La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) junto con efectivos de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron este jueves a la oficina del juez Alcevith Godinez Prado para secuestrar documentos, luego de que suspendiera el castigo que la Corte Plena impuso a las magistradas Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés.
Según confirmó el Ministerio Público, a las 7:30 a.m. de este jueves se abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato (emitir resoluciones contrarias a la ley), con el propósito de investigar las actuaciones y participaciones de funcionarios judiciales quienes tuvieron relación con el trámite y resolución de las medidas cautelares solicitadas por ambas magistradas.
"La FAPTA ordenó a la policía judicial secuestrar elementos probatorios relevantes para la investigación, diligencia que está siendo ejecutada en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José. Es importante señalar que la diligencia que se realiza es secuestro de documentos y no allanamiento", declaró la Fiscalía en un comunicado.
La Corte Suprema de Justicia informó esta mañana que el juez Godínez Prado ocupa de forma interina la plaza de Juez 3, con nombramientos en ese cargo desde el 9 de abril del 2012 y de forma ininterrumpida desde el 2 de abril del 2014, en sustitución de una jueza que está nombrada desde entonces, de forma interina en el Tribunal de la Inspección Judicial.
Godínez fue quien atendió y resolvió a primera hora del miércoles y jueves las solicitudes de medidas cautelares ante causam planteadas por ambas magistradas en horas de la madrugada, ordenando suspender la puesta en vigencia de la sanción, así como la publicación del expediente del caso.
El Ministerio Público indicó que por seguridad en la preservación de la prueba, la Fiscalía ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada, ni en aspectos adicionales del proceso penal.
