— Gustavo Viales (PLN) puso en aprietos al ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, tras presentar una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en su contra, alegando un posible conflicto de intereses porque Casa Presidencial contrató (y prorrogó) los servicios de una empresa de monitoreo de medios de comunicación, donde figura como propietaria la prima-hermana del jerarca.
— Ante el Plenario de la Asamblea, Viales acusó que la administración de Luis Guillermo Solís (primer contratante de la empresa COES Comunicaciones S.A. el 23 de noviembre de 2016) prorrogó el contrato hasta el 31 de agosto de 2018, a tan solo horas de pasarle el Gobierno a Carlos Alvarado, momento para el cual ya se sabía que Mendoza sería la cabeza de la cartera de Comunicación.
— Asimismo, denunció que durante la actual administración, el contrato se prorrogó durante dos meses más, por lo que Mendoza pudo haber incurrido en una falta al deber de probidad debido a que la fiscalización, administración y recibo a satisfacción de los servicios que brinda la empresa debe emitirlos la Dirección de Información y Comunicación de Casa Presidencial, sobre la cual él ejerce la jefatura inmediata y directa.
— El verdiblanco reprochó que Mendoza defendiera en la Comisión de Hacendarios, “con mucha vehemencia” ante las preguntas de dos diputados, una partida contenida en el plan de Presupuesto 2019 del Ministerio de Comunicación, superior a los 8 millones de colones y destinada al pago de “monitoreo de medios de comunicación”.
— Según se aprecia en el vídeo de la audiencia de ese día, Mendoza señala que el gasto es necesario porque de lo contrario tendrían que tener a todos los funcionarios del Ministerio de Comunicación monitoreando todas las emisoras de radio, televisión y redes sociales, para ver qué se dice de la acción gubernamental.
— Dado que eso era imposible y podría hasta salirles más caro, dijo que era necesario contratar a una empresa especializada que lo hiciera y ante la pregunta de si había compañías que hicieran ese trabajo respondió: “Lo hace una sola empresa”. “¿Cuál lo hace?”, preguntó la diputada Silvia Hernández del PLN: “COES Comunicaciones”, respondió el ministro.
— El inconveniente para Mendoza no es legal, porque el 6 de junio del 2018 preguntó a la Contraloría General de la República si tenía algún tipo de incompatibilidad o prohibición dado que la empresa es propiedad de su prima-hermana Rebeca Knohr Mendoza (cuarto grado de consanguinidad) y la institución le respondió el 17 de julio que no había ninguna, aunque debía respetar el deber de probidad consagrado en la ley.
— El problema podría más bien ser ético y moral porque a sabiendas de que el dato de que la empresa en cuestión, única que hace el trabajo que Presidencia está contratando, es propiedad de una familiar, obvió mencionarlo ante los diputados de la Comisión de Hacendarios.
— Casa Presidencial reaccionó rápidamente y tras señalar que la contratación inicialmente la hizo la administración Solís Rivera, dijo que solo hizo una prórroga de dos meses para poder ganar tiempo y sacar una nueva licitación abierta y pública donde pueda haber oferentes para ese servicio específico. La prórroga no la firmó Mendoza, sino su jefe de despacho, Alex Astorga Monge.
— Zapote también negó las acusaciones de Viales de que los documentos de los oferentes eran confidenciales, afirmando que los mismos podían ser consultados por cualquiera en el sitio web del SICOP. Sin embargo, el legislador mostró un pantallazo que demuestra que sí aparecían como secretos.
— Según una verificación que hizo Delfino.cr, durante la noche del miércoles en el SICOP los documentos presentados por la empresa podían ser consultados, sin embargo, la prueba de Viales subida a Twitter muestra sin lugar a dudas de que en un determinado momento eran confidenciales.
— La pelota le queda ahora a la Procuraduría de la Ética Pública, entidad que tanto ha criticado Liberación Nacional por su papel en la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por su papel en El Cementazo.
