1.
Editorial
El protocolo para que se implemente el artículo 121 del Código Penal no amplia en ningún modo la norma ya establecida, vigente desde hace casi 50 años. Esto es un hecho absoluto, no es una cuestión de “interpretación” como neciamente insisten muchos irresponsables en sugerir. No. La ley ya existe. Necesitamos aplicarla. Punto. ¿Por qué nos cuesta tanto entender algo tan sencillo? La respuesta es siempre la misma: educación. Hay un abismo de ignorancia frente a nosotros y no encontramos los puentes apropiados y oportunos para cruzarlos. ¡La brecha es inmensa y nos está saliendo carísima!
De nada sirve que en el círculo “académico”, “profesional” e “intelectual” nos pasemos mil veces el editorial de Alfredo Leuco sobre la importancia del modelo educativo uruguayo —aplicado hasta en el fútbol— si no somos capaces de ir más allá del “claro, ¡qué bien dicho! ¡tal cual!”. Necesitamos entender que como país estamos fallando aparatosamente cuando un profesional de la altura de Rodolfo Piza no es capaz de aceptar y comprender el daño que le está haciendo al Costa Rica con su testarudez.
Costa Rica no solo le está fallando a las mujeres —de forma inaceptable e inhumana—, está a las puertas de otro ridículo internacional todavía peor que el de la fecundación in vitro. ¿Acaso no nos importa el peso que tiene ser referentes por generar este tipo de jurisprudencia atroz una y otra vez? Si este Gobierno —amarrado del brazo por Piza— no aprueba el protocolo una sola cosa va a suceder: nos van a condenar. Es así de sencillo.
El protocolo para implementar el 121 que negoció el Gobierno de Luis Guillermo Solís era la "salida amistosa" al caso que presentaron Ana y Aurora a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Si la CIDH ve que el país ha retardado injustificadamente su implementación procederá, sin duda alguna, a presentar la demanda ante la Corte. ¿El resultado? Lo dicho: nos-van-a-condenar.
Seríamos, entonces, y una vez más, la vergüenza de la región en Derechos Humanos. Es impresionante: insistimos en vendernos al mundo como una nación profundamente subdesarrollada que no ha terminado de arrancar ni el siglo XX y que sigue discutiendo si está bien proteger la salud emocional y física de las mujeres en el año 2018... ¡Pero por favor!
Más allá del enorme costo político que le obliga a pagar al presidente Carlos Alvarado con la base progresista que le dio la presidencia (¡y con las mujeres!) don Rodolfo, al imponer sus “creencias religiosas” (no existe otro argumento válido para detener el protocolo) atenta contra los intereses del país entero. Esto es especialmente perturbante cuando hablamos de un doctor en Derecho especializado en Derechos Humanos e hijo de quien fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si alguien con semejantes atestados y con tales precedentes no es capaz de entender las gravísimas consecuencias —legales y económicas— de una condena de la Corte... ¿cómo vamos a pretender que lo comprenda el restaurador promedio que llega a la Asamblea Legislativa solo por haber sido pastor? Así de grave es la situación. Así de grave que de 57 diputados si acaso 3 o 4 parecieran ser capaces de entender lo que realmente está pasando detrás de toda la cortina de humo que ciertos sectores irresponsables insisten en promover.
Sí. Equiparar el aborto legal al aborto impune es propio no solo de ignorantes e insensibles, sino de irresponsables. ¡Cuántos años más de sufrimiento tendrán que soportar las mujeres y niñas costarricenses porque a unos señores se les atraviesa la religión entre la Constitución Política y el mínimo sentido de humanismo? Tenemos que terminar de entender que no estamos hablando de creencias, estamos hablando de derechos. Derechos que ya existen; ya han sido aceptados y reconocidos... simplemente insistimos arbitrariamente en desconocerlos. ¡Y nos van a condenar por ello!
Por si fuera poco, a la hora de explicar la camisa de once varas en la que se metió Alvarado no encuentra ni el tono ni el tino. ¿Quién asesora a Carlos? No tengo idea. Quizá el mismo grupo de gente que piensa que un país se gobierna desde la arrogancia y la prepotencia, como si no existieran cien mil documentales sobre la importancia del diálogo, el consenso y el respeto. Ver en conferencia de prensa al presidente agitando el brazo enojado y frustrado porque el tema acapare titulares flaco favor le hace al pobre contenido de sus palabras.
Por supuesto que si el país quiebra vamos a entrar en una crisis horrorosa que disparará todavía más el problema de desigualdad que ya sobrellevamos con consecuencias más que obvias: miseria y violencia al por mayor. Sí, el déficit fiscal no aguanta más. ¡Lo hemos repetido muchas veces ya! Hasta nuestro Seguro Social está en juego. Es comprensible, entonces, que el presidente esté más que angustiado por la cercanía del barranco, pero muy a pesar de eso no puede darse el lujo de hablar de “prioridades” cuando de derechos humanos se trata.
Las prioridades, frente a las minorías y las poblaciones vulnerables, siempre parecieran otras. No puede ser Alvarado el tipo de presidente que se permita estos deslices, especialmente cuando él sabe que es su obligación cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica y que sus electores tienen todo el derecho a recordárselo. Y sobre todo: a esperar más de él. “Es por vos”, les dijo. No puede ahora olvidarlo. Porque ese “vos” es el voto joven, el que lo eligió, el que quiere todos los derechos para todas las personas, el que quiere equidad, igualdad y libertad, el que entiende que nada le impide a un Gobierno trabajar distintos temas a la vez, desde diferentes frentes.
