Según el estudio “La contribución socio-económica de la religión a la sociedad americana: un análisis empírico” publicado en la revista científica especializada Interdisciplinary Journal of Research on Religion (IJRR), las iglesias — en su mayoría evangélicas— de aquella nación, tienen en su estimación más conservadora, ingresos anuales por encima de 1.78 billones de dólares, dejando por fuera los bienes que poseen. Es decir, estas iglesias acumulan en aquel país ingresos anuales mas altos, que los globales producidos por gigantes de las corporaciones tecnológicas como Microsoft y Apple juntas.
Esto ha llevado a que estos líderes religiosos no solo vivan en verdaderos palacios y tengan sus propias flotillas de aviones privados, sino que además intervengan en la política de forma directa, invirtiendo en campañas electorales o haciendo de sus altares plataformas político-electorales. Así fue que obtuvieron y mantienen exenciones fiscales sobre ingresos y propiedades en general, y hasta costos de vivienda a todo su clero lo que les permite generar esa cantidad de ingresos, acumular propiedades y vivir en opulencia. Según Ryan T. Cragun, sociólogo de la religión de la Universidad de Tampa, esto implica que con ese dinero que deja de percibir el Estado estadunidense en un año, se podría financiar los gastos de NASA y cancelar la totalidad de la deuda de los estudiantes en los Estados Unidos.
Lo anterior importa en nuestro contexto y se hizo más evidente a partir de la elección pasada, en la cual Restauración Nacional se dejó 14 curules, de las cuales al menos 9 son ocupadas por pastores de iglesias. Adicionalmente Carlos Avendaño, presidente y jefe de la bancada legislativa de ese partido, revivió el proyecto 19.099 llamado “Ley para la Libertad Religiosa y de Culto”, que busca pasar de un Estado confesional católico, a uno donde se promuevan y extiendan los privilegios que goza la Iglesia Católica desde el Estado a todas las demás iglesias cristianas — de las cuales son pastores y obtienen beneficios, claro conflicto de interés— . Es decir, la ley promueve pasar de un Estado que debería ser laico para ser garante de los bienes públicos, a uno más bien totalmente hincado y usado como promotor de intereses privados y credos particulares, impulsando agendas particulares de algunas iglesias (artículos 4 y 13), permitiendo que lo usen como plataforma política, exonerando pago de impuestos (artículo 68) y dejando de formular políticas públicas u oponiéndose a legislar de acuerdo al interés público —lo cual supone el respeto a la voluntad de la mayoría y la protección de los derechos de las minorías— solo porque así lo exigen las jerarquías de estas corporaciones político-religiosas y las verdades reveladas por sus voceros divinos, que se convierten en ley o algo incluso por encima de esta, incuestionable.
En momentos en que hablamos de déficit, de la salud de las finanzas publicas y se encuentra en corriente legislativa un proyecto de contingencia fiscal que pretende gravar la canasta básica de alimentos, los servicios en general mediante el IVA, incluidos servicios esenciales como salud y educación para toda la ciudadanía, valdría la pena introducir a debate la necesidad que todas las iglesias paguen impuestos con base en sus ingresos y patrimonio.
Contrario a lo que propone el proyecto 19.099, que busca extender los privilegios que tiene la iglesia católica al resto de iglesias cristianas, no hay una justificación constitucional para que el Estado privilegie los credos con exenciones de impuestos, menos con millonarias partidas presupuestales anuales para mantenimiento que crecerían exponencialmente si, como pretende el articulo 60 de este proyecto, el Estado y sus instituciones –algunas gobernadas por ellos– donarían en dinero o especies a todas ellas.
Sin embargo, aquí hablamos sobre algo que sobrepasa un reduccionismo economicista, ya que la laicidad es lo único que garantiza una sociedad verdaderamente democrática y un Estado de Derecho, es decir, hablamos sobre los cimientos de cualquier democracia moderna, garantías individuales y ciudadanía.
La laicidad sostiene que ninguna iglesia, confesión o institución religiosa debe disfrutar de privilegios políticos, económicos o culturales y que los gobernantes de un país deben actuar y legislar sin el dictado de un clero o iglesia para bienestar de todas las personas que viven en el, que comprende que todas las opciones y decisiones personales son legítimas, cuando no violentan derechos de otras y se hace cargo, democráticamente, de los problemas colectivos de nuestra sociedad.
No podemos permitirnos fenecer ante quienes imaginan que el Estado debe interferir, imponer o censurar credos, decisiones, estilos de vida y gustos personales, ya que eso no es propio de una democracia. Un pueblo que impone una religión como el padrón moral y ético que el Estado y los depositarios de los poderes públicos deben seguir –sociedad teocrática– para interferir en la vida de su ciudadanía, no es una sociedad democrática, es todo lo contrario, contradice la democracia y deviene rápido en tiranía. Y es que la defensa de las libertades fundamentales, de los derechos humanos y la pluralidad, de una convivencia pacifica bajo el respeto y reconocimiento mutuo es intrínseca a la laicidad.
Precisamente porque su interés no es ampliar la libertad religiosa y culto, que en Costa Rica ya posee rango constitucional, y está garantizada por esos tratados internacionales de derechos humanos, tratados que dicho sea de paso estas agrupaciones adversan, aunque cuando les beneficia las utilizan. El proyecto no solo no amplia la libertad religiosa, sino que la lesiona y violenta, como deja en evidencia su articulo 6 —de evidente inspiración cristiano céntrica y violencia colonial— donde se excluyen prácticas espirituales que escapan a la visión cristiana, quedando reducidas las creencias de los pueblos indígenas, budistas o hinduistas como el chamanismo o panteísmo a hechicería, supersticiones y practicas esotéricas, lo cual constituye una violación del Estado al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT; al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y otros instrumentos internacionales.
Queda claro entonces, que si para Francisco, máxima autoridad de los católicos, el Estado debe ser laico como ha dicho en reiteradas ocasiones, para los pastores neo-pentecostales hoy diputados, el Estado debe ser de Dios, y como ellos son la voz de Dios, debe estar a su mando. Si para Francisco, el buen pastor es quien deja libre y da la vida por sus ovejas; para los pastores-diputados es el que las doblega, silencia, manipula y extorsiona. Si para Francisco la Iglesia Católica debe volver a mirar a los pobres, y dejar de hacer negocios en el Vaticano, ser menos “aparato burocrático y dogmático”; para los pastores-diputados es fuente de poder y riqueza. Una forma de hacer política y enriquecerse de ella, irrumpiendo en la escena electoral manipulando creencias religiosas para hacerse de mas poder. La obediencia a Dios, de quien ellos son su voz y representantes exclusivos en la tierra, por encima de reconocer al César lo que es del César; es decir la antítesis al Estado Moderno.
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