En la sesión del día de hoy, el Consejo de Gobierno conoció las solicitudes planteadas el 31 de julio del 2018 por el señor Rubén Vargas Campos, secretario general de la Unión de Taxistas, que pedían la intervención del Gobierno para detener las operaciones de Uber en el país.
Tras conocer el documento el Consejo de Gobierno consideró que debe continuarse con la labor de revisión y modernización del marco legal existente para el transporte remunerado de personas en la modalidad taxi, resguardando el interés de las familias que dependen de dicha actividad, por lo que debe respetarse la ley vigente.
Además, reiteró que la rectoría del tema sigue siendo potestad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que dicha entidad ha venido desarrollando la creación de la Comisión Mixta de Taxis, ente colegiado que asumirá el liderazgo para plantear las propuestas de soluciones legales, técnicas y administrativas. El Gobierno insistió en que las plataformas tecnológicas no reguladas para el transporte de personas continúan siendo ilegales en el país por lo que se requiere “seguir trabajando” en la búsqueda de una regulación “consensuada” para plataformas como la utilizada por la empresa Uber.
Por tales motivos el Consejo de Gobierno acordó —por la unanimidad de los presentes— solicitar a la empresa Uber y afines abandonar sus operaciones en el territorio costarricense, hasta tanto no se defina la revisión y o modernización del marco legal existente...
De momento Uber no ha girado una respuesta oficial a la solicitud de la administración Alvarado Quesada. El ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, por su parte, dijo: "Los servicios de transporte en todas sus modalidades son una fuente de empleo y significan una solución socioeconómica para miles de familias. Conscientes de esto y de que las nuevas tecnologías plantean retos a los Gobiernos, es que buscamos una solución integral que permita resolver la situación de los taxistas de forma innovadora en beneficio de los usuarios".
