Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

La Fundación Andrea Jiménez fue creada sin fines de lucro en 1974 por la Familia Jiménez Beéche. Su hija Andrea (de ahí el nombre) nació con parálisis cerebral y microcefalia. Al darse cuenta de que la única opción educativa era el Centro Nacional de Educación Especial Centeno Güell, inicia labores el Instituto Andrea Jiménez, comprometido con la calidad educativa y la inclusión de la población con discapacidad, especialmente aquellos de bajos recursos que no podían acceder a educación especial formal. La familia incluso trajo a Costa Rica profesores de Colombia y Estados Unidos para impartir lecciones y capacitar a docentes nacionales.

La historia se desarrolló así:

  • En 1977, el Ministerio de Educación Pública le da el status de institución ¨semioficial¨ (hoy en día, se conoce como estímulo estatal); lo cual implica que el MEP paga parte de la planilla, el resto es asumido por la Fundación.
  • Al tener una población de tan variada edad, se abrió en 1985 el Centro Laboral Andrea Jiménez, dando así la alternativa a las familias de poder mantener a sus hijos e hijas dentro de la institución a pesar de haber concluido su ciclo escolar. Para el 2002, se reestructura en un Centro de Atención Integral para Adultos con Discapacidad, (PAJI / CAIPAD), con el objetivo de fomentar habilidades sociolaborales, incluyendo procesos de inserción laboral.
  • Siguiendo la misma línea, en el 2014 inició un plan piloto llamado Servicio para Adulto Mayor con Discapacidad Intelectual (AMDI), único en el país y pionero hasta dentro del MEP.
  • Actualmente se atienden entre 80-100 alumnos (el número oscila debido a que la matrícula se mantiene abierta todo el año), con edades de 0 a 65 años. Brindamos programas de Educación Especial en los cuales estudiantes y usuarios mantienen un constante desarrollo pedagógico y recreativo, a través de Terapia Física, de Lenguaje y Ocupacional; Servicio de Apoyo Domiciliario y de problemas Emocionales y de Conducta; Educación Física, Musical, para la Vida Cotidiana; y Artes Plásticas; adaptadas a cada estudiante.
  • Se han abierto programas innovadores de: Hidroponía, Terapia Asistida con Animales (en nuestras instalaciones), así como equinoterapia, hidroterapia y destrezas acuáticas (en locaciones externas); lo que permite mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Se cuenta, además, con los servicios del Área Psicosocial, brindando atención a toda la población y sus familias que lo requieran.
  • Hemos abierto camino para diversificar la educación especial, beneficiar cada vez a más personas y simultáneamente concientizar al país acerca de las necesidades y capacidades de esta población en alto riesgo de exclusión. Alrededor del 80% de nuestros estudiantes son becados (mensualidad, transporte, terapias, etc.) por la familia Jiménez Beéche directamente y por la Fundación (con dinero obtenido mediante donaciones privadas y ayudas técnicas que brinda la Junta de Protección Social). Estas ayudas técnicas son muy importantes, incluyen sillas de rueda, camas y demás herramientas que se entregan directamente a las familias, lo cual facilita la movilidad en sus casas. Pero desgraciadamente no todo esto ha implicado un camino fácil ni hemos contado con apoyo de la comunidad La Cabaña en San Francisco de Dos Ríos, donde nos encontramos.

La historia de nuestra propiedad es la siguiente: mediante la ley No. 7.089 del año 1987, la Asamblea Legislativa desafectó la naturaleza de parque y autorizó a la Municipalidad de San José la donación de un terreno a la Fundación, lo cual permitió la construcción de un edificio escolar, donde se opera desde hace más de 25 años. No obstante, se cometió un error material en las leyes y se indicó mal el número de finca a donar, citando la finca madre y no la finca específica que correspondía al terreno que se autorizaba donar. Ahora la Asociación de vecinos de dicha comunidad desea invalidar dicho traspaso por sus errores de forma (y no de fondo), dejando a nuestros estudiantes desamparados.

En la urbanización existen otros cuatro terrenos destinados a parque y uno más a facilidades comunales. Así consta en el informe de la Municipalidad de San José, rendido ante la Sala Constitucional en el Expediente No. 12-012572-0007-CO. Existen denuncias hechas contra miembros de la comunidad por daños a la propiedad privada, acoso al personal docente y administrativo, por burlas y matonismos a los estudiantes y sus familias.

Actualmente se está solicitando mediante el proyecto ley No. 19.382, corregir el error en el número de finca que se citó en dicha ley, corregir el vicio de procedimiento por haber sido promulgadas mediante leyes de presupuesto de la República y ratificar dicha donación. Sin embargo, se presenta una inusual resistencia por parte de la bancada del Frente Amplio y ciertos diputados del PAC, bloqueando que se vote favorablemente. Un tema 100% a-político logró transformarse en una ficha de ciertos diputados para satisfacer fines propios, sin entender la inestabilidad no solo jurídica, sino también emocional, que esto ha generado para las personas afectadas.

La población con discapacidad en Costa Rica es constantemente marginada e invisibilizada desde el ámbito social, político, educativo y muchísimos más. El Instituto Andrea Jiménez ha dedicado muchos años a esta población y pretende seguir haciéndolo, pero sin un espacio físico en donde impartir lecciones, ampliar aulas y construir un comedor, el sueño de sus fundadores y las familias que dependen del Instituto, poco a poco se va desvaneciendo.

Un error material sin ningún indicio de mala fe de ninguna de las partes (diputados de aquel momento, el alcalde y menos de la Fundación) no puede ser suficiente para retrotraer el bien que se ha hecho por más de 44 años. ¿Me gustaría saber qué opciones reales ofrecen quienes se oponen al proyecto de ley, así como la Asociación de Vecinos, para trasladar una escuela, todas sus amenidades y mejoras a la propiedad, a otra localidad, y, sobre todo, quién lo pagaría?