La promesa a cumplir de cualquier Presidente de la República siempre es lograr que Costa Rica camine hacia el desarrollo. Lo cierto del caso es que, en un país poco escolarizado o mal escolarizado eso es difícil.

La noche del gane presidencial 2018-2022, Carlos Alvarado se refirió a seis cuestiones que serán fundamentales durante su gestión. Una de ellas fue precisamente sobre educación, en su breve discurso el presidente dijo:

“Solicito a las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) que trabajemos para que de manera pronta demos una señal y logremos rebajar la sobrecarga docente. Nuestros docentes tienen más del 50% de su trabajo en burocracia y no con los niños y niñas. Necesitamos esa mejora en la calidad de la educación pública”.

La solicitud de Alvarado, aunque es buena y necesaria, se quedó corta. Y es que, mejorar la calidad educativa del país no solo pasa por que los docentes se enfoquen más a su labor pedagógica, sino también en que se formen mejor.

Además, la petición del Presidente quedó circunscrita a su control ya que él mismo es quien nombra al ministro de educación, sin embargo, la autonomía universitaria pública y privada es tierra de nadie.

***

Isabel Román es la coordinadora de investigación del Estado de la Educación, un producto más del Programa Estado de la Nación (PEN), y me cuenta que el informe da seguimiento a la práctica educativa en Costa Rica, para evaluar cómo andamos como país, generar debate ciudadano y apoyar el proceso de toma de decisiones en este tema.

La discusión en torno al sistema educativo y sus aportes al país es por naturaleza extensa y con mil y una aristas, sin embargo, en esta ocasión abordamos la discusión sobre la formación docente y su repercusión en el desarrollo integral de Costa Rica. La investigadora inicia contextualizando el enfoque que le da el PEN a la educación:

“Nosotros trabajamos desde el enfoque de desarrollo humano. La educación es una capacidad que todas las personas pueden desarrollar siempre y cuando se le brinden las oportunidades. Pero, también es lo que les permite a las personas adquirir un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que potencian su capacidad de agencia, en el campo moral, político y social, es decir, el [enfoque de] desarrollo lo que busca es que las personas puedan vivir la vida que quieran de acuerdo a los valores que tengan”.

En otras palabras, de acuerdo a lo que Román me expresa la educación permite que cada persona decida y se haga responsable por sus decisiones, “porque tampoco es una oda al liberalismo, sino una libertad con responsabilidad social”, añade.

¿Qué papel juega la educación en el desarrollo del país?

—La educación es un elemento central porque somos un país pequeño, y somos un país que lo único que tiene es gente. No tenemos cobre, como Chile, o petróleo, como Venezuela. Nuestra mayor riqueza es nuestra gente. Entonces, ¿cómo compite un país tan pequeño como el nuestro en una economía mundial como la actual? Por número no, es decir, a India no le podemos competir por número, sino por calidad del recurso humano.

Entonces, la educación no solo es un motor para promover la competitividad, la generación de riqueza y el crecimiento económico, sino también para favorecer la equidad y la inclusión social. La educación se convierte en un mecanismo de movilidad social y permite que las personas aporten, y ojalá, favorezcan una sociedad menos desigual.

Respecto a la sociedad equitativa, ¿cuánto se acerca o se aleja Costa Rica de la aspiración de ofrecer oportunidades equitativas para acceder a la educación?

—En este sentido el país ha venido avanzando, pero todavía tenemos retos muy importantes. En general cuando miramos las coberturas en educación [las personas que estudian] somos un país que casi se acerca al 100% en primaria, pero estamos debiendo en preescolar, secundaria y educación superior.

Respecto al acceso a las oportunidades, en todo lo que tiene que ver con preescolar tenemos una gran deuda. Aun cuando la Constitución [Política] dice que el país debe ofrecer oportunidades para esos niños [0 a 4 años] lo cierto es que eso no se cumple.

En interactivo dos, que son los niños de 4 a 5 años, la cobertura anda alrededor del 60%, y básicamente esto no se ha cubierto por varias razones, o el Estado no ha dado la oferta de kinders o los padres no envían a los hijos a los centros educativos.

En primaria estamos bastante cerca al 100% de acceso [de personas escolarizadas], pero en educación secundaria todavía estamos con un desafío importante, sobre todo en el cuarto ciclo [cuarto y quinto año de colegio] la cobertura cae a al 40%, porque muchos jóvenes se salen.

Entonces, en términos de cuán cercano o lejano está el país, la respuesta es: hemos hecho logros significativos en ampliar el acceso, pero seguimos teniendo deudas focalizadas en determinados niveles del sistema. Y en el caso de la educación universitaria la cobertura cae. Solo el 30% de los jóvenes asisten a la universidad y no siempre lo hacen los sectores de menores ingresos”.

Precisamente lo que Isabel responde lo encontramos en el informe del año pasado, el cual especifica que: “en 2016, solo 53% de los jóvenes de 18 a 24 años completó la secundaria y que, de aquellos que lo lograron únicamente el 61% continuó con estudios superiores”, respecto a este asunto le pregunto a la investigadora ¿qué suponen números tan bajos para el desarrollo del país?

—Suponen un cuello de botella. Cuando uno mira a la población económicamente activa (PEA), hoy, el 58% de esa PEA no tiene secundaria completa, entonces, un país que quiere dar saltos al desarrollo con más del 60% de su población con secundaria incompleta es muy complicado.

De esa PEA, que es la gente de 18 a 65 años, solo el 17% tiene educación universitaria. Entonces, al final es un sector muy reducido el que está logrando hacer eso [saltar al desarrollo].

Que la probabilidad de que un joven se gradúe de secundaria sea apenas del 50%, significa que el país no va a poder avanzar en materia de competitividad, ni en materia de equidad. Porque, un joven que no termina la secundaria ya tiene asegurado un 20% menos de ingresos el resto de su vida. Son jóvenes que no van a poder insertarse en empleos de calidad”.

Por empleos de calidad entendemos: empleos formales, que respeten las jornadas laborales estipuladas en el Código de Trabajo, con acceso a la seguridad social, entre otras.

Isabel me cuenta que, parte del problema de la creciente desigualdad social es que tenemos en el país tiene que ver con las brechas en materia educativa. Según el Informe Panorama Social de América Latina 2017, de la CEPAL, Costa Rica pasó de ser la sociedad menos desigual de América Latina en 1990, a ser uno de los únicos cuatro países de la región, junto a Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en aumentar esta brecha.

Doña Isabel, entonces, cuando los políticos hacen propuestas para reducir la desigualdad o para bajar la pobreza, etc., pero no plantean políticas públicas en materia de educación, ¿quiere decir que esas propuestas no tienen efecto?

—No en el corto plazo. Digamos, la pobreza es un círculo y ese círculo tiene una serie de factores que lo reproducen, de manera que, si no se combaten esos factores la pobreza sigue ahí. Uno [el Estado] puede optar por soluciones de corto plazo o soluciones estructurales de largo plazo. Ambas tienen que darse porque hay fenómenos que se manifiestan y que afectan en lo inmediato y debemos velar por resolver, pero también hay fenómenos de largo plazo.

Nosotros [PEN] hemos hecho análisis que demuestran que, si Costa Rica lograra un mayor porcentaje de población con secundaria completa, podríamos reducir la pobreza a la mitad. Aquí lo que pasa es que los efectos de la educación [sobre la desigualdad y pobreza] son de largo plazo.

Lo importante es que los esfuerzos sean sostenidos. Porque si por una crisis económica, o una situación como la que tuvimos en los años ochenta, el país decide reducir su inversión, se pierde la sostenibilidad [de los logros].

Según el Estado de la Nación, entre 1956 y 1979, la inversión pública en el sector educativo prácticamente se duplicó, y llegó a alcanzar un 6% del PIB, sin embargo, entrada la crisis fiscal de los 80s la inversión cayó al 4.9%, logrando recuperarse hasta 1996.

Este descenso en la inversión supuso lo que la investigadora llama “las generaciones perdidas”, que son las personas que dejaron el sistema educativo para buscar trabajo y sobrevivir. Según Unesco, entre 1980 y 1985 las tasas brutas de escolarización bajaron estrepitosamente, siendo que mientras en el año 1980 estaban matriculados en el sistema más de 173 mil alumnos, en el año 85 se matricularon menos de 140 mil.

El logro en materia educativa no es solamente asegurar que las personas lleguen a la universidad, el logro es también velar porque la formación profesional de esas personas sea pertinente y de calidad.

Y si vamos un nivel más profundo vale preguntarnos quién está educando a los futuros educadores. Porque con el panorama más o menos claro de que la educación es, por excelencia, el vehículo de movilidad social, ¿en cuál vehículo estamos montados?

Es un asunto delicado, lo sabemos. Nadie quiere hablar de la importancia de evaluar a los profesores ni de reformar al sistema educativo como un todo. Nadie, excepto el PEN, que, desde su primer informe del Estado de la Educación en 2005, señaló la importancia de mejorar y velar por la formación docente, tema que retoma en el informe del año 2017.

El informe del año pasado dice que las carreras acreditadas solo representan un 7% de la oferta académica (42% universidades privadas, 58% públicas) y desde 2010, quienes cursaron su carrera completa con un plan acreditado son menos del 10% del total de profesionales. ¿Con estos datos, cómo se podría calificar el nivel de exigencia, o excelencia de las carreras superiores?

—Bueno, efectivamente. De más de 1500 carreras que se ofertan en el país, solamente alrededor del 8% están acreditadas, eso es poco.

El SINAES [Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior] tiene cerca de 15 años de existir, es un sistema importantísimo, pero cuando se creó se planteó la acreditación como voluntaria, o sea, dependemos de la voluntad de las universidades que quieran acceder a estos procesos de verificación de la calidad.

Este es un tema complicado, porque el país tiene que asegurarse la calidad de los profesionales en todas las áreas, con estándares mínimos. Sobre todo porque en los años noventa tuvimos una explosión de universidades privadas, y eso hace que efectivamente la calidad sea un tema de primer orden. Porque si no se verifica la calidad de la formación, a la vuelta de los años vamos a tener malos profesionales: malos docentes, malos ingenieros, malos abogados, malos jueces.

Si no tenemos profesionales de calidad hipotecamos el futuro del país en materia de desarrollo humano y competitividad.

El criterio que nos determinó que solo el 10% de los graduados había cursado la totalidad de su carrera bajo programas acreditados es estricto, en el tanto el otorgamiento de diplomas de carreras acreditadas puede ser mucho mayor, porque puede que X persona tenga un título de una carrera que hoy esté acreditada, pero que cuando esa persona la cursó no lo estaba.

Entonces, bajo ese criterio, ¿se podría decir que la calidad de la educación es mala, o que el nivel de exigencia sea bajo?

—Digamos, aquí el punto es que como país tenemos un desafío por mejorar la calidad de la educación superior, en general.

Es decir, tenemos carreras muy buenas, universidades muy buenas. Entonces, efectivamente el país debe avanzar a exigir estándares mínimos porque durante mucho tiempo hemos estado en una discusión de que los públicos por aquí y los privados por allá. Bueno, esa discusión ya está superada, el país no puede seguir más en esa discusión. Las universidades privadas llegaron para quedarse.

Lo que necesitamos es uniformar la calidad o llegar a estándares mínimos. Obviamente el sistema de acreditación apunta un poco a eso, pero al ser voluntario…

En la última reforma al CONESUP, en áreas estratégicas como ingeniería, medicina y docencia, planteamos la obligatoriedad de la acreditación”.

Ahora que lo menciona, docencia fue una de las carreras más resaltadas en el último informe. “Más del 50% de los docentes en servicio se graduó en universidades privadas, en carreras no acreditadas y de calidad desconocida”…

—Sí, cuando nosotros analizamos la planilla del Ministerio de Educación, de los docentes en servicio, lo que encontramos es que más del 60% de esos docentes se educaron exclusivamente en universidades privadas.

Ahora, ¿cuál es el problema? No es que sean universidades privadas, el problema es que no están acreditadas. ¿Eso qué significa? Que buenos y malos docentes pueden salir de esas carreras y buenos y malos docentes va a contratar el Ministerio.

Si nos corresponden los buenos docentes no hay problema, pero si nos corresponden docentes con mala formación, el sistema va a tener que acarrear con ellos los próximos 30 años, con todos los costos que eso implica.

Entonces ahí es muy importante que desde la formación inicial tengamos un control de la oferta de la calidad docente, ¿por qué? Porque el mundo está sometido a cambios muy intensos y el mismo Ministerio también ha cambiado mucho sus planes de estudio y la idea es que los docentes tengan los conocimientos mínimos para cumplir con los desafíos que el país tiene por delante.

Ahora, el informe determina que “no se registra ningún avance en la disponibilidad de información sobre la cobertura y resultados de la educación superior privada”. Digamos, si el Estado no puede fiscalizar el desempeño de estas universidades, esto significa que el país seguirá teniendo una imagen parcial y fragmentada sobre sus logros y desafíos en educación superior, ¿qué significa este subregistro?

—Total falta de transparencia. Es una situación que el país tiene que solventar en el corto plazo. Es decir, Costa Rica no puede darse el lujo de que el sector que hoy por hoy gradúa la mayor cantidad de profesionales sea un sector opaco en términos de indicadores.

Nosotros no sabemos nada más allá de los títulos otorgados. No sabemos nada de lo que está ocurriendo en el sector privado. No tenemos indicadores de eficiencia, ni de tiempos de graduación, ni de los docentes, ni de los programas…

Entonces, esta total opacidad en nada contribuye a que el país avance de manera significativa en cuanto a superar los desafíos de los que ya hablamos. En este sentido, efectivamente, en informe es muy fuerte al decir “esto no es de recibo”. Las universidades privadas tienen que dar información. El sector privado tiene que ser más transparente, y hay universidades que están muy enfocadas a la calidad, y esto está muy bien, pero el tema es que al final del día tenemos muy poca información.

Desde el informe nosotros hemos tratado de construir indicadores de eficiencia, hemos hecho avances importantes con las universidades públicas, gracias al acceso que nos han dado donde hemos podido constatar tiempos de graduación, asignación de cupos, etc. Pero la mayor parte de graduados siguen siendo de un sector del cual no sabemos nada…

Por ejemplo, en materia del índice de desarrollo humano, Costa Rica salía bajo porque en educación terciaria no se reportaba la matrícula de las universidades privadas, bueno, cuando eso ocurrió, porque estas universidades tuvieron que dar el dato, este indicador mejoró. Lo que quiero decir es que esto es solo un ejemplo de que la falta de información y transparencia afecta la forma en cómo monitoreamos nuestra educación y nuestro desarrollo.

A partir del conocimiento generado en el Estado de la Educación, ¿cuáles diría usted, doña Isabel, que son las acciones más urgentes en materia educativa?

—Diría que es todo lo que tiene que ver con coberturas, calidad y el tema de las habilidades y capacidades que están desarrollando nuestros estudiantes. Tenemos un tema importantísimo, la reforma curricular que el MEP ha desarrollado en los últimos 10 años realmente sea una realidad en las aulas.

***

Que el informe señale de manera puntual a las universidades privadas solo tiene que ver con que es de estas casas de enseñanza de donde más docentes se gradúan, sin embargo, el Estado de la Educación también llama la atención a las universidades públicas en cuanto a mejorar el ambiente educativo de los futuros profesores.

Queda claro que, mientras la discusión pública sobre la educación se centre en reducir el trabajo administrativo de los profesores para lograr un mayor enfoque a lo pedagógico, asunto que es importante pero no exclusivo, seguimos ignorando al elefante que está sentado en la sala: la calidad de la formación docente.

Sin ánimos de contienda, la evaluación docente será un tema medular en cuanto a lograr un país desarrollado.
Bien lo dijeron Floria Díaz y Rosa Rosales en el artículo Los desafíos de la educación en Costa Rica, publicado en las revistas académicas de la UCR:

“La educación debe ser un medio para orientar el desarrollo hacia cambios cualitativos; es decir, preparar a la persona para el cambio social, para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad, pero no para cualquier desarrollo, sino para un desarrollo integral, que valore el alcance de las decisiones que se toman en el corto y largo plazo y donde se busque crear condiciones que mejoren la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones, integrando lo económico, político, social, humano y ecológico”.