— El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) informó a Costa Rica que el Tribunal Arbitral del caso David Richard Aven et al c. Costa Rica (conocido como Las Olas) no solo absolvió al país sino que condenó a Richard & compañía —que pretendían más de 100 millones de dólares— a pagarle al país más de un millón de dólares por los costos del proceso.

— El arbitraje fue interpuesto por el grupo de inversionistas gringos en 2014 con amparo en el TLC. Los demandantes alegaban supuestas actuaciones arbitrarias del Estado luego de que se les suspendieron los permisos de viabilidad ambiental para un proyecto turístico de 39 ha ubicado en Esterillos. 

— Costa Rica explicó que el permiso se retiró porque se detectó la afectación de diversos humedales y del bosque en el terreno a desarrollar. El tribunal dijo: “ciertamente, las obras realizadas por los demandantes afectaron dicho humedal, y por lo tanto ameritaban la reacción adoptada por el Gobierno de Costa Rica de conformidad con la legislación nacional, la cual es consistente con el derecho internacional”. Además, el tribunal tuvo por establecido que “las acciones adoptadas por la demandada no son arbitrarias ni incumplen las obligaciones en virtud del DR-CAFTA”.

— Lo más valioso del fallo no solo es evitar el pago de los $100 millones (oíme con este déficit…) sino que queda claro que el país —por lo menos en este caso— tiene un compromiso racional con el ambiente, sin pasarle por encima a la seguridad jurídica y respetando el Estado de Derecho. En palabras de Comex la resolución “confirma la calidad de Costa Rica como receptor de inversiones, honrando siempre los compromisos de brindar reglas claras que hemos contraído con nuestros socios internacionales en la atracción y protección de inversión extranjera”.

— Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior expresó que “este es un resultado muy positivo, fruto del trabajo tenaz y de excelencia de un equipo interdisciplinario liderado por COMEX que se pudo constituir gracias la defensa de la firma legal contratada, al esfuerzo de funcionarios de muchas instituciones del Estado, profesionales y peritos que, desde diferentes áreas, colaboraron para llevar a cabo la defensa de nuestro país en este proceso. Con esta resolución se confirma, que nuestro país está comprometido con un Estado de Derecho respetuoso de los derechos de nacionales y extranjeros, manteniendo nuestros estándares ambientales que siempre nos han caracterizado a nivel nacional e internacional”.

— COMEX trabajó la defensa del caso junto a la firma legal Herberth-Smith Freehills. La defensa también recibió el respaldo de funcionarios del MINAE, de la Procuraduría General de la República, del Poder Judicial, de la Municipalidad de Parrita, del Ministerio Público y de la Defensoría de los Habitantes así como de peritos expertos en diversas áreas como humedales, suelos, e ingeniería ambiental. Delfino.CR confirmó que la Iglesia Católica, a pesar de ser la pomada canaria para resolver toda crisis criolla, no formó parte del equipo de defensa de Costa Rica. 

Esta nota es parte del Reporte: Gobierno y Sindicatos tantean el terreno y mientras tanto… del 20 de setiembre del 2019.