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En Costa Rica existen muchos huecos: por citar algunos ejemplos, en las carreteras, en las finanzas públicas, en la calidad de los servicios públicos, en el combate del crimen organizado y en la ineficiencia del aparato institucional. Pero el hueco más grande lo acaba de perforar el propio Gobierno de la República. Aunque difícil de creer, con el aval del mismo presidente de la República, se autorizó premeditadamente y en contra de lo que establece el ordenamiento jurídico, el pago de 182.000 millones de colones para el servicio de la deuda pública interna, sin autorización de la Asamblea Legislativa.

Se trata, más que de un simple hoyo, de un enorme y peligroso cráter abierto en las bases fundamentales de nuestro Estado Constitucional, democrático y social de derecho. Costa Rica es un país que se rige por el gobierno de las leyes y no por el capricho o la improvisación de sus gobernantes. Tal es lo que prescribe el principio de legalidad, regulado en el artículo 11 de la Carta Fundamental: a las autoridades e instituciones públicas solo les está permitido hacer aquello que constitucional y legalmente les esté autorizado de forma expresa y, por tanto, les está prohibido todo aquello que no les esté autorizado.

Así pues, al evaluar las actuaciones del Gobierno de la República sólo se puede llegar a una conclusión: sus actuaciones han sido arbitrarias. Esto no se puede disimular y mucho menos aceptar por nadie, menos por la Contraloría General de la República, en su función fiscalizadora de las finanzas públicas, por la Asamblea Legislativa, en su función de control político y menos por el Ministerio Público, en la determinación de si se ha incurrido en algún delito.

Algunas personas han justificado el proceder arbitrario del Gobierno, indicando que no había otra alternativa, que era necesario violar la ley. Se ha dicho que las consecuencias de no pagar a los acreedores serían muy graves y que la seguridad jurídica y el bien común se verían afectados en muchos sentidos. Yo estoy totalmente de acuerdo: había que pagar, pero había que pagar legalmente.

Una primera posibilidad podría haber sido mediante la tramitación de un presupuesto extraordinario, con dispensa de todos los trámites que permite el Reglamento de la Asamblea Legislativa. En esa tarea, los diputados, con buena voluntad política, podrían haber autorizado los fondos en no más de cinco o seis días, sobretodo, partiendo que se estaba ante una necesidad pública.

La segunda vía, todavía más rápida que la anterior, habría sido un Decreto declarando en estado de emergencia la necesidad de pagar el servicio de la deuda pública interna, por una sola vez, sin autorización de la Asamblea Legislativa o sujeto a una ratificación posterior. Esto le habría permitido al Poder Ejecutivo, en menos de cuarenta y ocho horas, hacer el pago de forma legal, resolver la urgente necesidad de pago y mantener incólume el Estado de derecho.

Pero no fue así. El Gobierno de la República actuó por vía de facto, de forma totalmente contraria a lo que establece el Estado de Derecho. ¿Después de eso con qué autoridad moral puede el Gobierno pedir a los ciudadanos que cumplan y respeten las leyes de la República? ¡Se debe predicar con el ejemplo para generar confianza!

Como advirtió el Dr. Walter Coto, los hechos aquí denunciados pueden tener implicaciones muy graves para el sistema político, de ahí la necesidad de preguntarnos: ¿Es conveniente para la democracia que los funcionarios públicos violen la ley sin consecuencia alguna? ¿Es sano que el presidente avale conductas ilegales de sus ministros? ¿Constituirá este hecho un precedente de actuaciones al margen de la ley? ¿Qué hará la Asamblea Legislativa ante la usurpación de sus competencias?

Obviamente, ante estas y otras preguntas que se podrían hacer, la ciudadanía debe levantar su voz. En un sistema democrático nunca se puede justificar la violación a la Constitución Política y menos cuando dicha violación proviene de las autoridades superiores del sistema. Me pregunto, ¿qué hará la Asamblea Legislativa ante la usurpación de sus competencias?

Ante esta flagrante violación de la Constitución, lo que más me sorprende es el silencio o la justificación cómplice desde algunos medios de comunicación colectiva, círculos pensantes y, con excepción de la Diputada Franggi Nicolás, de la propia Asamblea Legislativa. No podemos dejar de asombrarnos ante los hechos descritos. No podemos caer en el juego de violación del ordenamiento jurídico y que no suceda nada. ¡No se puede trivializar la violación de la Constitución Política!