Después de lo vivido el último año en el Poder Judicial, el tema de la elección de magistradas y magistrados se ha convertido en discusión obligatoria en la academia, en la arena política, en la población general y en el propio Poder Judicial.
Propuestas sobre los plazos del ejercicio del nombramiento, sobre quién debe nombrar a las y los magistrados, qué funciones deben de ejercer estos y su relación con el Consejo Superior del Poder Judicial, han sido temas recurrentes en los últimos días.
Uno de los temas más álgidos ha sido la evaluación por aplicar a los oferentes de las plazas de la magistratura, que debería de aplicar la Asamblea Legislativa, ya que para muchos, la discrecionalidad plena que tiene el Parlamento para elegir a los miembros del Supremo Poder de la Justicia, es lo que permite que personas no idóneas lleguen a asumir estos puestos.
A raíz de las anteriores críticas, se ha promovido la aplicación de una herramienta de evaluación que considere elementos objetivos de las y los concursantes y que, a partir del análisis de aspectos como los atestados académicos y experiencia profesional, se designe a la persona idónea para asumir una magistratura.
Esta idea ha sido de recibo en la Asamblea Legislativa, que aprobó un mecanismo de evaluación que valorará los atestados académicos y profesionales, más la entrevista que se desarrolle en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, he notado una tendencia en los diferentes foros donde se discute sobre el tema, de priorizar los atestados académicos de las y los concursantes, sobre cualquier otro aspecto, abandonando la valoración de aptitudes sumamente valiosas que en definitiva debe de tener (además de la preparación académica) un magistrado o magistrada con las funciones que actualmente posee. Dentro de estas habilidades en la actual discusión nacional sobre el tema extraño las habilidades blandas de administrador que debe de tener la magistratura.
Recordemos que las y los magistrados, no solo redactan sentencias o resuelven expedientes jurídicos, sino que también tienen en sus manos la administración de un Poder que se conforma de 14 mil personas. Tienen en sus manos la dirección de comisiones que tiene a su cargo la logística del diseño y ejecución de los diferentes proyectos que impactan en la administración de justicia y deben de interactuar y liderar a las personas servidoras judiciales en su función diaria, sin dejar de lado la construcción de una sana relación con los múltiples sindicatos que existen dentro del Poder Judicial. Temas presupuestarios del Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Pública y finalmente, la difícil relación armoniosa y balanceada que deben de promover con la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
Como se puede extraer de todas las anteriores obligaciones, su relación de eficacia y eficiencia con respecto a los atestados académicos podría ser no muy cercana. No es de extrañar que personas muy preparadas académicamente, no puedan liderar con la defensa del presupuesto del Poder Judicial ante una crisis fiscal como la actual o con la implementación logística de la jurisdicción laboral o con la reforma procesal civil.
Por supuesto que es una garantía obligatoria para ser magistrada o magistrado una idónea preparación académica, adolecer de la misma garantiza que la labor jurisdiccional de la magistratura será un fracaso, pero no debemos de dejar de lado que el perfil actual para ser magistrado, debe de contemplar las habilidades humanas de la administración y del manejo de los recursos humanos, porque mientras las funciones de la magistratura se mantengan en igualdad de condiciones al día de hoy, se hace necesario que la persona que forme parte de Corte Plena no solo domine a cabalidad el aspecto técnico jurídico, sino que además maneje el tema gerencial.
Creo que el más grande ejemplo de lo expuesto en este artículo, es la figura de don Luis Paulino Mora, máximo representante del dominio de las habilidades necesarias que debe de tener una magistrada o magistrado.
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