La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia --conocida popularmente como la Sala IV-- ordenó al Ministerio de Educación Pública desarrollar un protocolo contra el hostigamiento racista en los colegios científicos.
Así lo dispusieron los magistrados del alto tribunal mediante la sentencia 2018-12095 del pasado 24 de julio y hecha pública este viernes por la Sala Constitucional.
El caso se remonta meses atrás, cuando la madre de una menor de edad, estudiante del Colegio Científico de San Ramón, acusó que su hija había sido víctima de discriminación racial por parte de la directora del centro educativo y sus compañeros; y que pese a haber pedido ayuda a distintas instancias del Ministerio de Educación, estas le indicaron que no les correspondía la situación.
La menor fue valorada por Medicatura Forense, la cual confirmó a los magistrados que mientras ella se mantuvo estudiando en el Colegio Científico de San Ramón, padeció síntomas somáticos y otros problemas consistentes con el bullying.
"La Sala pudo determinar que, a pesar de que la situación dicha ocurrió durante varios meses y la niña y su madre denunciaron el problema ante distintas instancias, no encontraron una respuesta administrativa apropiada, porque, en la práctica, no existen canales administrativos eficaces para tramitar este tipo de quejas", señaló la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
El caso permitió develar que la estructura institucional que opera y supervisa los Colegios Científicos resultó incapaz de enfrentar de forma oportuna y eficaz el hostigamiento que la menor sufrió.
A raíz de ello, por unanimidad, la Sala ordenó al MEP y al Consejo Nacional de Colegios Científicos tomar las previsiones necesarias para que en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución, se elabore un protocolo que identifique y corrija las deficiencias institucionales y normativas en los colegios científicos que impidieron que la denuncia por hostigamiento racista fuera tramitada de forma eficiente.
Dicho protocolo deberá, además, coordinarse con la Defensoría de los Habitantes al ser el encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes frente a las acciones y omisiones del sector público.
Para este caso la Sala que tomó la decisión estuvo integrada por los magistrados Fernando Cruz Castro, quien presidió, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, José Paulino Hernández Gutiérrez y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
