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Con lo que hoy sabemos acerca de la esencia de la función jurisdiccional, del imperativo de la cultura democrática y la independencia del juez en los países civilizados, queda en evidencia que una estructura de gobierno del sistema a cargo de un colegio de jueces en ejercicio llamado Corte Suprema de Justicia, colocado como jerarca administrativo, a la vez que como instancia última de lo judicial, iba a terminar generando en muchos de sus miembros una ilusoria conciencia de supremacía e impunidad; a la vez que un ambiente de temor, cautela y desaliento en los estratos jerárquicamente subordinados. Hemos llegado a ese punto.

Hoy sabemos también que la completa equiparación entre juez y juez, cualesquiera sean las funciones que realicen, es la salvaguarda de su independencia y la regla de oro de la Justicia, constituyendo así uno de los sillares de su organización. Si hay jerarquía entre jueces, la independencia del inferior penderá siempre de un hilo. Así lo han dicho y reafirmado los más ilustres juristas que han visitado nuestro país en los últimos años; lo proclaman las asociaciones de jueces más importantes del mundo civilizado. Pero nada de eso parece haber traspuesto el umbral del Palacio de Justicia, en el Barrio González Lahmann. Antes bien, un buen grupo de magistrados de la Corte –me consta personalmente— se han negado siquiera a considerar el punto; y no es descabellado pensar que esa actitud se origine en una firme voluntad de no renunciar a los poderes que les depara su condición de jerarcas, ni a ninguno de los privilegios que, año con año, han venido acumulando gracias a esa misma condición. De dicha actitud hemos tenido una prueba elocuente hace pocos días.

Para peores, la posición institucional de la Corte se encuentra, de viejísima data, lastrada por su vulnerabilidad frente al Poder Legislativo y, por ende, frente a las cúpulas políticas que señorean por encima de dicho Poder; y esa vulnerabilidad nunca remediada se ha trocado cada vez más en vulneración efectiva de la dignidad de la Justicia: toda una Sala de la Corte ha escamoteado de modo flagrante un cúmulo de evidencias gravísimas para apurar, en tiempo récord, la desestimación de sendos procesos contra dos mal llamados ‘padres de la Patria’. Y ¿cuántas otras cosas de ese estilo estarán todavía por allí, en espera de que una mano justiciera las ponga al descubierto?.

Hoy estamos ante la enésima expresión de la crisis profunda que sacude nuestra Corte Suprema: una minoría no menos vergonzante que perversa, en un acto de exquisita complicidad, ha hecho posible que aquel ilícito de toda una Sala resulte penado con amonestación; con lo cual ha propinado, a la vez que votaba aquel adefesio, una alevosa y gigantesca bofetada en el rostro del Pueblo costarricense. Pero ¿qué le importa el Pueblo costarricense a semejante recua, sólo interesada en medrar?. Se nos ha explicado que esas son las reglas del juego: pessima lex, sed lex (Aunque mala, la ley es la ley). Cierto. ¡Pero precisamente esas reglas, junto con la Corte que las aplica, es algo de lo mucho que debe desaparecer de nuestro sistema institucional! ¡Los magistrados –ojalá sólo los buenos- deben regresar a sus funciones judiciales, a ganarse su pan con buenas sentencias!

Aparte de todo eso, la decisión de la Corte Plena nos enseña que el trabajo corruptor de los políticos que manipulan desde hace décadas los nombramientos de los magistrados, para colocar gente menguada y servil en el cenit de la Justicia costarricense, está rindiendo sus letales frutos. Ante la gravedad del hecho, votar una amonestación como respuesta institucional del más alto cónclave del Derecho y la Justicia del Estado, tiene casi el sabor de una distinción, el sabor de un premio: ¡Bravo, muchachos, así se hace! ¡Por la impunidad de nuestros mentores! Todo ello evoca las fiestas inter-poderes, los entendimientos que anticipan prevaricatos, los centenares de telefonemas para despachar los buenos negocios a la sombra del poder. Las paredes del templo de la Justicia rechinan, y ya no sabremos dónde están el bien y el mal.

¿Hasta dónde piensan llegar? O mejor aún ¿hasta dónde los dejaremos llegar?