La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) afirma que el informe que eximió al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís de faltas al deber de probidad por el cementazo fue enviado "original y completo" a la Asamblea Legislativa.
Este viernes la institución, adscrita a la Procuraduría General de la República, indicó a Delfino.cr que el documento fue entregado de forma física al directorio, que en ese entonces era presidido por el evangélico Gonzalo Ramírez, el 27 de abril.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, una vez notificado el informe corrían tres días hábiles para que los diputados pudieran apelar la resolución.
Ese plazo venció el miércoles 2 de mayo, día en que el nuevo directorio, encabezado por la oficialista Carolina Hidalgo, sesionó por primera vez con una agenda que competía ser redactada por la Dirección Ejecutiva del Congreso.
Según Hidalgo y sus compañeros de Directorio, Ivonne Acuña y Jorge Luis Fonseca, el informe de la Procuraduría nunca estuvo en la agenda.
Al estallar la polémica sobre el manejo que se le dio al informe, el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales reveló en AmeliaRueda.com que faltaban dos páginas, y que solicitó en reiteradas ocasiones a Gonzalo Ramírez que las buscara.
El ahora exdiputado se defendió afirmando que no revisó el documento y por ende, no sabe si a su llegada faltaban o no esos folios, pero que dio la orden de que, en caso de que así fuera, se solicitara nuevamente el documento a la Procuraduría.
Sin embargo, no fue sino hasta el 14-16 de mayo que, según la Presidencia legislativa, les fue informado de forma verbal que al documento le faltaban dos páginas. El 17 de mayo Hidalgo pidió a la Procuraduría enviar nuevamente el documento y este llegó el día 22.
Al día siguiente, 23 de mayo, la Presidenta ordenó a la dirección ejecutiva remitir copias a cada uno de los diputados, sin embargo, fueron entregadas hasta el lunes 28 y los legisladores firmaron un recibido que estaba fechado el 25 de mayo.
La oposición maneja dos hipótesis sobre el caso: la primera, que el documento de la Procuraduría llegó completo la primera vez y el plazo para apelar venció el 2 de mayo; y la segunda, que el documento llegó incompleto y que por ende, el plazo para apelar corría una vez llegó por segunda vez, por lo que hubo responsabilidad -de algún funcionario o diputado- de que no se entregara a tiempo para poder impugnar la resolución.
