Los empresarios María del Milagro Gamboa y Gary Stewart enviaron el día de hoy una carta dirigida a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, así como al presidente Carlos Alvarado y otros jerarcas del Poder Ejecutivo solicitando que se corrija el proyecto 20.465 “Ley para la modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río tempisque y comunidades costeras” antes de que sea aprobado por la Asamblea Legislativa.

Como parte del proyecto Paacume se realizará un embalse de 800 hectáreas para suplir de agua a la región de Guanacaste, para lo cual es necesario inundar 103 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Por esta inundación en terrenos protegidos, se asumió el compromiso de asignar más de 400 hectáreas a la reserva biológica, las cuales deben provenir de terrenos aledaños a la misma.

Sin embargo, los empresarios señalan en su carta que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) cometieron “graves errores” en la selección de los terrenos para ampliar la Reserva Biológica Lomas de Barbudal que le pueden terminar costando al Estado más de 10 millones de dólares por expropiaciones de terrenos.

En la carta se indica que en los nuevos límites de la Reserva Biológica, según establece el proyecto actualmente, se presentarían problemas con sus propiedades que afectarían de forma definitiva su uso, por lo que según el artículo 17 de la ley de expropiaciones el Estado se vería obligado a realizar la compra completa de los terrenos, lo que aumentaría el costo total de la operación.

  • Proyecto Brindis D’amor Polo y Resort, los terrenos expropiados (85 hectáreas) imposibilitarían la viabilidad del proyecto, adicionalmente al no haberse incluido una servidumbre al terreno principal no incluido en la reasignación de terreno, este quedaría rodeado por terrenos protegidos y sin comunicación exterior. Según los empresarios esta situación obligaría al Estado a tener que comprar la finca de Brindis aunque no esté actualmente incluida en el proyecto lo que representaría un gasto adicional de 8 millones de dólares dado que el terreno aislado cuenta con una Casa Club de alto valor arquitectónico que pasaría a manos del Estado.
  • Hacienda Ciruelas SP S.A:  a la cual se le expropiarían 25 hectáreas.  Los estudios técnicos realizados por la Organización de Estudios Tropicales señalaban que esa finca específicamente no era necesaria como parte de la compensación a la Reserva Biológica y que la finca utilizada para la ganadería y la expropiación afecta la única fuente de agua para los animales al cortarle el acceso a la única quebrada que es parte del terreno.
  • Finca Asetrek S.A: el proyecto incluye la expropiación del 73% del terreno (550 de 752 hectáreas), pero siendo que este era utilizado para ganado de engorde, el restante del terreno perdería su utilidad, por lo que el Estado se vería obligado a comprar también dichos terrenos.

Adicionalmente se señala que SENARA y MINAE omitieron investigar otras opciones de compra o expropiación que le hubieran dado a la Reserva Biológica una extensión mayor a un menor costo.  Entre las alternativas no contempladas los empresarios señalan en su carta que existen 4 terrenos colindantes con la Reserva de 390 hectáreas que se encuentran actualmente en posesión del MINAE, por lo que el Estado no se vería obligado a realizar ninguna compensación por la nueva asignación de esos terrenos.

Señalan también que no se contempló la opción de comprar por completo de la Finca “Asetrek”, que habría agregado una mayor extensión de terreno a la Reserva Biológica a un menor costo para el Estado,  tomando en cuenta que los dueños de esa propiedad se encuentran en disposición de vender en su totalidad al Estado, por lo que se evitaría el proceso de expropiación.

El proyecto de ley 20465 se encuentra actualmente en agenda legislativa y podría ser votado en primer debate hoy mismo, después de que fuera dictaminado favorablemente por la comisión a cargo el pasado 17 de julio. Los empresarios esperan que los diputados devuelvan el proyecto a la comisión para que se corrijan los errores que ellos señalan.