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En la historia de Costa Rica, la fiscalización de la ciudadanía ha sido clave en la mejora del transporte público y en la tutela del interés colectivo. Como ha sido documentado , en 1926, vecinos y vecinas de Guadalupe se organizaron para denunciar los aumentos injustificados en las tarifas del tranvía. En aquella oportunidad, las comunidades acudieron al Congreso de la República para que este garantizara el cobro de tarifas justas ante los abusos de la empresa que prestaba el servicio.

Aunque el tranvía dejó de funcionar en 1950, durante la segunda mitad del siglo XX y, en el contexto del crecimiento urbano, las asociaciones comunales fueron claves en la defensa de los derechos de las comunidades a un transporte colectivo de calidad y con precios justos. Tal fue el auge que tuvieron estos movimientos vecinales que hasta se produjeron obras de teatro popular sobre el problema de los buses. Durante muchos años, las personas usuarias fueron determinantes en la mejora del sistema de transporte público.

No obstante, los últimos gobiernos han marginado a los usuarios y usuarias de las decisiones políticas que los afectan y la única importancia que tienen es económica: un usuario es lo mismo que un pasaje y paren de contar. Esto concuerda con varios informes anuales de la Defensoría de los Habitantes que han señalado que las quejas y denuncias presentadas por las personas usuarias ante el Consejo de Transporte Público (CTP) han tardado hasta 48 meses en ser contestadas, o bien, que el mismo CTP que “se concibió como un mecanismo de participación democrática en la toma de decisiones, resultó en un foro para que los intereses de los sectores más fuertes sean los predominantes”, según palabras textuales de la misma Defensoría en su informe 2012-2013.

Pero, como dice el dicho: “los números hablan por sí solos”, veamos que nos dicen algunos datos. Las personas que usan el transporte público siguen siendo mayoría, aunque esta realidad está cambiando aceleradamente. Según estimaciones de la ARESEP, la cantidad de usuarios y usuarias que utilizan a diario el transporte público es de alrededor de un millón y medio de pasajeros.

Lamentablemente, ante el mal servicio, las presas, las tarifas elevadas y las rutas obsoletas, son cada vez más las personas que resuelven individualmente las necesidades de transporte: los sectores populares compran motos y las clases medias compran carros. El resultado evidente es la atrofia actual visible en las calles de la GAM. Según la última encuesta nacional de percepción de los servicios públicos realizada este año por la Contraloría General de la República, la gente que usa el transporte público cayó de un 76% en el 2015, a un 56 % en el 2018. Estos datos son muy alarmantes porque mucha de la gente que sustituye el transporte colectivo por el uso de motos y carros, difícilmente volverá a usar los buses.

Por todo lo anterior, es urgente realizar cambios en el sistema de transporte público que antepongan el interés colectivo de las personas usuarias en la solución de los principales problemas. Por ello, el nuevo gobierno del presidente Carlos Alvarado tiene la oportunidad de devolverle a las personas usuarias el papel que en otras épocas han jugado como aliadas del bienestar colectivo.

Desde sus propios “zapatos” los usuarios y usuarias tienen mucho que aportar en la creación e implementación de políticas de sectorización, cobro y conteo electrónico, fiscalización de la calidad y de los horarios, atención a las quejas, y hasta en la incorporación y aplicación de nuevas tecnologías que nos liberen de la contaminación que provocan los hidrocarburos. De esta forma, la elección del representante de las personas usuarias ante el CTP será una oportunidad para que el nuevo gobierno elija a una persona que haya demostrado un trabajo continuo en la defensa de los derechos de las personas usuarias.