El 20 de febrero del 2017, los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez, Doris Arias, Celso Gamboa y María Elena Gómez acogieron una solicitud de la Fiscalía General de la República para desestimar una causa por tráfico de influencias seguida contra los diputados Otto Guevara (ML) y Víctor Morales Zapata (PAC).
Los legisladores fueron denunciados por, supuestamente, ejercer presiones para reformar el Reglamento de Cementos Hidráulicos, que permitió a la empresa Sinocem de Juan Carlos Bolaños Rojas importar cemento desde China.
La fiscala general subrogante de ese entonces, Berenice Smith, afirmó a los magistrados que un estudio de llamadas del OIJ no había encontrado contactos entre Bolaños y ambos diputados. Sin embargo, el informe decía todo lo contrario y también reveló contactos entre el empresario, Morales Zapata y Guevara Guth, los cuales Smith negó en su informe que existieran.
Carlos Chinchilla, instructor de este caso, refrendó esa mentira en una resolución que fue conocida y firmada en 6 días por los demás integrantes de la Sala Tercera al desestimar el caso. Por ello, fueron denunciados y la Corte los declaró culpables de falta grave, la cual es sancionada con suspensión sin goce de salario o amonestación escrita.
La suspensión debía ser aprobada por al menos 15 magistrados, sin embargo, inicialmente solo recibió el voto de 12 por lo que se aplicó un castigo de papel. Cinco días después, y luego de que Carlos Chinchilla anunciara que se jubilaba, la Corte Plena cambiaría su decisión original modificando la sanción escrita por una suspensión de 2 meses sin goce de salario.
Tras el cambio del castigo, las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez presentaron solicitudes de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, las cuales fueron otorgadas de forma expedita por el juez Alcevith Godínez. Por ello, la Fiscalía General abrió una causa penal por prevaricato y tráfico de influencias, donde también se investiga a Iris Rocío Rojas (Sala Segunda) y José Paulino Hernández (Sala Constitucional).
Posteriormente, dos jueces del Tribunal Contencioso eliminaron las medidas cautelares a favor de las magistradas, con lo cual el castigo quedó en firme, sin embargo, Doris Arias prefirió acogerse a la jubilación a partir del 30 de julio.
Un tercer juez rechazó la solicitud de medida cautelar que solicitó el magistrado Jesús Ramírez, el mismo día en que se programó la elección del nuevo Presidente de la Corte. Por ello, no pudo participar del proceso que dejó electo a Fernando Cruz como cabeza del Poder Judicial.
