Opinión

Alice H. Shackelford & Randall Brenes Suárez

Aportes desde el PNUD para la discusión sobre la desigualdad en Costa Rica

24 de agosto, 2018 2:16 am
Aportes desde el PNUD para la discusión sobre la desigualdad en Costa Rica
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Nos sumamos a la iniciativa de Delfino.cr para promover, a partir del artículo de OZY “El país donde la felicidad y la desigualdad van de la mano”, una discusión sobre la desigualdad en Costa Rica. Queremos contribuir a ella desde la experiencia del PNUD, con alguna información adicional, no considerada en dicho artículo por la periodista Jules Franco, seguramente debido a razones de espacio.

Para estos fines, por desigualdad nos referimos a aquella que tiene que ver con la distribución de ingresos. Hay otras formas de desigualdad como la que afecta a las mujeres, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, población migrante, población LGTBI, entre otras, a menudo asociada a la de ingresos, pero que debemos tratar por separado. Además, se habla del problema que significa la desigualdad por ingresos en sociedades donde un importante porcentaje de la población vive en situación de pobreza.

A partir de los años 40 Costa Rica muestra un excepcional desempeño de políticas públicas, que permiten disminuir tanto la pobreza —que pasa del 50% en 1950 a un 20% en 1980— como la desigualdad. Esto se acompaña de un aumento significativo de la tasa de matriculación en el sistema educativo, así como una extensión cuantitativa y cualitativa del sistema de salud con miras a su universalización. Servicios públicos esenciales como agua potable y electricidad, sufren una expansión en calidad y cobertura con pocos equivalentes en el mundo.

La crisis de los 80 transforma profundamente la situación económica y contrae sensiblemente los programas sociales. Se produce un retroceso dramático que tiene efectos nefastos en el cumplimiento de derechos fundamentales, entre ellos, la educación, con expulsión masiva de estudiantes de las aulas.

El derecho a la educación es un derecho en sí mismo, pero también es un medio indispensable para el cumplimiento de los demás derechos humanos. El deterioro en la calidad y cobertura de la educación supone, necesariamente, un deterioro en el goce de los demás derechos. A menos años de educación se encuentran menos capacidades de empleabilidad, cuido de la salud, ejercicio de las libertades y, así, con cualquier otro derecho. La imposibilidad de acceder a la educación no solo es un indicador de desigualdad sino también un promotor de ella. Para sumar al problema, según estudios internacionales, el grado educativo de los padres, especialmente de la madre, es un predictor del éxito educativo de los hijos. El deterioro de la educación en los 80 no solo fue un resultado trágico de la crisis sino también un promotor de la exclusión futura de muchas personas de oportunidades de desarrollo.

Como respuesta a la crisis, Costa Rica fue exitosa en la reconversión de su modelo económico, en uno mucho más complejo y especializado. En el nuevo escenario, aquellos con mejores capacidades pudieron insertarse y lograr una movilidad exitosa. Pero también un amplio sector no pudo “subirse” a ese tren del desarrollo y quedo excluido de sus beneficios, a no ser de manera marginal u ocasional. Este elemento, entre otros, contribuye a explicar parte de la pobreza estructural que afecta desde los 90 a alrededor de un 20% de la población. Si bien es cierto que esa población no es estática y hay personas que entran y salen de ella, esa dinámica muestra su permanente vulnerabilidad. Para comprender adecuadamente este problema, también hay que considerar una lectura con análisis de género que dé cuenta de la manera diferenciada y más lesiva que afecta a mujeres en situación de pobreza, en especial jefas de familia.

A pesar de lo dicho, Costa Rica mantenía, hasta principios de este siglo, un desempeño comparativamente mejor que otros países de materia de igualdad. Para 2000 el valor del coeficiente de Gini en Costa Rica era de 0,474, mientras el promedio regional era de 0,541. Sin embargo, para 2014 esta situación se invierte y ese promedio baja a 0,491 mientras que el valor en Costa Rica aumenta a 0,505. Para 2016 llega a 0,521. Si lo desagregamos por regiones de desarrollo, encontramos un peor desempeño en la Huetar Brunca y Norte, solo para recordar que la desigualdad y la pobreza se viven diferente en distintos lugares del país.

Otra dimensión de esa desigualdad creciente se puede advertir cuando encontramos que, para 2016, el 20% de hogares del país con mayores ingresos concentra el 50,7% de los ingresos totales mientras que el 20% más pobre reúne el 3,9%

Persiste, además, una alta expulsión del sistema educativo, especialmente de niños y niñas en situaciones de pobreza, que permite pronosticar una difícil vinculación futura al mercado laboral y una debilitada capacidad para el goce y defensa de sus derechos, según lo que se dijo anteriormente.

Algo equivalente sucede con el acceso al sistema de salud de personas en pobreza, así como el acceso a otros derechos y servicios, lo cual alerta sobre la profundización del problema.

Hay buenas noticias. Se ha recuperado la inversión social de principios de los 80 como porcentaje del PIB y también se perciben esfuerzos gubernamentales para hacerla más eficiente, con algunos buenos resultados. Pero, claramente, queda mucho por hacer.

Además, es insuficiente este esfuerzo sino se acompaña de políticas públicas de inclusión y no discriminación que garanticen la creación de oportunidades para todas las personas, sin distinción alguna.

Asimismo, es urgente avanzar en una política fiscal progresiva, pues la vigente tiene una importante base regresiva que no solo complica más la situación de las personas que viven en pobreza sino también afecta las oportunidades del país de construir una economía próspera e inclusiva para todos y todas.

Costa Rica ha mostrado en su historia una gran capacidad por asumir desafíos fundamentales en momentos críticos. Hay innumerables ejemplos de cómo ha evitado el camino fácil para escoger el correcto. Estamos hoy frente a una disyuntiva de ese tipo. Es urgente que todos los actores vinculados y comprometidos con el desarrollo del país, asumamos el compromiso de construir acuerdos sobre la base del bien común y logremos la aspiración de llegar a la Costa Rica del bicentenario sin dejar a nadie atrás.

Alice H. Shackelford & Randall Brenes Suárez

Alice H. Shackelford es coordinadora Residente Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica.
Randall Brenes Suárez es oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica.

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