Los diputados y diputadas de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público iniciaron pasadas las 9 a.m. un interrogatorio al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, por el faltante de más de 600 mil millones de colones en el presupuesto 2018.

Tras ser juramentado y advertido de las consecuencias de faltar a la verdad durante la audiencia, Solís leyó una declaración de ocho páginas donde se defendió de los señalamientos de algunos diputados de que él conocía de la situación desde un inicio.

Este fue su discurso:

"Estimadas señoras diputadas y señores diputados. Les agradezco la oportunidad que me dan para ratificar el buen accionar de mi gobierno en la atención del déficit fiscal heredado. Seré detallado de acuerdo con los hechos que me constan, en el marco de mis potestades legales y políticas.

Mi gobierno recibió la economía con un déficit fiscal equivalente al 5.6% del PIB y una estimación del Banco Central de que subiría a 6.4% dos años después. Sin embargo, transcurrido este tiempo, en el 2016 logramos bajar el déficit fiscal por primera vez en 5 años, ubicándolo en 5.2%

A pesar de estos resultados, advertí que el estado de las finanzas públicas era muy frágil. Es precisamente esa fragilidad estructural la que nos convoca hoy a esta comparecencia.

Siempre actuamos con responsabilidad y diligencia pensando en el interés superior del Estado y con el objetivo de impedir que la población llegara a ser afectada por una eventual crisis económica que venía creciendo lentamente desde varias administraciones atrás. A pesar de las dificultades financieras, las familias costarricenses siempre recibieron a tiempo sus salarios, becas y ayudas sociales, el Estado siempre pagó puntualmente sus cuentas, la economía creció más del doble que el promedio continental, hubo estabilidad en el tipo de cambio y la inflación se mantuvo casi en cero, gracias a la sana administración de la economía.

La emisión de deuda de corto plazo de finales del 2017 se explica por el problema estructural de la economía, el cual fue agravado por declaraciones irresponsables de políticos que provocaron un ambiente de incertidumbre entre inversionistas dispuestos a prestar al Gobierno $1.500 millones, según las reglas de nuestro país, a 10 años plazo para atender las necesidades de diciembre del 2017.

Al resultar infructuosas estas negociaciones, fue necesario acudir a inversionistas locales que cobraron altas tasas de interés con apenas 12 meses para pagar. Eso nos obligó a modificar partidas de pagos de deudas del largo plazo al corto plazo, sin que ello – esto debe decirse muy claramente – profundizara la deuda ya existente.

Afirmo categóricamente que nunca hubo acción, orden, solicitud o sugerencia alguna de ocultar, evitar o posponer el envío de un presupuesto extraordinario por razones político-electorales. Nadie me planteó. Yo no lo hubiera permitido. Todo lo contrario. La evidencia más bien indica que una y otra vez alerté de manera reiterada y clara – incluso durante el reciente proceso electoral – sobre la inminencia de una crisis fiscal de proporciones mayores si no se aprobaba un fortalecimiento del tesoro público y no se dotaba al Estado de recursos adicionales para atender sus obligaciones.

Si mi Administración hubiese actuado electoreramente con el propósito de desorientar a la ciudadanía y a los partidos que participaban en las elecciones, jamás hubiéramos impulsado un plan de impuestos durante la campaña electoral.

De hecho, desde finales del 2017 el Ministerio de Hacienda contemplaba otras opciones que no requerían de un presupuesto extraordinario.  La primera fue el préstamo de $1500 millones ya mencionado, y la segunda la confianza en el compromiso serio de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa de entonces de aprobar el Plan Fiscal antes del inicio de la nueva Administración.

Además, como se ha dicho reiteradamente en este foro, hasta el último día de mi gestión ningún órgano técnico tuvo una cifra definitiva del monto necesario; requisito indispensable para la presentación de un presupuesto extraordinario, según la ley 8131. Esa información no estuvo disponible sino hasta julio del 2018.

Siempre realizamos un manejo responsable de la economía, apegado a las leyes y garantizando la defensa del interés superior del Estado. Así fue exaltado en múltiples ocasiones por las calificadoras de riesgo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, cuyo Secretario General dio cuenta de ello en este Parlamento.

Señor Presidente, aporto para que se anexe al expediente la cronología de todo cuanto detallaré a continuación.

Debo reiterarlo para que conste una vez más en sus registros: a lo largo de mi mandato advertí sobre las graves consecuencias que tendría para Costa Rica no aprobar, como no se logró en las últimas décadas, un plan fiscal.  Lo hice el 8 de mayo del 2014 en mi discurso de toma de posesión; lo hice en los cuatro informes sobre el Estado de la Nación ante la Asamblea Legislativa; lo hice en centenares de mensajes públicos y visitas a las comunidades, incluso en medio de la última campaña electoral, siendo testigos de excepción algunos de ustedes que estaban presentes en esas actividades ya como diputadas y diputados electos, después del primer domingo de febrero del 2018.

La situación fiscal que heredamos requiere una solución estructural. Por eso en los primeros dos años de mi Gobierno, elaboramos nueve proyectos de ley para atacar el problema desde varios ángulos, como el control del contrabando y el fraude fiscal, ahorro en el giro de transferencias, la contribución de las personas jurídicas, el desempeño de los servidores públicos, la actualización del régimen de exenciones y las pensiones con cargo al presupuesto público; que a la postre la mayoría hoy son ley de la República.

También presentamos a la Asamblea Legislativa los proyectos de “transformación del impuesto sobre las ventas a un impuesto sobre el valor agregado” y de reforma del “impuesto sobre la renta”, centrales para aumentar la recaudación y actualizar nuestra obsoleta legislación fiscal, los cuáles fueron abiertamente bloqueados por algunos diputados de entonces y no llegaron a convertirse en ley. Ambos proyectos cumplían con el propósito de que el rico pague como rico y el pobre como pobre.

Adicionalmente, se tomaron acciones que no requerían aprobación legislativa que permitieron la recaudación tributaria más alta de los últimos 7 años en el 2015 (13,7% del PIB) y el crecimiento del gasto pasó de un 13,8% en el periodo 2010-2013 a un 8,6% en el periodo 2014-2017. De ellas resalto la renegociación a la baja de convenciones colectivas, el límite impuesto a las pensiones de lujo, el decreto sobre comercio ilícito y las Directrices 9-H, 14-H, 17-P de congelamiento de plazas y restricción de gasto.

El peligro tantas veces anunciado y previsto comenzó a materializarse desde mediados del 2017. Para la Tesorería Nacional cada vez era más apremiante y dificultoso conseguir los recursos para atender los pagos quincenales del Gobierno.

De manera transparente con el país y responsable con los mercados, el primero de agosto del 2017 alerté públicamente del problema, informé las medidas que adoptaríamos, ratifiqué las medidas de control del gasto adoptadas desde el año anterior, establecí las prioridades de pago y di garantías y seguridades de que siempre se honrarían las obligaciones del Estado.  La señora Tesonera Nacional indicó en esta comisión que esa alerta fue un acto de probidad ante la ciudadanía.

En noviembre 2017 se confirmó la necesidad de conseguir en el mercado nacional los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del mes de diciembre. Esta circunstancia activó el apetito por obtener mayores tasas de interés a corto plazo. Consecuentemente, estando el país en periodo electoral, también se activó el interés de abonar a esta crisis con fines irresponsables.

Como opción para superar este episodio, el Ministerio de Hacienda identificó un mecanismo legal ya existente que permite a inversionistas obtener títulos de deuda interna en moneda extranjera, según las leyes del país. Este llamado fue recibido positivamente por los mercados, desde los cuales surgieron ofertas por más del doble de los recursos requeridos. En efecto, aunque el país necesitaba $1.500 millones para atender sus obligaciones y las del siguiente Gobierno, el Ministerio de Hacienda recibió ofertas que alcanzaron $3.700 millones, hecho que confirmaba la solidez y credibilidad del Gobierno costarricense.  Esto desmiente de forma categórica a quienes han dicho que mi mensaje del primero de agosto asustó a los mercados.

Estas negociaciones se dificultaron gravemente tras reiteradas declaraciones públicas de dirigentes políticos y analistas quienes cuestionaron la legalidad del mecanismo empleado. Por ejemplo, el 21 de noviembre la agencia internacional de noticias financieras Bloomberg emitió un cable con el siguiente título: “La venta local de bonos por $1,500 millones en Costa Rica es ilegal, dice el candidato que lidera la contienda”

El cuestionamiento a dicho mecanismo de colocación es absolutamente infundado, según la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el Dictamen C-042-2010 de la Procuraduría General de la República, que aclara que se considera deuda interna la emitida y pagada dentro del país, que se rige por las leyes nacionales y respecto de la cual son competentes los tribunales nacionales.

La falsa ilegalidad señalada con motivos electorales obligó a la Tesorería Nacional a recurrir a la única posibilidad que el Mercado ofrecía: la adquisición de títulos a una tasa de interés muy alta y con vencimientos a corto plazo, medida que de ninguna manera profundizó el déficit fiscal, según indicó la ministra de Hacienda en este foro. De no haberse hecho ese pago habríamos entrado en una situación de incumplimiento con efectos devastadores para la economía y la estabilidad de la Nación.

En ese contexto, ¿qué hicimos para solventar esta situación al inicio del 2018? Emitimos un decreto para evitar el cese de pagos que trasladó recursos de las partidas de amortización de deudas de largo plazo al corto plazo en el presupuesto ordinario del 2018, actuando de conformidad con la legislación, el principio de continuidad del Estado y el bien común de la población.

No obstante, antes de hacerlo, habíamos redoblado esfuerzos para que la Asamblea Legislativa aprobara el Plan Fiscal antes de mayo del 2018.  En setiembre del 2017 el Gobierno estableció un diálogo activo con los principales candidatos presidenciales que resultó en una mesa de trabajo de la cual surge el texto de ley 20580 y la aprobación de una vía rápida para su trámite legislativo.  Pese a ello, esa ruta fue infructuosa durante mi gobierno, impidiendo avanzar con la modernización de nuestras leyes fiscales y aumentando la incertidumbre en los mercados

Ante esto salta la pregunta ¿Por qué no se emitió un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa?

En primer lugar, esa posibilidad nunca me fue planteada.  Además, de acuerdo con documentación aportada a esta Comisión, queda claro que todavía durante el primer trimestre del 2018 el Ministerio de Hacienda intentaba cerrar un contrato de colocación.

Simultáneamente, desde el mes de febrero el Ministerio trabajó en la depuración de la cifra para la elaboración de un eventual presupuesto extraordinario, proceso que no terminó hasta julio del 2018.

Es natural que se pregunten: siendo el presupuesto una autorización máxima de gasto, ¿por qué no se presentó un presupuesto extraordinario con una cifra estimada?

El presupuesto es un proceso técnico, refrendado por la Contraloría General de la República y el Banco Central, hasta que se presenta a la Asamblea Legislativa, donde su discusión adquiere otra dinámica. La Administración está en la obligación de cumplir preceptos técnicos que impiden enviar un presupuesto sin un monto técnicamente construido. La Ley es clara y no permite que se envíen presupuestos provisionales o tentativos que luego puedan completarse a partir de necesidades recién descubiertas, según la ley 8131.

Tras la revisión del material aportado a esta Comisión, queda claro que desde febrero 2018 los equipos se abocaron a limpiar la cifra para el eventual envío de un presupuesto extraordinario.  Y esto era absolutamente necesario, dado que las diferencias entre los montos aportados contenían variaciones de hasta 25% entre ellas.

Los correos electrónicos aportados a esta comisión evidencian lo dicho anteriormente.

  • El correo electrónico del 21 de febrero del 2018 decía literalmente “que el faltante de amortización era de alrededor de 850 mil millones de colones”
  • El 19 de abril, pasaron a ser 815 mil millones de colones
  • Un día después, el 20 de abril, se adiciona la cifra 700 mil millones de colones
  • Sin embargo, el 10 de mayo les comunican a las nuevas autoridades que sería de “alrededor” de 800.000 mil millones de colones
  • El 29 de junio la cifra indicada fue “de cerca de” 600 mil millones de colones, se recuerda que las estimaciones de mayo eran 650 mil millones y a la espera de “ver la evolución de los canjes durante el primer semestre”
  • Todo para terminar el 10 de julio con una cifra de 625.000 mil millones de colones.

Tal era la incertidumbre que se prueba en estos correos electrónicos que en cuestión de cinco meses se barajaron al menos siete cifras diferentes del faltante, con diferencias de hasta 225 mil millones, monto que equivale a financiar la operación de todo el Poder Legislativo - incluida la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes - desde hoy hasta el año 2022.

En esas condiciones era imposible para el Ministerio de Hacienda presentar una solicitud de presupuesto extraordinario.

Otro tema que ha despertado interés es si mi Administración comunicó o no la situación al nuevo Gobierno.

Para todo el país fue evidente que mientras ejercí como presidente comuniqué la buena salud de los indicadores macroeconómicos del país e insistí en la fragilidad de éstos por el déficit fiscal.  Incluso, en mayo del 2015 indiqué a las diputadas y diputados que “(…) de no aprobarse el conjunto de proyectos de gobernanza fiscal y fortalecimiento de la Hacienda Pública que ya están presentados ante este Honorable Plenario, tendremos un escenario muy distinto para el 2018, donde podríamos enfrentar un déficit superior al 8%.”

Los correos electrónicos demuestran que los nuevos cargos contaron desde el segundo día de gestión con la misma información con la que acabó mi Gobierno, lo cual es lógico dado que Hacienda mantiene prácticamente el mismo equipo de trabajo técnico y administrativo de la pasada Administración.

Queda la cuestión de si yo sabía o no del mal llamado “hueco financiero”.

De la forma en que esta Comisión ha definido y trabajado este tema mi respuesta es que no. Naturalmente, fui conocedor del apremio por recursos y de la necesidad de priorizar el pago de deuda a corto plazo frente a la de largo plazo, producto de las colocaciones de diciembre del 2017, ante lo cual, he de reiterar que esta transferencia de partidas no aumentó la deuda ni provocó un “hueco fiscal”.

Sobre la gestión financiera de mi administración, puedo decir que se hizo un trabajo con mucha dedicación, en un contexto de altísima incertidumbre, respetando la legislación y haciendo todo lo posible por evitar caer en un cese de pagos, logrando una gran estabilidad macroeconómica durante todo mi periodo.

Mi Administración actuó siempre modernizar y fortalecer las finanzas públicas. Por eso es por lo que, a pesar de la crítica situación fiscal, bajamos la pobreza y la desigualdad, conseguimos mantener la inflación cercana a cero la mayor parte de nuestro gobierno hubo estabilidad cambiaria, las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera crecieron durante toda la Administración, instauramos la factura electrónica, la digitalización de los procesos tributarios, logramos frenar el crecimiento del desempleo y mantuvimos la paz social.

Esto se logró a pesar de la falta de suficientes recursos fiscales, a pesar del impacto de un huracán, una tormenta, una sequía inédita, la erupción simultánea de dos volcanes y la llegada de dos oleadas migratorias sin precedentes. A pesar de todo ello, el trabajo de los distintos equipos de gobierno – incluido Hacienda - logró mantener las condiciones necesarias para hacer la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia, desentrabar la construcción de acueductos, puentes y carreteras, y atender las emergencias naturales con efectividad y sentido solidario.

Para terminar, vivimos tiempos difíciles en los que necesitamos llegar a acuerdos porque la situación económica ha alcanzado un punto de no retorno. Comprendo que ustedes hacen una labor de control que habla de la solidez de nuestras instituciones y eso es bueno. Estoy hoy aquí no solo por obligación de Ley, sino también porque creo en el Estado de Derecho y en la obligación de dar cuentas ante una ciudadanía escéptica con los políticos. Deseo de la manera más respetuosa concluir esta declaración haciendo un llamado a la sensatez que fue capaz de llevar adelante a un país que pronto cumplirá 200 años, cuya característica principal ha sido, sin duda, su capacidad para construir un modelo de nación fundado en el respeto a la Ley, la Libertad, y la Justicia Social.

Costa Rica entera es más grande que los intereses que legítimamente informan su política.  Es más grande que las mentiras y verdades a medias que nos trae cotidianamente la “posverdad” y sus agentes.  Es más grande que todas y todos nosotros funcionarias o exfuncionarios públicos.  Y ciertamente es más grande que el odio, el oportunismo y la falta de escrúpulos que podrían dar al traste con el futuro promisorio que Costa Rica merece. Costa Rica somos todos y es responsabilidad de todos.

Por eso humildemente, pero con profunda satisfacción, deseo repetir ante ustedes, señoras y señores diputados, y ante el país entero, que mis colaboradores y yo siempre gobernamos con la mirada puesta en el bienestar del mayor número; con honestidad y con transparencia. Puedo decirlo con toda serenidad. Siempre estaré dispuesto a responder por mi Administración.

Y a ustedes, de corazón, les deseo el discernimiento y la fortaleza para tomar decisiones largamente postergadas que solo este Congreso puede llevar adelante para zanjar la crisis fiscal. La Costa Rica grande y trabajadora que nos mira así lo necesita para evitar males mayores.  No tenemos otra Patria, solo esta, y nos debemos a ella tanto quienes recibimos el enorme honor de servir en el pasado como ustedes que lo tienen hoy y lo tendrán por los próximos años".