El 4 de julio del año pasado falleció Marcia Granados tras dar a luz en el hospital de Guápiles. Las declaraciones de Santos Arguedas, viudo de Granados, sobre lo sucedido en el parto y en específico el accionar del personal de enfermería llevaron a la fiscal del Colegio de Enfermeras, Gabriela Alpízar Portillo, a iniciar una investigación preliminar del rol de las enfermeras involucradas en este caso.

Después de conocer los resultados de la investigación preliminar la junta directiva del Colegio de Enfermeras decidió —el 31 de agosto de 2017— remitir el caso al Tribunal de Ética y Moral Profesional de dicho colegio, a fin de abrir un proceso de investigación disciplinaria contra las tres enfermeras involucradas en el caso para determinar si existieron faltas a los deberes y principios éticos y morales que rigen la profesión de la enfermería.

Un mes después —con una nueva conformación— la junta directiva decidió derogar los acuerdos de la junta anterior que solicitaban al Tribunal de Ética la investigación a las tres enfermeras involucradas en el caso. El argumento dado, según consta en el acta de la sesión, fue que ya existía una denuncia penal en proceso, aun cuando esto no es una justificación suficiente ya que ambas investigaciones son de ámbitos distintos de responsabilidad y pueden realizarse simultáneamente.

Una semana después de la orden de revertir la investigación la junta directiva recibió un oficio firmado por las tres enfermeras (y una enfermera adicional) a las que se les iba a abrir la investigación disciplinaria, en el cual estas denuncian a la fiscal Alpízar Portilla por haber realizado la investigación preliminar sin un acuerdo de junta directiva y por “maltratar” a las enfermeras durante la visita que realizó como parte de dicho proceso. La junta directiva trasladó entonces esta acusación al Tribunal de Ética solicitando una investigación disciplinaria contra la fiscal Alpízar Portilla.

Procedimiento plagado de dudas

La denuncia presentada carecía de fundamento ya que el Reglamento del Colegio de Enfermeras da autonomía a la fiscalía para realizar investigaciones preliminares de oficio o ante una denuncia. Sin embargo el Tribunal de Ética decidió iniciar con la investigación de la denuncia presentada  (a pesar de estar en facultado para rechazar una denuncia infundada) y decidió además abrirle a la fiscal Alpízar dos expedientes disciplinarios (13-2017-D1 y 13-2017 D2) por el caso, aun cuando el mismo Código de Ética del colegio explícitamente prohíbe que se abran dos procedimientos disciplinarios en contra de una misma persona por los mismos hechos.

El primero de esos casos fue conocido por una Asamblea General Extraordinaria el pasado 7 de julio, en la cual se informó que el Tribunal de Ética solicitó la máxima sanción para la fiscal Alpízar Portilla. Aunque la recomendación fue rechazada por los presentes, las denunciantes apelaron la decisión por lo que el caso deberá ser conocido por una nueva Asamblea General. El segundo expediente debe todavía ser resuelto por la junta directiva del colegio.

Señales preocupantes

Si bien no se ha confirmado responsabilidad alguna de las enfermeras —inicialmente investigadas— en la muerte de Granados lo cierto es que si había dudas al respecto la fiscal, en el cumplimiento de sus deberes, estaba obligada a trasladar lo encontrando en la investigación preliminar. El Tribunal de Ética, a la vez, debía abrir un proceso de investigación para determinar las responsabilidades del caso, tal y como lo ordenó la antigua junta directiva.

Sin embargo, la nueva junta directiva decidió evitar la investigación disciplinaria a las enfermeras involucradas en el caso y el Tribunal de Ética prefirió investigar a la fiscal por cumplir con su deber antes que abordar el caso mencionado, en el que perdió la vida una paciente. Fuentes cercanas al proceso que solicitaron anonimato aseguraron a Delfino.CR que se trata de un “clarísimo caso de persecución contra Alpízar”.

La revisión de los antecedentes en efecto levanta serias dudas con respecto a la legalidad de los procedimientos hasta ahora avalados por la actual junta directiva. Procuramos conversar con la presidenta del Colegio, María Griselda Ugalde Salazar, pero su asistente Gabriela Sánchez nos indicó que no podía ofrecer declaraciones pues el caso está todavía en estudio.