El régimen autoritario de los Ortega-Murillo en Nicaragua no solo ha traicionado el legado de Augusto Cesar Sandino que juraron defender contra la dictadura de los Somoza y los más elementales principios democráticos. Se ha convertido, así sin más, en un régimen salvaje que atenta contra la integridad de su pueblo de formas que creíamos ya superadas hace años en nuestro vecino del norte.
Las voces de alarma vienen de distintos organismos internacionales, medios de comunicación, gobiernos y ONG desde el 18 de abril que iniciaron las protestas. La desproporcionada forma de reprimir manifestantes ha traspasado todos los límites y ahora, lo que vemos es un escenario de desesperación, sangre, muerte y destrucción que parece acrecentarse todos los días.
La Mesa de Diálogo es un callejón sin salida. Los llamados de atención de los gobiernos y los organismos internacionales han sido ignorados. Las noticias de medios locales han sido acalladas. Las cifras que reporta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ante los múltiples atropellos, son desacreditas por el régimen.
No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido siguiendo el pulso a la situación a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que llegó a Managua el 24 de junio, y en su más reciente informe nos revela acontecimientos aterradores.
En términos generales, pero no menos preocupantes, se reporta un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias y agresiones en perjuicio de estudiantes, trabajadores, integrantes de la iglesia católica y jóvenes, así como ataques dirigidos a instalaciones universitarias, medios de comunicación y algunos recintos específicos.
El MESENI documentó actos de represión selectiva por medio de allanamientos ilegales de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques. Como consecuencia de estas acciones, un gran número de personas se han visto forzadas a huir de sus casas y esconderse, a desplazarse a otros lugares tanto dentro como fuera del país; lo que está generando también una nueva modalidad de represión relacionada con la toma de tierras e invasión de propiedad privada como una forma de intimidación.
Asimismo, las operaciones de orden público denominadas “operación limpieza”, que han recrudecido el actuar de las fuerzas aliadas al gobierno, dejan en evidencia un escenario de aumento de muertos, heridos y desaparecidos. Además, de la implementación de armas de uso exclusivo del ejército, entre ellas lanzacohetes y granadas, en el proceso de levantamiento de los tranques. Toda vez que, en el marco de cobertura de hechos de violencia, se registran agresiones físicas a periodistas, robo y rotura de equipos, lo que ha afectado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Pero el terrorismo de Estado no termina con estos hechos. La CIDH ha dejado en evidencia incomunicación de las personas detenidas y falta de control judicial; adolescentes que se encontrarían privados de libertad; abuso y violencia sexual contra menores de edad, en especial después de ser detenidos; así como niñas, niños y adolescentes que estarían expuestos a situaciones de desplazamiento interno, migración forzada y separación de familias. También, existirían denuncias sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
El #SOSNicaragua se hace sentir en redes sociales, pero es poco lo que se esté haciendo al respecto. Más allá de tímidas declaraciones que invitan a una “salida negociada del conflicto”, las formalidades de la diplomacia parecen no ser suficientes para defender las libertades fundamentales de seres humanos que sufren bajo un régimen autoritario.
Recordemos que la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en asuntos de otros Estados, son principios de derecho internacional que aplican entre democracias con condiciones básicas de libertad y justicia; no pueden ser una mordaza para callar ante las atrocidades.
En nuestro continente, la Carta Democrática Interamericana representa un instrumento determinante en la intrínseca relación entre democracia y derechos humanos, facultando a los Estados Parte a ser garantes de ella en las demás naciones, pudiendo invocar distintos mecanismos para sancionar a los Estados que, como en este caso, se alejen de los principios elementales de la institucionalidad democrática.
Pero no solo se trata de los instrumentos que brinda la OEA, se trata de hacer también un llamado a los Estados a dar una utilidad funcional de los demás foros, organismos y mecanismos de integración, porque si no son capaces de tomar acciones en defensa de la población civil y el Estado de Derecho, debemos entonces replantear su marco de acción para hacer frente a estas y otras situaciones que creíamos superadas, pero que demuestran estar aún vigentes en detrimento de la institucionalidad democrática y los derechos humanos.
Parece que la única salida viable al corto plazo es medir fuerzas en las urnas con los votos en comicios adelantados y no en las calles con las armas. Para ello se requiere precisamente del acompañamiento de la comunidad internacional para garantizar transparencia y seguridad para todos los actores sociales en el proceso.
Sin embargo, ha quedado en evidencia que los retos para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática son mucho más integrales, profundos y urgentes.
Es en estas dos vías en las que deberían de concentrarse los esfuerzos para devolver la paz y la estabilidad a nuestro vecino del norte.
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