En el marco de una reciente negociación entre el gremio de taxistas y el gobierno, mucho se ha especulado respecto a una posible prohibición para que la empresa Uber siga operando en el país. Uber es solo una herramienta de software, no posee ningún vehículo y sin embargo ahora es la compañía de transporte de personas más grande del mundo. Airbnb es la compañía de hoteles más grande del mundo a pesar de no poseer ninguna propiedad. El crowd funding atormenta a los banqueros. En EE. UU. los jóvenes abogados ya no consiguen trabajo porque con la empresa IBM Watson, se puede conseguir asesoría legal con una precisión del 90%, comparado con la precisión del 70% de los humanos. Watson Health ya está ayudando a diagnosticar cáncer con 4 veces más precisión que las enfermeras humanas. Facebook tiene ahora un software patrón de reconocimiento que puede reconocer caras mejor que los humanos. Para el 2030, las computadoras serán más inteligentes que los humanos.
Varios organismos encargados de promover la competencia de mercado y distintas Cortes de Justicia en diferentes países del istmo han llegado a la conclusión de que los servicios que ofrece Uber, las Empresas de Redes de Transporte (ERT) y cualquier otra compañía dedicada a brindar servicios mediante el uso de plataformas digitales, tienen una naturaleza distinta a los servicios tradicionales que ofrece el gremio de taxis y cualquier otra empresa que no utilice las plataformas digitales como principal herramienta de trabajo.
La actividad de Uber forma parte de una nueva corriente económica denominada “sharing economy” o economía colaborativa, definida como “un modelo de intercambio económico que se basa en tres principios fundamentales: interacción entre productor y consumidor; que mantiene un diálogo continuo, conexión entre pares gracias a las tecnologías especialmente digitales; y la colaboración”. La economía colaborativa vino para quedarse; este mecanismo ofrece opciones de empleo y desarrollo a individuos que dinamizan la economía de ciertos sectores que no se han visto favorecidos con los esquemas de desarrollo tradicional que se vienen impulsando en las últimas décadas. La economía colaborativa busca maximizar la utilidad de los recursos para generar ciudades más sustentables desde un punto de vista económico y ambiental.
Lo que define a la economía colaborativa es la forma en que los bienes y servicios los suministran individuos a través de una plataforma digital en lugar de compañías físicas. Esa es la esencia pura de esta nueva corriente económica. Existen varias razones por las que la gente utiliza estas plataformas de economía colaborativa, las más comunes son: es más personalizada, más económica y de mayor calidad a nivel humano (conectar con otro ser humano es parte del giro regular de la actividad comercial). Lo anterior no sería posible sin el avance tecnológico que viene a cambiar por completo el esquema tradicional de la economía y comercio.
Cada día son más las personas que se suman a esta nueva corriente económica, tecnológica y social. La gente prefiere obtener ingresos realizando una actividad propia que trabajando para alguien más. Las relaciones comerciales de individuo a individuo crecen; las plataformas digitales son la mejor herramienta para aquellos que buscan la independencia económica y que necesiten una forma sencilla para ofrecer los bienes y servicios que tienen a disposición del conglomerado social. ¿La economía colaborativa reemplaza las estructuras económicas existentes? No. El Estado debe ser un actor clave en el proceso de adaptación de esta nueva tendencia, estableciendo reglas claras para que todos podamos disfrutar de estos avances. La tecnología está para ayudarnos. Encontrar soluciones justas e innovadoras que incluyan a todos es el gran desafío.
Dicho lo anterior, ¿qué debemos hacer los juristas?, ¿Promover el mercantilismo estatal, o bien, buscar un instrumento regulatorio correspondiente con las particularidades que nos ofrece el avance tecnológico? Nuevamente el derecho y la realidad se vuelven a enfrentar, pero ¿cuál antecede al otro?
Derribando Mitos
¿Es Uber ilegal? No.
¿Es un servicio público? No. Para que sea un servicio público la actividad tiene que estar publificada. Así lo estipula la Ley 7593 en el artículo 3 inciso a): “a) Servicio Público. El que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley”.
La Contraloría General de la República, mediante Opinión Jurídica 127-2000, concluyó lo siguiente: “El servicio de transporte que presta un grupo de personas a otras (que constituye un grupo cerrado), que no involucra elementos propios del servicio público de transporte, es jurídicamente posible en nuestro medio”.
¿Reúne características de servicio público? No.
Para que sea considerado un servicio público tiene que cumplir con las siguientes características: Continuo, general, regulado, universal y adaptabilidad.
No es continuo porque no media relación laboral alguna, no hay contrato de trabajo y por ende no cumple con horario, relación de jerarquía ni jornada laboral. Tampoco es general porque no es un servicio para todos, es decir, para poder acceder al servicio que Uber ofrece es necesario que la persona tenga un smartphone con acceso a internet. Tampoco es regulado porque no existe ley alguna que lo prohíba o que lo regule como una actividad de servicio público. Es universal por el simple hecho de que se rige bajo el principio de autonomía de la voluntad. Y no se configura el principio de adaptabilidad puesto que no es la Administración Pública la que suministra el servicio.
Estamos ante un modelo de economía colaborativa organizada de autoabastecimiento que no tiene relación alguna con el servicio de transporte público.
Ante esta situación, ¿debemos taxificar a Uber, o Uberizar los taxis? ¿Queremos una regresión económica, social y tecnológica si taxificamos a Uber? No podemos tratar a Uber como si fuera taxi, por más que se parezcan, no son iguales. Debemos entender que el usuario es la razón de todo servicio y por ende de la regulación. Es importante respetar la igualdad de trato y no tratar como igual lo que es desigual.
“Dejar al mercado tomar la dirección y al Estado tomar un rol subsidiario. El Estado guardará el fusil de caza detrás de la puerta, cargado, bien aceitado, limpio y listo para emplearlo en la firma esperanza de que nunca tendrá que utilizarlo.” William Douglas, expresidente de U.S. Securities Exchange.
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