En el bus, en el mercado, en los círculos académicos, entre los funcionarios judiciales, entre la gente, hay un sentimiento, casi un grito desesperado: “que renuncien los magistrados que han mancillado el Estado constitucional, democrático y social de derecho”. Que se vayan para sus casas y no dañen más lo que ha sido “el trapito de dominguear de los costarricenses”: el Poder Judicial.
Sí, la gente está indignada porque no se explican cómo la Corte Plena impuso a la ex fiscal subrogante Berenice Smith una sanción de suspensión de dos meses sin goce de salario, ya de por sí es una sanción débil y ridícula, y a sus colegas magistrados, solo una amonestación escrita, cuando la investigación versó sobre los mismos y condenables hechos. ¿Cómo se explica esa diferencia de trato? ¿Por qué los magistrados se sirven con la cuchara grande y utilizan como chivo expiatorio a la señora ex fiscal? ¿Acaso es una muestra de cómo el poder se auto protege para esconder sus abusos y arbitrariedades? ¿Por qué tanto secretismo en un sistema político fundado en la soberanía popular, la publicidad de las actuaciones públicas y el principio de responsabilidad?
Las respuestas a esas preguntas no hay que buscarlas muy lejos. Desde el interior del propio Poder Judicial, con una gran valentía porque arriesgan mucho, los jueces y gremios en general, lo explican con meridiana claridad. Por ejemplo, en comunicado público de fecha 13 de julio de 2018, decenas de funcionarios judiciales han denunciado el uso inadecuado del poder otorgado por la ciudadanía a lo interno del Poder Judicial, así como algunas prácticas opacas que debilitan la administración de justicia y comprometen la independencia judicial.
Por su parte, la jueza Rosaura Chinchilla, ha denunciado que “el Poder Judicial sufre los embates de un oleaje fortísimo que, paradójicamente, se origina en su interior, en su misma cúpula (…) Esos golpes se manifiestan de diversas maneras, todas nocivas: el uso de recursos públicos para beneficio propio; el desprestigio internacional, producto de sucesivas condenas de tribunales de derechos humanos (…) y; la desmejora en la calidad del servicio de la justicia, tanto por la incapacidad de reacción adecuada ante la mercantilización y la deficitaria formación jurídica, como por la mora judicial y la poca visión en la gestión”.
Ante hechos tan graves, como sociedad tenemos que reaccionar, no podemos continuar pasivamente atenidos a las engañosas mieles del “pura vida”. El país va mal y la situación se complica con celeridad, así se establece en el último informe del Estado de la Nación (2017), en el que se nos compara con una tortuga patas arriba.
La pregunta, entonces, es ¿qué hacer? En el caso concreto de la impunidad de los magistrados que se han burlado de su investidura, del Poder Judicial y del Estado de derecho, la solución es que renuncien. ¡No tienen otra alternativa! Además, en aras de la transparencia pública y del principio de responsabilidad, la Asamblea Legislativa debe exigir a los magistrados una explicación de cómo votaron y por qué la diferencia de trato, con respecto a la ex fiscal Berenice Smith.
Por otro lado, desde el plano de las soluciones de mediano y largo plazo, como tantas veces lo he dicho, se requieren, urgentemente, reformas de jerarquía constitucional. Con el propósito de fortalecer la transparencia del Poder Judicial, se recomienda que las votaciones y sesiones en las que se discutan asuntos de interés público, no sean secretas, sino públicas y nominales, es decir, que cada magistrado haga público su voto.
Con el propósito de despolitizar el Poder Judicial, se debe reformar el sistema de elección de los magistrados, pues con el paso del tiempo, lamentablemente, se fue convirtiendo en un botín político amenazando la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
Con el propósito de garantizar la madurez, experiencia y sabiduría en la cúpula de la Corte, pero sobre todo, su independencia del poder político, se debe modificar la edad que hoy se establece para ser magistrado de 35 a 50 años. En cuanto a la duración de la designación, se debe establecer un solo período de diez o doce años.
Con el propósito de mejorar la calidad del servicio, se requiere regular con mayor rigor el derecho a la tutela judicial efectiva, para garantizar que la administración de justicia se haga de manera pronta y cumplida y con estricto apego a los términos procesales que establezca la ley.
Con el propósito de afianzar la rendición de cuentas y la evaluación de resultados, se debe responsabilizar a los magistrados y jueces en general por el perjuicio que causen a las partes por el retardo, negligencia y denegación de justicia o por errores judiciales y el quebrantamiento de la ley.
Con el propósito de eliminar los abusos de poder y mejorar el gobierno de la Corte Suprema de Justicia, se requiere modificar el centralista y autoritario gobierno de la Corte. Para lograrlo es necesario, entre otras acciones, eliminar todas las funciones administrativas --incluyendo como es obvio las disciplinarias-- a los Magistrados y, en su lugar, otorgarlas, por ejemplo, a un renovado Consejo Superior de la Judicatura.
Los hechos están claros, el diagnóstico es preciso y el peligro inminente, no podemos continuar posponiendo soluciones. Los jueces, los de abajo, no los de arriba, en su comunicado del 13 de julio, nos han pedido a los ciudadanos que luchemos, a través de los medios jurídicos a nuestro alcance, para preservar y asegurar la institucionalidad democrática y republicana del país, nos instan a organizarnos y luchar. ¿Qué estamos esperando? No basta con escandalizarnos, hay que pasar de las palabras a la acción. Por lo pronto, denunciemos y organicemos una marcha por el adecentamiento del Poder Judicial. Llegó el turno de actuar.
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