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El cinismo, es decir, esa capacidad para formular mentiras sistemáticas e intentar maquillarlas como verdades generalizadas, es de las conductas más perversas que tienen los seres humanos. Peor aún, cuando nos enfrentamos al “cinismo político” de ciertos mandatarios y mandatarias en nuestra América Latina, como es el caso del matrimonio Ortega-Murillo en Nicaragua.

A modo de ejemplo, estas palabras de la señora vicepresidenta respecto a la reacción gubernamental frente a las protestas masivas que se presentan en ese país desde el pasado 18 de abril: “Con nuestra fe, hermanos, estamos venciendo, estamos llenando nuestra Nicaragua de esperanza, estamos proclamando la hermandad, la fraternidad, y la restauración, la restitución de las rutas de prosperidad en nuestra Nicaragua”. No hace falta ser teólogo para comprender que algo no calza entre su mensaje religioso de amor y unión, y las más de 300 personas asesinadas, a raíz de la represión desencadenada por la Policía Nacional y grupos paramilitares (se presume que miembros del Ejército también podrían estar implicados) ante el descontento popular con el gobierno.

Ese mismo discurso se disipa al evidenciar que de esa totalidad de víctimas mortales, según la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con Niñez y Adolescencia (CODENI) , 25 corresponden a niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) de entre 5 meses y 17 años de edad. En este punto quiero centrar el resto de esta reflexión.

Violaciones a los derechos de las NNA en el contexto de las manifestaciones

En cuanto a dichas personas menores de edad fallecidas, se reporta que la mayoría de adolescentes presentaban impactos de bala en la cabeza, cuello, pecho o abdomen, lo que demuestra que fueron ejecutados. Esto habla de un claro uso desproporcionado de la fuerza, prohibido por los mecanismos internacionales que resguardan el derecho a la protesta pública.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala en su informe realizado tras su visita a Nicaragua, que otros derechos y garantías fundamentales también han sido vulnerados por el Estado, incluidos los de las NNA. Por ejemplo, testimonios de familiares del adolescente Álvaro Conrado, a quien un supuesto francotirador le disparó mientras pasaba agua a los jóvenes que se defendían del ataque policial en la Catedral de Managua, indican que en el Hospital Cruz Azul se negaron a recibirlo. Pese a que lo trasladaron a otro centro médico, él murió por no recibir atención médica inmediata.

Además, en la misma línea de irregularidades en el acceso al derecho a la salud, ha habido restricciones para la salida y el tránsito de ambulancias, y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias.

El informe de la CIDH también menciona las detenciones arbitrarias de al menos 507 personas (la mayoría jóvenes y adolescentes), sin basarse en los motivos previstos en la ley y sin cumplir las formalidades previstas en esta. A su vez, se documentaron testimonios de personas detenidas que fueron sometidas a distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su período de detención y privación de libertad.

Por otro lado, esta caótica situación ha provocado traumas serios en la formación de las personas menores de edad, ya que se exponen a altos niveles de estrés, y quienes han perdido a sus familiares adultos, les será más complicado superarlos sin su apoyo.

Algunas reacciones urgentes

Como propuesta de solución, la CIDH elaboró un paquete 15 recomendaciones, las cuales han presentado inmensas complicaciones para cumplirse dado el hermetismo del gobierno y su mantenimiento de la represión. Sin embargo, se ha avanzado en la recomendación de “crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.”

Al respecto, el pasado 3 de julio la CIDH presentó en Managua al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) , el cual hará una investigación durante seis meses (con posibilidad de prórroga) en el país para esclarecer los crímenes ocurridos durante la crisis. Los expertos tendrán autonomía e independencia para operar y sus miembros tendrán acceso a los expedientes de investigaciones y de seguridad.

Otra recomendación de la CIDH de activación imperante propone “garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.”

Esto se torna clave para reestablecer el respeto al “principio de interés superior del niño”, lo que en lenguaje jurídico significa posicionar en el centro a las personas menores de edad, respaldando así su condición de sujetos de derechos frente a cualquier escenario de violencia, como el vivido actualmente en Nicaragua.

La comunidad internacional debe ejercer presión y proponer acciones que desemboquen en una salida pacífica de la crisis. No puede permitirse que vuelvan los fantasmas de la guerra civil de finales del siglo pasado al país vecino. Si eso pasa, ya no hablaremos de decenas de niñas, niños y adolescentes afectados, sino de una generación completa perdida.