Si el Gobierno de la República quiere ser exitoso en la promoción de la reforma fiscal, que de manera monotemática ha concentrado su atención en estas semanas, debería darle a la discusión de dicho proyecto una justificación no solo instrumental, sino también ética. Si el Gobierno logra explicar claramente a la ciudadanía que la pretendida reforma propicia la equidad tributaria, el bien común y la eficiencia del Estado, la ciudadanía apoyaría al Gobierno; caso contrario, veo muy difícil el camino de la reforma tributaria en la Asamblea Legislativa.
Ya resulta un lugar común mencionar la indignación de la gente con el funcionamiento del aparato público. Como coinciden expertos y no expertos, el Estado se ha convertido en una gran maraña de ineficientes instituciones públicas que —como un gran hoyo negro— se vienen tragando inútilmente el dinero de los contribuyentes. Los servicios públicos como educación, salud y seguridad son insuficientes o de mala calidad; la infraestructura de todo tipo es un desastre y existe un sentimiento generalizado de que algo anda muy mal, que el gobierno no funciona bien y que según ha dicho el Estado de la Nación “la situación del país se complica con celeridad”.
Tenemos que encender las luces de alerta. La desafección política que éstos y otros problemas como las pensiones de lujo, la inexistencia de una moderna ley de empleo público y el hecho de que casi todos los días la prensa nacional da cuentas de proyectos fallidos y pérdidas millonarias que pesan sobre el erario, poco a poco han venido minando la fe y la confianza de la gente en el sistema político. De ahí que, en diferentes medios, cada vez se hable con mayor frecuencia de “déficits de democracia” o de la “democracia a la defensiva.” Me apresuro a señalar, no obstante la gravedad de los problemas aquí citados, que los reclamos e indignación ciudadana, aunque creciente, todavía no alcanzan afectar la legitimidad de la democracia en sí, sino solo a la forma cómo está funcionando.
Ante tal situación, el Gobierno de la República tiene una gran oportunidad para resolver el problema fiscal, pero no como un fin en sí mismo o de manera instrumental para recaudar más dinero y poder gastar lo que se le antoja, sino más bien, como un medio para mejorar la calidad de los servicios públicos, la eficiencia del Estado y el desempeño de la democracia. Pero para ello, las autoridades de Gobierno deben levantar la mirada en el horizonte y ser mucho más ambiciosos de lo que están intentando.
La ciudadanía se pregunta: ¿Para qué más impuestos y recursos económicos, si éstos se los terminará tragando el gran hoyo negro del aparato público? En esto reside el dilema en el que se encuentra el país: ¿Para qué más impuestos si estos no mejorarán los servicios públicos y la calidad de vida de la gente?
Entonces, la conclusión es clara: no basta con crear más impuestos, simplemente porque la gente no está dispuesta a continuar pagando el precio tan alto de un Estado que no funciona bien y que literalmente todos los días bota el dinero de los costarricenses en privilegios y políticas públicas mal concebidas o mal ejecutadas y por las que nadie responde. ¡Así no se puede continuar!
Se requiere dar a la pretendida reforma tributaria una justificación ética, una razón superior más allá del déficit fiscal, que provoque el apoyo de la gente. ¡Nadie está dispuesto a luchar por más impuestos, pero si por la equidad tributaria del sistema y de un Estado más eficiente para beneficio de la gente!
Si se cumplen estas condiciones, entonces, además de más impuestos, se tiene que recortar el gasto público mediante la reforma y simplificación del aparato público, promulgar una ambiciosa ley que regule el empleo público y, de un tajo, eliminar las remuneraciones y pensiones de lujo. ¡Nadie tiene derecho a recibir una pensión para la cual no ha cotizado! Además, se debe revisar y corregir donde sea justo y necesario las exoneraciones y transferencias; combatir la evasión fiscal y recaudar mejor los tributos que ya existen.
Ahora bien, para que la justificación ética de la reforma tributaria funcione, el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa deben impulsar al mismo tiempo las citadas reformas, caso contrario, la gente no se va a sentir segura y, por consiguiente, se opondrá a la reforma fiscal.
Dicho de otra forma, la tramitación de las reformas aquí planteadas tiene que estar condicionadas unas a otras y tramitarse en el mismo momento que se apruebe el aumento de los nuevos impuestos. Así pues, la función de los diferentes partidos políticos de oposición representados en la Asamblea Legislativa, de los grupos de presión y de la ciudadanía en general, debería encausarse hacia ese propósito: no se aprueban más impuestos si al mismo tiempo no se aprueba la ley de empleo público y se eliminan las pensiones de lujo, entendiendo que lo que no se haga ahora, después será muy, pero muy difícil.
Las crisis tienen la virtud de sacarnos de la zona de confort en la medida que nos obligan a revisar lo que estamos haciendo. Aprovechemos la oportunidad política que hoy se nos presenta, con un presidente de la Republica y un equipo de gobierno que cuenta con un amplio respaldo popular, para emprender la renovación del Estado, que con tanta urgencia necesita la sociedad costarricense. Esta es la hora de ser visionarios y valientes para emprender el camino de las rectificaciones y construir un mejor país para todos.
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