La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió a los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que si no aprueban el presupuesto extraordinario por 600 mil millones que envió el Poder Ejecutivo, las consecuencias para el país serían catastróficas. 

Acosta compareció ante ese órgano legislativo que estudia el plan de gastos presentado por Hacienda con el propósito de cubrir deuda adquirida en diciembre de 2017 y que vence este año.

Los legisladores consultaron reiteradamente las consecuencias que tendría no aprobar ese presupuesto, afirmando que tienen "temor" de ser "cómplices" de un delito, dado que Hacienda ha estado haciendo los pagos de esos bonos sin autorización legislativa.

Para Acosta, lo ocurrido no es una "buena práctica" y por lo tanto, se encuentran haciendo una investigación preliminar para sentar posibles responsabilidades.

"La deuda debía honrarse porque de no hacerlo, se habrían tenido consecuencias funestas, pero esto no es un cheque blanco para este gobierno, ni para el anterior, ni para los que vienen", señaló la Contralora.

De algunas de las preguntas de los diputados se desprendía la intención de averiguar si era posible no aprobar ese presupuesto extraordinario, sin embargo, Acosta advirtió que si no lo hacen solo habrá dos caminos: buscar los recursos de partidas como remuneraciones e inversión; o dejar de pagar.

"Espero que ustedes puedan dimensionar lo que tienen en sus manos. Como órgano auxiliar les recomiendo aprobarlo. No hay otro camino. De no pagar las consecuencias serían catastróficas", agregó.

La Contraloría viene advirtiendo desde el año 2013 de la necesidad de una reforma fiscal. Asimismo, señaló que el anterior gobierno incurrió en prácticas presupuestarias poco transparentes, como por ejemplo, no incluir como gastos las inversiones no recuperadas en Bancrédito y hacer colocaciones de bonos a muy corto plazo.

Además, Acosta le dijo a los diputados que en reiterados informes de esa institución se ha advertido de lo que se avecina y que aunque esos señalamientos no son vinculantes para los diputados, deberían tomarlos en cuenta porque al final de cuentas, son ellos los tomadores de decisión.