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En una democracia madura como la costarricense, se espera contar con un sistema judicial que garantice a todas las personas una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todos. Esto es así, porque los jueces desempeñan un papel fundamental en la resolución de conflictos, el mantenimiento del orden, la paz, la seguridad jurídica y el resguardo del Estado de derecho y, en consecuencia, de la democracia.

No obstante lo anterior, los recientes escándalos generados alrededor de las autoridades superiores del Poder Judicial, han evidenciado ante toda la población, problemas acumulando desde hace muchos años y que se comentan todos los días en el foro: la diaria violación del derecho humano a la justicia pronta y cumplida, al principio de la independencia de los jueces y al deber de probidad. Del mismo modo, se crítica severamente el procedimiento mediante el cual se eligen los magistrados y la centralizada, vertical y autoritaria forma en la que se gobierna dicho Poder.

Dada esta crisis tan aguda que sufre el sistema judicial, se requieren profundas reformas constitucionales, para que el Poder Judicial vuelva a hacer el “trapito de dominguear de nuestra democracia”. No podemos continuar posponiendo las soluciones que con tanta urgencia requiere el país. ¡Para mejorar hay que cambiar y para mejorar mucho hay que cambiar mucho!

Para lograrlo, lo primero que se tiene que hacer es despolitizar el sistema de elección de los Magistrados, que con el paso del tiempo, lamentablemente, se fue convirtiendo en un botín político, con lo cual se amenaza la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. En tal sentido, se sugiere que cada vez que se produzca una vacante de cualquiera de las Salas, que la Asamblea Legislativa designe al sustituto, respetando la paridad de género, a partir de ternas técnicamente prepararas por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia.

Con el propósito de garantizar madurez, experiencia y sabiduría en la cúpula de la Corte, pero por sobre todo independencia del poder político, se debe modificar la edad que hoy se establece para ser Magistrado de 35 a 50 años. La magistratura ha de ser la culminación de una exitosa carrera profesional, que permita a los aspirantes hacerlo, sin ataduras ni compromisos de ninguna naturaleza, ni la necesidad de demostrarle lealtad política a nadie.

Sumado a lo anterior, también se sugiere que la designación se haga por un solo período de doce años; inclusive, se podría pensar que sea vitalicia. El sistema actual, condicionado a periodos de elección y reelección de ocho años, provoca peligrosos coqueteos de los magistrados con las autoridades políticas superiores y los poderes invisibles del sistema, con tal de garantizarse su reelección. ¡Ese cáncer que carcome la integridad del Poder Judicial hay que extirparlo de raíz!

Con el fin de profundizar la calidad de los servicios y la responsabilidad de los magistrados y, en general, de los jueces, es necesario establecer, de forma expresa en la Constitución, que corresponde al Poder Judicial garantizar el principio de la tutela judicial efectiva. Para lo cual se requiere establecer, que la administración de justicia se hará de manera pronta y cumplida y con estricto apego a los términos procesales que establezca la ley. Asimismo, que los jueces responderán por el perjuicio que causen a las partes por el retardo, negligencia y denegación de justicia o por errores judiciales y el quebrantamiento de la ley.

Por último, también con carácter de urgencia, se requiere modificar el centralista y autoritario gobierno de la Corte. No es posible que los Magistrados con tan buenos salarios se desgaten, en detrimento de la calidad de justicia, en aspectos administrativos. Ese sistema de gobierno, que se complementa con catorce comisiones administrativas integradas con Magistrados, además de generar ineficiencia e ineficacia, mantienen en un estado permanente de terror a los funcionarios judiciales, todo lo cual termina afectando la independencia de los jueces. De ahí la conveniencia de eliminar todas las funciones administrativas --incluyendo como es obvio las disciplinarias-- a los Magistrados y, en su lugar, otorgarlas, por ejemplo, a un renovado Consejo Superior de la Judicatura.

La Constitución Política es un producto de la cultura, una especie de técnica que tiene por fin la organización del Estado y la sociedad mediante normas jurídicas. Desde este punto de vista, cuando la estructura jurídica del Estado no responde o satisface adecuadamente las necesidades, así como los principios y valores de la gente, la reforma de la Constitución puede operar como un instrumento de cambio o para superar los obstáculos, que la misma normativa constitucional puede estar provocando. Entonces, entendiendo que la Constitución no es una ley eterna, sino un proyecto de vida, dispongámonos a reformarla, para que el Poder Judicial vuelva a hacer un faro de luz y de orgullo de la democracia costarricense.