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Supongo que es lógico que cualquier sindicato al que se le quieran cambiar las condiciones de trabajo y compensación de manera desfavorable se oponga a dicho cambio. Existe el derecho a la organización laboral y existe el derecho a la huelga, entiéndase la suspensión del trabajo por parte de quienes se sienten afectados por una decisión, siempre y cuando esto no incluya la suspensión de los “servicios esenciales” sin los cuales se pondría en riesgo la salud y la seguridad de terceros.

Supongo también que toda compensación laboral, cuando sobrepasa lo razonable y justo, es revisable por parte de los patronos, en particular si el patrono es el gobierno, aunque para hacerlo deba recurrir a largos procesos, pues la legislación laboral en general prohíbe empeorar las condiciones de trabajo y compensación de los trabajadores. Se puede congelar su situación y se puede evaluar su desempeño de acuerdo a la letra de la ley, y así modificar los incentivos y premios que recibe un trabajador, sin que esto implique un conflicto legal. También se puede cuestionar ante la Sala Constitucional la validez de algún incentivo o premio y, cuando se ha hecho, algunos se han ratificado y otros se han eliminado. El gobierno también puede despedir trabajadores cuando medie una reorganización de una institución o sector.

Hasta ahí, todo bien

En general los gobiernos han sido lentos y reticentes a aplicar lo que la ley les permite para reformar el empleo público. Más bien, todo lo contrario, han sido en exceso generosos y permisivos con los sindicatos, lo que les ha permitido alcanzar condiciones sumamente favorables en convenciones colectivas. Los gobiernos han hecho una bajísima aplicación de los instrumentos con que cuentan para reformar las condiciones del empleo público, en parte por ideología; en parte por temor a enfrentar a los sindicatos y en parte, en mi opinión, por conflicto de interés, pues los que deciden muchas veces se benefician al terminar su período de mando de las arbitrariedades que concedieron.

Esto ha resultado es una situación realmente ridícula en que muchos empleados públicos reciben más por medio de incentivos que por su salario primario, y en una disparidad entre instituciones y ministerios que causa que haya algunas instituciones y sectores –educación, justicia, la banca estatal– con su propio sistema de pensiones; que haya instituciones como el ICE, las universidades públicas, RECOPE y otras, en que sus empleados ganan mucho más que sus colegas de similar nivel en otras instituciones públicas y aun en empresas privadas; que haya profesiones, como los médicos de la CCSS y profesores de universidades públicas, que ganan salarios totalmente desproporcionados y basados en convenciones colectivas, muchas veces en auténtico y abierto conflicto de interés.

Los empleados públicos son el alrededor del 13% de la fuerza laboral y, según estudios recientes, una causa significativa de la concentración de riqueza en el país. Es tanta la diferencia entre algunos empleados públicos y los empleados comunes de otras organizaciones, que se han convertido en parte del problema de concentración de riqueza y contribuyen a un coeficiente Gini en franco deterioro.

Los sindicatos se oponen al plan fiscal, porque lo ven como una puerta a la reforma del empleo público. Esto pese a que sus argumentos en los medios son otros, y a que la mayoría de lo que argumentan es infundado, pues pese a lo que dicen ya se han aprobado proyectos contra el fraude fiscal, contra el contrabando y se ha implementado la facturación electrónica. El hecho de que el Presidente haya congelado los salarios de los jerarcas del sector público es una señal fuerte de cómo está pensando el nuevo gobierno y el plan fiscal propuesto tiene artículos a los que se entendería que se opusiera la empresa privada y el gran capital, pero no los sindicatos.

Entonces, ¿a qué se oponen? ¿Por qué se van a la huelga?

Hay factores y señales que ha enviado este gobierno que encienden las alarmas en el sector sindical.

La nueva ministra de Hacienda conoce bien el sector público y su situación y además, recientemente, fue la experta en Reforma del Estado que apoyó el proceso del Acuerdo Nacional entre Partidos Políticos con Representación Legislativa. En este acuerdo se plantea una reforma del empleo público que no se basa en un enfoque reduccionista sobre los incentivos y beneficios, sino más bien sobre la evaluación del desempeño para asignarlos, sobre la eliminación de diferencias entre puestos similares, sobre la preparación de los trabajadores para el empleo del futuro, y sobre la libertad de los jerarcas para nombrar equipos de su confianza en los puestos clave, lo que debe resultar en mejores evaluaciones y mejor manejo de toda la relación laboral con los empleados públicos. Estos cambios serán también indispensables para propiciar el teletrabajo que han mencionado el presidente y la primera dama como parte de sus programas, y para estimular la reorganización de partes del sector público que el mismo Acuerdo Nacional plantea.

El actual presidente, don Carlos Alvarado, cuando fue ministro de Trabajo revisó algunas convenciones colectivas, lo cual también manda una señal de “riesgo” a los líderes sindicales.

Al final del anterior gobierno se aprobó una reforma –insuficiente en mi opinión– al sistema de pensiones del Poder Judicial, lo cual debe también preocupar a los sindicalistas, pues es claro que se anda buscando soluciones a los abusos y extremos que existen en el empleo público.

Por último, la semana anterior se convocó un nuevo proceso de notables para analizar, precisamente, la reforma del Estado, y aunque claramente no hay aun propuestas, el sector sindical reaccionó inmediatamente ante la señal de riesgo que percibieron.

La huelga convocada es ilegal porque no es sobre nada concreto, sino sobre el derecho a negociar el plan fiscal en una mesa de diálogo que quieren los sindicatos para que se retrase el proceso y así se mantenga ocupado al gobierno con lo que claramente es su prioridad. La huelga fue también contra la creciente gobernabilidad, pues además del Acuerdo Nacional existe el pacto Alvarado-Piza y varios procesos de trabajo conjunto por parte de las nuevas fracciones legislativas. La huelga fue contra un ambiente de gobierno y político donde ven disminuida su influencia.

Los sindicatos aprendieron a navegar en el anterior ambiente de ingobernabilidad y les incomoda que ahora los sectores y partidos políticos puedan hablar y lograr acuerdos como antes sólo ellos podían, cuando menos con el Frente Amplio y en algunas ocasiones con el PAC de Solís.

En estas condiciones, la huelga convocada fue injustificada en el actual ambiente de apertura y diálogo en que se mueve el gobierno de Alvarado. Pero, tal y como lo dijo el presidente del sindicato de educadores: “la huelga es para hacer entender al gobierno que el sector educativo está cansado del paquete fiscal…”

¡Qué arrogancia!

La huelga no tuvo razón de ser. Fue algo así como irse a la huelga “por si acaso,” utilizando como excusa el plan fiscal. Muestra el temor de los sindicatos al cambio que hay en el balance de poder en el país. Los sindicatos quisieron medir la fuerza y convicción del gobierno, así como su capacidad de responder con decisión a su intento de huelga.

Y fracasaron. Quisieron incomodar a la población y han sentido rechazo claro de todos los demás sectores a su injustificable actitud. Quisieron aprovechar el ejemplo de la población de Nicaragua al "bloquear puntos importantes para el desarrollo de este país…" –dijo el sindicalista– pero además de que fracasaron en su intento, quedó en evidencia que los únicos que usaron la fuerza –entiéndase impedir la libre circulación de los ciudadanos por medio de intimidación y bloqueo físico– fueron ellos.

Los sindicatos de empleados públicos de Costa Rica han caído en la obsolescencia y necesitan revisarse profundamente. Con un liderazgo que no tiene ni idea de cómo llevar prosperidad a su gente que no sea a costa del desarrollo nacional, lo único que están logrando en justificar plenamente el cambio de modelo hacia un gobierno digital eficiente, transparente, y altamente automatizado. Su juego es de “suma cero”, sienten que deben quitarle a los otros sectores su creciente bienestar y, hasta ahora, gobiernos de diversos partidos se lo han permitido.

Pero ha llegado el momento de que se dé un cambio hacia un sindicalismo moderno que entienda que una economía creciente es la más segura para su propia prosperidad. Deben entender que un alineamiento de todos los sectores hacia una economía de alta productividad con base en constante innovación e inversión es su mejor escenario. Necesitan nuevo liderazgo, pues el actual creció en una era diferente. Tienen que comprender que hoy destruyen mucho más valor a la ciudadanía en general del que le crean a sus afiliados.

Deben ver que seguir saboteando el modelo nacional de desarrollo sólo obligará a los demás sectores a exigir una reforma cada vez más profunda del sector público, con base en reorganización, simplificación y automatización, que les quite de una vez por todas el poder que hasta ahora se les ha permitido y que tan mal han utilizado.