La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) desestimó la denuncia interpuesta por la Asamblea Legislativa en contra del ahora expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, por su supuesta participación en los hechos del cementazo y eventuales faltas al deber de probidad.

Así consta en el oficio confidencial AEP-367-2018 suscrito el pasado 26 de abril del 2018 por Tatiana Gutiérrez Delgado, procuradora y Ronald Víquez Solís, procurador director, del cual Delfino.cr tiene copia.

Según el informe, la Procuraduría debió revisar la totalidad del expediente legislativo de investigación (más de 30 mil páginas), así como hacer sus propias entrevistas a personas clave para esclarecer si los hechos imputados al entonces Mandatario eran ciertos.

Específicamente, los diputados acusaron al Presidente de la República de presionar, por medio del entonces viceministro Fernando Rodríguez y/o el diputado Morales Zapata, a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Juan Carlos Bolaños.

Asimismo, achacaron a la Presidencia de la República presiones al órgano de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía para que emitiera un criterio al siguiente día hábil para poder sacar a consulta pública las reformas al Reglamento sobre Cementos Hidráulicos. 

LA PRIMERA ACUSACIÓN

La Procuraduría señaló que las únicas pruebas para sustentar la primera de las acusaciones hecha por los diputados era un grupo de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos entre el viceministro Rodríguez, el diputado Morales Zapata y el exdirector general de Aduanas, Benito Coghi.

Según el informe, esas pruebas permiten acreditar que Rodríguez y Morales involucran a Solís en el tema del cemento chino, pero no permiten demostrar que él tuviera el interés que se expresaba ni tampoco confirmar que ejerció presión para que se "facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Juan Carlos Bolaños".

"Las comunicaciones que respaldan la conclusión se llevan a cabo entre terceros, sin que exista ninguna evidencia de participación directa del Presidente de la República, como emisor o receptor de éstas, ni prueba que demuestre que el denunciado los conocía en cuanto a su ocurrencia y contenido. Véase que, ni siquiera, se verifica que le son copiados los mensajes y correos electrónicos", agrega el informe de la Procuraduría.

Y agrega que: "El peso probatario de los elementos citados, a criterio de la PEP, es muy débil respecto de la imputación dirigida al Mandatario".

La Procuraduría le recordó a los diputados que la mera sospecha o la convicción interna, no resulta suficiente para señalar un reproche, pues debe demostrarse un grado de probabilidad que acredite la participación, conocimiento, e incluso voluntad.

"Es evidente que las comunicaciones acreditadas en este expediente no son elementos suficientes para establecer con la certeza necesaria que el señor Luis Guillermo Solís Rivera tuvo la intervención indebida por la que se le acusa", agrega el documento.

Para esa valoración, la Procuraduría también tomó en consideración el testimonio del exviceministro Rodríguez, quien confesó que cuando en esas comunicaciones hacía referencia al Mandatario, era porque el diputado Víctor Morales Zapata así se lo había hecho creer.

Inclusive, la Procuraduría citó una de las actas de las audiencias de interrogación de la Comisión Investigadora, donde Rodríguez negó haber recibido instrucciones o presiones directas desde la Casa Presidencial, aunque luego los diputados concluyeran que no fue así.

Debido a todo lo anterior, la institución reiteró que para poder referirse a algún juicio de valor sobre los hechos señalados en el informe de la Comisión, sería necesario que al menos se estableciera la existencia del suceso y la realidad de lo sucedido, no solo la interpretación de los conceptos, cosa que los diputados no hicieron.

"La Procuraduría de la Ética Pública debe sostener que no cuenta con los elementos probatorios suficientes para acreditar, con el grado requerido en esta etapa procesal, que el señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, ejerció presión para facilitar el desalmacenaje y nacionalización del cemento importado por Juan Carlos Bolaños. Las probanzas traídas a este expediente no alcanzan para demostrar la realidad del hecho denunciado ante la PEP, y más bien se verifica que éste es desacreditado por los propios autores de las comunicaciones que le sirven de sustento probatorio, que enfáticamente niegan participación alguna del señor Presidente de la República en esos hechos", agrega.

LA SEGUNDA ACUSACIÓN

Descartado el primer reproche, la Procuraduría procedió a investigar la acusación de que "la Presidencia de la República" presionó al órgano de Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, para que emitiera un criterio expedito para poder sacar a consulta pública las reformas al Reglamento sobre Cementos Hidráulicos.

Para sustentar la acusación, los diputados emplearon un correo electrónico de Marjorie Solera Palma, entonces funcionaria de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del MEIC, dirigido a los miembros del Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) de ese ministerio.

En esa comunicación, Solera solicita al ORT analizar el anteproyecto de Decreto Ejecutivo de reforma al Reglamento de Cementos Hidráulicos y emitir un criterio técnico al día hábil siguiente, afirmando que se trata de órdenes de la Presidencia de la República y del ministro de Economía (en ese entonces, el ahora diputado Welmer Ramos).

Según el informe, la Procuraduría llamó a comparecer a Solera Palma (cosa que no hicieron los diputados de la Comisión Investigadora en ningún momento) para que se refiriera a ese correo.

En su testimonio, la funcionaria dijo que no fue ella quien recibió esas órdenes, sino que lo consignó así porque de esa forma se lo ordenó Isabel Cristina Araya Badilla, en aquel momento Directora de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del MEIC, por lo que la PEP también la llamó a comparecer.

  • Pregunta PGR: En los correos se indica que es por instrucciones de "Presidencia", no solo del Ministro Welmer. ¿Por qué usted lo indica así?
  • Isabel Araya Badilla: Don Welmer me lo indicó así. Yo no recuerdo las palabras exactas de Don Welmer. Don Welmer indicó que había interés de la Presidencia de la República de que se acelerara el proceso de revisión para que la propuesta de modificación saliera a consulta pública

Las anteriores declaraciones corresponden a un extracto del interrogatorio contenido en el informe de la Procuraduría de la Ética.

Ante la declaración de Araya, la Procuraduría le consultó si Welmer Ramos le había dicho el nombre de la persona en la "Presidencia de la República" que estaba interesada en acelerar el trámite, sin embargo, respondió negativamente y sin dar indicios de su identidad.

Debido a lo anterior, la PEP recurrió nuevamente a las actas de la Comisión Investigadora, específicamente en la que se realizó un interrogatorio a Ramos sobre el caso, encontrando que este había explicado a los legisladores el porqué hizo esa mención.

Welmer Ramos contó que el entonces ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, le urgió la aprobación de la modificación al Reglamento de Cementos, en razón de la queja de una cámara empresarial, relacionada con un aumento en el precio del cemento de un 5% que había sido anunciada para diciembre del 2014.

"El señor Welmer Ramos durante su declaración no vincula al Presidente de la República con la expresión contenida en el correo electrónico que hace alusión a una instrucción de la "Presidencia de la República"", concluyó la Procuraduría, que agregó además otro extracto del interrogatorio que hizo Ottón Solís, donde le pregunta si el mandatario lo llamó para que "se interesara, acelerara, acomodara y cualquier otro verbo, a los numerosos trámites que requería Juan Carlos Bolaños en varias instancias de Gobierno".

"No, nunca", fue la respuesta del ahora diputado.

La Procuraduría dijo que además estudió el expediente administrativo del decreto de reforma al Reglamento de Cementos Hidráulicos, y tampoco encontró evidencia alguna que pudiera ligar de alguna forma a Luis Guillermo Solís.

"La PEP llega a la determinación de que, la información generada por su investigación preliminar no demuestra la existencia de una participación del señor Presidente de la República en los hechos denunciados, ni lo relaciona con una actuación que puede ser contraria al deber de probidad", dice el informe en su sección de conclusiones.

Por todo lo anterior, se dispuso la desestimación de la denuncia presentada por la Asamblea Legislativa.

Foto: Delfino.cr