Durante cuatro años dimos nuestro mejor esfuerzo para fortalecer la economía del país e impedir la explosión de una grave crisis, derivada de los problemas estructurales arrastrados desde hace tres décadas. Actuamos de buena fe e hicimos mucho, pero no logramos todo lo necesario para evitarla. Hoy, como lo advertimos tantas veces con absoluta transparencia, dicha crisis llama a la puerta.
La incertidumbre resultante de las decisiones no tomadas a tiempo es dañina para Costa Rica. No solo aumenta la estimación de riesgo de los inversionistas, desalienta el espíritu emprendedor y debilita a la economía. También hace más difícil realizar estimaciones y presupuestos precisos sobre los cuales construir las políticas públicas que el país requiere.
El faltante presupuestario o mal llamado “hueco”, por el que fui a comparecer a la Asamblea Legislativa el 20 de septiembre, no implica de ninguna manera la desaparición misteriosa de recursos públicos, el aumento del déficit ni la profundización de la deuda. Mucho menos aún, que se ocultara con fines electorales un fenómeno imposible de disimular (o “maquillar”) mirando las cifras que regularmente publican las calificadoras, Hacienda o el Banco Central. Lo que significa realmente es que el monto que la Asamblea Legislativa le autorizó al Poder Ejecutivo para pagar deuda en el 2018, resultó insuficiente debido al imprevisto de tener que emitir deuda de corto plazo a finales del 2017.
O sea, no se trata de cuánto dinero había a disposición del Ministerio de Hacienda para cubrir sus obligaciones, si no de cuánto se le autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar a lo largo del 2018.
De lo que sí da cuenta esta situación es de las dificultades que las instancias técnicas tenían (y siguen teniendo) para estimar, prever y proyectar el comportamiento de la economía en una situación cambiante y de alta incertidumbre como la que se generó a finales del 2017 y que, agravada, se mantiene hoy.
Este contexto de deterioro estructural de la economía y de incertidumbre creciente en los mercados, hace que incluso una declaración desafortunada acerca de la legalidad de una acción del Gobierno pueda dar al traste con operaciones financieras y con la percepción de riesgo del país.
Igual efecto negativo tiene sobre la percepción de riesgo país el uso de mecanismos de control político que, siendo legítimos para salvaguardar el Estado de Derecho y transparentar la gestión pública, pierden credibilidad cuando se convierten en circos políticos cargados de pirotecnia mediática en tiempos de posverdad.
Urge devolverle vigor y estabilidad a las finanzas del país so pena de entrar en una crisis de la cual será muy costoso salir. Por eso hago un respetuoso llamado a apoyar la necesaria y urgente reforma fiscal que impulsa el presidente Alvarado, la cual llevará alivio al menos parcial pero indispensable, a nuestras finanzas.
Sé que la inmediatez del término de mi mandato facilita que algunos quieran, desde la mezquindad y el revanchismo, atribuirnos la responsabilidad única por un problema que no ha sido posible resolver durante las últimas décadas con gobiernos de muy distintos partidos políticos, incluido el mío. Asumo esa circunstancia coyuntural con serenidad porque sé que el tiempo colocará las cosas en su lugar. Hoy lo verdaderamente importante es el apoyo decidido que se dé a las gestiones encabezadas por el Gobierno de la República para atender la vulnerable condición de las finanzas del país, cuyo agravamiento lo lanzaría a un abismo que conocieron hace pocos años España, Grecia e Italia.
Como dije ante el Congreso hace pocos días, “Costa Rica entera es más grande que las mentiras y verdades a medias, es más grande que todas y todos nosotros funcionarias o exfuncionarios públicos (...). No tenemos otra Patria, solo esta (...) Costa Rica somos todos y es responsabilidad de todos”.
En el mes de la Independencia, que la sensatez convierta en luz la incertidumbre.
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