El partido izquierdista costarricense, el Frente Amplio, rectificó su posición sobre la situación que atraviesa Nicaragua, tras fuertes críticas en las redes sociales a un primer pronunciamiento que equiparó las acciones violentas y represivas del régimen de Daniel Ortega, con las de la ciudadanía que ha tomado las calles, molesta por reformas a su sistema de seguro social.
La noche de este domingo, la Comisión Política del partido emitió un nuevo comunicado en el que condena la violencia ejercida desde el Estado nicaragüense y rechaza el uso de la fuerza como forma de resolver los conflictos, además de hacer otros señalamientos en contra del Gobierno.
"Hemos sido críticos de los vergonzosos pactos y concesiones del gobierno Ortega Murillo, que implicaron una alianza con sectores religiosos fundamentalistas a costa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ratificamos la defensa permanente del Frente Amplio por los Derechos Humanos en todas sus formas como lo son el derecho a la protesta y la libre expresión", dice el pronunciamiento.
Ahora, lejos de condenar la violencia "de ambas partes" (lo que recordó a la posición externada por Donald Trump durante los enfrentamientos entre supremacistas blancos y antifascistas en Charlottesville), el partido señaló la represión ejercida por parte del gobierno nicaragüense en el inicio de las manifestaciones populares como el detonante de "una oleada de violencia generalizada, que en lugar de propiciar el diálogo, la paz y la apertura democrática que el pueblo desea, acrecenta el conflicto en las calles con un único afán desestabilizador".
La nueva postura llega después de que la cifra de muertos en el país vecino del Norte llegara a casi 30, incluyendo niños y periodistas así como numerosas fotografías y vídeos que muestran actos de violencia por parte de las fuerzas leales al régimen de Ortega en contra de los manifestantes, así como de los medios de comunicación -nacionales e internacionales- que han desplegado sus equipos para dar cobertura de los hechos.
NO FUERON LOS ÚNICOS
Otro que modificó su postura sobre lo que acontece en el país vecino fue el propio Gobierno de Costa Rica, liderado por el Presidente Luis Guillermo Solís.
El 19 de abril, la Cancillería tica remitió declaraciones de Christian Guillermet, director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quien dijo que lo que ocurría en el país causaba preocupación y que seguían "con muchísima atención" los acontecimientos.
Asimismo, hizo un llamado al respeto de todos los derechos humanos y al diálogo, el cese de los actos de violencia y "reconsiderar" la posición del régimen de Ortega de censurar varios medios de comunicación.
Posterior a esa declaración, el gobierno nicaragüense pidió a Costa Rica no entrometerse en sus asuntos internos. Desde entonces, nuestro país no emitió nuevas declaraciones (inclusive se dijo a la prensa que la nota no había sido respondida) y las posteriores comunicaciones se limitaron a recomendaciones hacia los ticos que se encuentran en el país vecino del Norte.
Sin embargo, la tarde de este domingo, el Gobierno remitió un nuevo pronunciamiento, esta vez suscrito por el propio Canciller, Manuel Gonzalez Sanz.
"Hacemos un llamado porque se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos de Nicaragua y para que los manifestantes ejerzan sus derechos de forma pacífico", dijo el Canciller, quien además condenó los hechos de violencia y envió condolencias a los familiares de los fallecidos.
Finalmente, el Gobierno reiteró la solicitud de retomar el diálogo y llegar a una solución pacífica ante lo que llamó "quebranto de la paz social" en ese país.
