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Durante el proceso de trámite del proyecto de ley de movilidad ciclística 19.548, participaron activamente más de 15 colectivos ciclistas, organizaciones civiles, MOPT, CONAVI y fracciones del PAC, PLN, PUSC y FA. Se estudiaron decenas de posibilidades de fuentes de financiamiento.

La primera fue un impuesto a los parqueos públicos. También se planteó un impuesto de 1.000 colones a los marchamos, luego se planteó un impuesto escalonado a los vehículos con motores mayores a 2300cc. Estas tres opciones eran muy visionarias ya que se trataban de los conocidos "incentivos parafiscales" ya que desincentivaban el uso del vehículo particular en las ciudades al mismo tiempo que financiaba la infraestructura para la promoción de la bicicleta como medio de transporte.  Dichas fuentes de financiamiento fueron objetadas por varios diputados ya que no querían "nada con nuevos impuestos".

Finalmente se llegó a un consenso con una fuente de financiamiento que pretendía tomar una parte del 22% que la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias traslada del impuesto a los combustibles a las municipalidades, para que estas inviertan en infraestructura vial cantonal. Nos dimos cuenta de que de ese 22% las municipalidades no estaban ejecutando ni el 50%, por lo que se consenso que de ese 22% el 19,5% sería para inversión en infraestructura vial y el 3,5% para intervenciones(infraestructura) para la promoción de la movilidad ciclística. Así no se creaba un nuevo impuesto, se utilizaba una muy pequeña parte de un presupuesto que no están ejecutando los municipios y, se iniciaba la inversión en un nuevo modelo ecológico y libre de emisiones de carbono para movilizarse.

Finalmente, es falso que los municipios se oponen a este proyecto, el mismo fue consultado a todos los municipios en 2015 y los que respondieron —por lo menos 7 municipios como consta en el dictamen del proyecto por la Comisión de Ambiente del Congreso— lo hicieron de forma positiva sumando también el visto bueno del IFAM. Ya que el proyecto viene a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, salud, deporte y recreación y seguridad ciudadana de todos los cantones de nuestro país.

Hoy lamentablemente ante la posibilidad de que este proyecto se convierta en ley, algunos diputados y diputadas sugieren que se trata de una imposición a los municipios —desconociendo el origen de los fondos— y retrasan así un proyecto de suma importancia para el desarrollo del país, una posible alternativa al serio problema del tránsito en la Gran Área Metropolitana (GAM) y la alta mortalidad de ciclistas (alrededor de 30 ciclistas anualmente) en todo el territorio nacional.

En esto también ha jugado un problema de comunicación ya que algunos medios han estado circulando información correspondiente a versiones anteriores al proyecto y no a la versión final mejorada por todas las partes. Hago algunas aclaraciones sobre información incorrecta publicada por doña Amelia Rueda en dos de sus reportajes:

  1. En el texto final se eliminó el premio anual al mejor cantón ciclístico.
  2. No es cierto que las municipalidades de la GAM estén obligados a establecer 4 establecimientos de alquiler de bicicletas (2 en cabecera de cantón y 2 en otros distritos) sino que en el texto final quedó establecido sólo un establecimiento por cantón.
  3. No es cierto que los cantones estén obligados a construir ciclovías, existe un listado grande de intervenciones en las que se puede utilizar el dinero.
  4. No hay obligación del Estado de crear infraestructura ciclística en todo nuevo proyecto, únicamente en aquellos en los que un estudio técnico del COSEVI así lo indique.