exactamente lo que la Universidad de Costa Rica nos indicaba, para ese entonces el hueco que había o que se preveía era de 5.3 billones de colones. Se esperaba a muy corto plazo empezar a utilizar reservas… por supuesto, como todo mudo sabe, ahí hubo problemas muy serios de oposición y yo reconozco que ahí el problema estaba siendo ocasionado por básicamente 40 y pico de pensiones altísimas. Los números en este momento no los tengo presentes, pero había alrededor de un 65% de personas que tenían pensiones de menos de 1.5 millones, después otro pequeño grupo que ganaba entre 1 y 5 millones, y otro de alrededor de un 3% que tenía pensiones más allá de 5 millones.

Ahí finalmente se logró avanzar, con un costo alto, claro, desde el punto de vista del conflicto que se tuvo… Aparte de lo que la Universidad de Costa Rica había indicado —que tenía que ver con un tope de 4.5 millones, que no se pudieran ir con el 100% de la pensión, etc.— se hicieron algunas modificaciones de fondo, que a mi parece que eran muy importantes como sacar a la Corte del manejo del Fondo de Pensiones.

Ahí también hubo una negociación importante porque en algún momento se había sacado totalmente y se había acordado meter gente de afuera, pero al final se acordó que participara gente de la Corte, representación de los trabajadores, que ellos decidieran entre ellos, y con una estructura evidentemente mucho más técnica de lo que venía siendo en ese momento. Entonces me parece que cualitativamente también se logró aportar algo importante al régimen de pensiones del Poder Judicial.

Mientras escucho a la exdiputada recuerdo que recientemente en Corte Plena estaban discutiendo precisamente ese tema de la conformación de la Junta que va a manejar el fondo, y estaban diciendo que por como se redactó la ley no iban a conseguir a nadie que se apuntara a manejarlo. Me refiero a la discusión en Corte Plena del 20 de agosto, durante la cual las y los magistrados de Corte Plena conversaron sobre el reglamento que debían aprobar para la elección de los 6 miembros de Junta que deberá asumir a partir del 22 de noviembre el manejo del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Le preguntó a la exdiputada si ha oido esas quejas de Corte Plena… 

Anteriormente, los magistrados que estaban metidos en eso tampoco tenían un pago extra… a la parte técnica sí se le paga, por supuesto. Hasta donde yo recuerdo, los que no iban a tener salario era los que acudían como Junta Directiva. Pero la parte técnica esos sí. Tan es así, que se previó un porcentaje para cubrir los costos de esa junta, entonces yo realmente no entiendo por qué estaban en ese problema los magistrados“.

Hay muchas cosas que uno no entiende con la Corte. En cuanto a las pensiones… la Sala Constitucional dijo recientemente que iba a resolver las acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo pendientes de ese tema. Le pregunto a doña Sandra: ¿En algún momento cuándo ustedes estaban trabajando el proyecto, tuvieron el temor de que eso se cayera en la Sala?

— Por supuesto, es decir, teníamos el gran temor de que eso se pudiera caer en la Sala porque había sido un proyecto muy largo, muy manoseado. Entonces, especialmente el compañero del Frente Amplio, Jorge Arguedas, aducía que había problemas de forma. Pero bueno, a la hora de las horas, la Sala Constitucional aprobó el proyecto, por supuesto, 4 a 3, pero lo cierto es que pasó….

La verdad es que sí había una gran preocupación, incluso dentro de los mismos diputados que habíamos estado en la comisión, a la hora de trabajar el Plenario, había algunas discrepancias que hubo que discutir. Pero bueno, al final el proyecto pasó y la Sala IV no lo declaró inconstitucional. Bueno, hasta donde tengo entendido, yo no sé a qué se refiere usted con que van a resolver algunas cosas puntuales.

Es que una vez que se aprobó la ley, varios pensionados metieron acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo que están pendientes…

— Claro, que están dando vueltas. Bueno, yo esperaría que sean rechazados, al igual que fueron rechazados los que se pusieron cuando el caso de los exdiputados. Si ellos aprobaron el proyecto en su conjunto no veo yo razón para que cambien de criterio en este momento. Así es que, bueno habrá que esperar a ver que pasa…

Pero digamos, yo no vería que en este momento posible se vengan abajo o que sean aceptados [los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad]… pero uno nunca sabe y habrá que esperar. Siempre dijimos que el sistema de pensiones de la Corte era el más inequitativo de todos. El más injusto de todos, yo tengo claro que la Corte debe ser absolutamente independiente, que constituye la columna vertebral de nuestra democracia… no se le podía pedir a los magistrados o al personal que se les rebajara demasiado, tan es así que en el caso de ellos el tope es 4.5 millones, es prácticamente el doble de lo que es el del resto de la gente. Pero claro, es que ahí hubo mucho problema, ahí se habían autorecetado unos salarios y unas pensiones muy altas.

La gente no se da cuenta que al haber tantos pluses, todos esos pluses repercuten en la pensión, que es lo que pasa con las universidades. Las pensiones de los catedráticos universitarios son sino tan altas, más o menos igual de altas que la de la Corte…

Sandra se refiere a la noticia reciente de que 1 de cada 2 pensionados de lujo proviene de las universidades públicas y que existen 34 catedráticos con pensiones más altas que la pensión más alta del Poder Judicial.

Ahí hay un tema interesante, primero el hecho de que tengan tantos pluses, hace que las pensiones sean muy altas. Pero es que hay pluses de pluses, yo esperaría que el día que se apruebe un proyecto de ordenamiento de pluses se le entré a eso.

Además, ahí hay que aclarar que la ley del magisterio no se tocó porque ya tenía esa contribución solidaria distinta a todas las demás… pero por alguna razón que yo todavía no sé (algún fallo de algún tribunal) se interpretó que a un grupo de personas no había que cobrarles esa contribución solidaria… Entonces hay alrededor de 230 – 240 personas, casi todos catedráticos universitarios y por supuesto todos son de JUPEMA, a los que no se les cobró nunca la contribución.

Entonces de todo ese mundo enorme que es el magisterio, que son unos 60.000, hay 200 y pico a los que nunca se les cobró la contribución solidaria, porque hubo interpretaciones de JUPEMA y de la misma Dirección de Pensiones, incluso seguramente durante la época mía y durante épocas hacía atrás, hubo varias interpretaciones por parte de los tribunales, de que algunas personas en razón de que se estaban pasando de un régimen a otro, no había que hacerles la deducción. Pero bueno, cuando se hace la consulta, ahora en noviembre, y llega en febrero la Procuraduría dice que sí hay que cobrar, y entonces ya al Gobierno pasado no lo hace, porque ya estaba de salida, pero ya este Gobierno empezó con los trámites. No sé si se podrá hacia atrás, pero por lo menos hacia adelante sí.

Hay algo interesante, y es que la contribución solidaria sí se puede cobrar hacia atrás. Ahí hay un tema que también hay que tomar en cuenta, la pensión es una expectativa de derecho, no un derecho adquirido, igual que las anualidades. Entonces, bueno ahí en la parte jurídica la interpretación depende del criterio de quién esté en ese momento. Nosotros interpretamos de que era una expectativa de derecho siempre.

Pasan las 5 leyes, ¿Qué más está pendiente en el sistema de pensiones en el país? ¿Qué debería atender esta Asamblea Legislativa para resolver el tema? ¿Por qué en el imaginario colectivo queda la sensación de que hay más por hacer?

— Vea, yo no descarto que puedan hacerse más cosas. Lo que creo al día de hoy, es que lo que se podía hacer jurídicamente se hizo. Pero bueno, uno nunca puede pensar que las cosas se acabaron. En mi criterio, jurídicamente hablando o legalmente hablando, se hizo lo que había que hacer. ¿Qué quedan pensiones de lujo? Sí, claro que quedan pensiones de lujo. Ahora, ¿qué es lo que se entiende con pensiones de lujo? La Nación habla de 3 mil y pico, porque son mayores de 2.5 millones. Bueno, sí más de 2.5 millones se considera pensión de lujo, por supuesto que hay 3 mil. Ahora ¿qué se hace con esas 3 mil pensiones de lujo si usted no puede  —en razón de los acuerdos con la OIT— a una pensión de 10 millones o de 16 millones rebajarle el 75% porque se vuelven confiscatorias? El problema a mí me parece que ya no tiene que ver con la legislación, tiene que ver con la forma en que se implementen esas decisiones y no se corra el riesgo de que se caiga y sean del todo rechazadas.

Yo no descarto que se pueda hacer un análisis, un estudio, para ver qué se puede hacer, pero me parece que esas leyes cubrieron, por lo menos, lo más importante.

El Semanario publicaba hace poco del caso de los multipensionados, o sea personas que reciben más de una pensión —que también es legal— e incluso mencionaron como en algunos casos con más de una pensión no se llegaba a un salario mínimo… pero en otros, con más de una pensión se vuelven montos muy altos. ¿Se podría hacer algo ahí, o también habría limitaciones legales?

— Bueno, ahí se podría hacer algo, por supuesto que se podría hacer algo. Legalmente se podría, porque por ejemplo las pensiones de Hacienda, el cónyuge puede heredar la pensión de cónyuge fallecido, bueno si hay una decisión política de que eso se elimine, bueno eso se podría hacer, yo no descarto que haya una decisión política de que eso se haga. Me parece que una posibilidad es hacer eso parcialmente, digamos, de cierto monto para abajo el cónyuge reciba la pensión del fallecido o bien discutir si del todo no tiene pensión.

Tal vez no hacerlo a rajatabla sino visualizando cuáles son las posibilidades. Me parece interesante su propuesta, creo que vale la pena estudiar el asunto. Ahora, recuerde que la Caja también permite que el cónyuge herede la pensión, pero claro que cuando las pensiones son muy altas, no en la Caja por supuesto, ya en la Caja no hay pensiones altas, pero en aquellos casos en donde la pensión, ya sea porque es de Hacienda o porque es del Poder Judicial, sea muy alta y además el otro cónyuge tenga también su propia pensión se podría analizar. Ahora recuerde que es un porcentaje el que se asigna, habría que valorar si valdría la pena si se puede bajar ese porcentaje cuando se trate de pensiones muy altas.

¿Debería el país avanzar hacia un sistema de pensión única?

— Yo sé que mucha gente cree que todo mundo debe pensionarse por la Caja, yo no estoy tan convencida de eso. Primero porque el régimen de la Caja en estos momentos tiene sus propios problemas, por lo que migrar a todo el mundo puede ser peligroso, podría ser un proceso de largo plazo.

A mí me parece que un sistema solidario no significa que todo el mundo tenga la misma pensión. Yo no tendría inconveniente por ejemplo, en que ciertos tipos de trabajo tengan pensiones y mecanismo de retiros distintos. No es lo mismo un agricultor que un oficinista, es decir un agricultor a los 40 años o a los 50 años, ya debería tener la posibilidad de pensionarse. Entonces yo no soy partidaria de regímenes únicos a rajatabla iguales para todos.

Lo que había que quitar eran los privilegios odiosos, pero pienso yo que a un bombero, a un policía, o gente que tiene profesiones en riesgo ¿por qué vamos a privarlos de la posibilidad de tener quizá una pensión diferente?

Pero actualmente, los trabajos físicos que menciona no tienen un régimen específico, donde uno diría, com usted indica, que se justifica una pensión más temprana por el tipo de trabajo…

— Claro, pero vea que hace poco se logró un cambio, esto no es ley, esto lo hace la Caja por reglamento, pero hace poco se logró que a las personas con Síndrome de Down se les permitiera una pensión más temprana.

Claro, porque por la expectativa de vida de ellos no llegan a la edad de retiro.

— Jamás, no iban a disfrutar de su pensión. Entonces, uno no puedo homologar todos los casos. Lo que es inaceptable, son los privilegios que han ocasionado las pensiones de lujo. Como era el caso del 30%, como era el caso de que las hijas y los hijos tuvieran pensiones vitalicias o digamos que en algunos casos que es el 100% lo que se da, en otros es el 80% en otros es el 60%.

Ahora, este es un país de derechos adquiridos, si bien es cierto que la pensión es una expectativa de derecho, por ejemplo, de todo lo que estaba antes del 96 todavía queda gente, cada vez queda más poca. Pero en los regímenes de Hacienda, después de 2.5 millones ese es el tope, y ahora que se va a establecer el impuesto pues van a bajar todavía más.

Baja el neto que recibe la persona pensionada…

— Exactamente.

Hablamos también con doña Sandra del caso de las pensiones de los expresidentes, los cuales reciben una pensión de Hacienda vitalicia equivalente al salario de los diputados (3,8 millones brutos mensuales). Claro que el cargo al presupuesto es menor, en vista de que solo hay un presidente nuevo cada 4 años. “Es gente que ha desempeñado una tarea de primer orden para este país” me dice Piszk. Más allá de eso definitivamente es uno de esos temas, junto a las pensiones del Poder Judicial y las de los catedráticos de las universidades que son utilizados para meter saña en la ciudadanía, principalmente porque cuando se habla del tema se señalan los montos brutos y no se hace referencia a las rebajas que ya se le aplica a esas pensiones.

A mí me tiene preocupada ver como el tema de las pensiones de lujo, se ha utilizado para combatir el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. He visto a algunas opiniones totalmente distorsionadas, sin decir nombres, hay un colega, creo que es periodista, que saca unos videos dando unas informaciones realmente impresionantes. De hecho, incluso una diputada el otro día saco unos números que a mí me dejaron muy sorprendida. Parecía como si no supieran todo lo que se había hecho. Le repito, es posible que se pueden hacer más cosas, de hecho lo que usted me está planteando [de las pensiones múltiples] hay que analizarlo, pero yo creo que el avance es importante y que los mayores privilegios se quitaron. Yo sé que a la gente le sonará horrible que uno diga eso, porque lo más popular es decir que hay que pasarle machete a todo. Pero yo creo que hasta donde se pudo, el avance fue realmente muy importante.

Ahora, mientras existan una cantidad de pluses inaceptables en algunas instituciones, vamos a seguir teniendo el problema de pensiones también muy altas. Entonces el tema hay que trabajarlo no solamente de las pensiones, sino también desde el punto de vista de los pluses“.

***

Lo que me queda claro después de la entrevista con doña Sandra, es que uno de los principales problemas de este país es que no tomamos decisiones hasta que tenemos el agua al cuello.

Las reformas a los regímenes de pensiones se debieron haber aprobado mucho antes pero no existió la voluntad política para entrarle al tema hasta la legislación pasada, y al final eso se presta para que algunos lo utilicen para azuzar la opinión popular.

Cuando se toman en cuenta las limitaciones que presentan los tratados internacionales y los derechos adquiridos es cuando los discursos emotivos que incendian la opinión popular demandando recortes parejos a todas las pensiones quedan como promesas vacías para alborotar a la gente, pues carecen, por lo menos hasta este momento, de viabilidad legal.

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