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El pasado 16 de marzo un grupo de diplomáticos costarricenses anunciaron su adhesión al candidato presidencial Fabricio Alvarado. En la conferencia de prensa, Roberto Tovar, canciller en la administración Pacheco de la Espriella, expresó a los medios de comunicación que habían sugerido al candidato “estudiar qué modificaciones requiere el Pacto de San José para proteger la cultura de cada uno de nosotros”.

La recomendación no solo es contraria al espíritu de los derechos humanos, también transgrede los principios de varios instrumentos jurídicos. Pero, ante todo, sería una bofetada a la historia diplomática de este país. Aun si estudiar la idea no es ilegal, llevarla a la práctica sí lo sería. Entonces ¿para qué hacerlo?

Derechos humanos y diversidad cultural

El tema de la diversidad cultural y el carácter universal de los derechos humanos ha tenido una larga discusión entre las corrientes “universalistas” y “relativistas culturales”. Como cualquier régimen normativo, los derechos humanos deben sustentarse en un marco cultural particular de concepciones filosóficas, religiosas y relativas a una cosmovisión. No obstante, ningún Estado podría argumentar que cuenta con una “cultura nacional única” que sea la base para el reconocimiento de derechos. En la práctica, los organismos internacionales han encontrado argumentos suficientes para conciliar ambas tesis, los ideales propios de la diversidad cultural, como el respecto y la inclusión, con la condena a prácticas culturales que tienen como intención socavar los derechos humanos en lugar de mejorarlos.

Una recomendación contraria al derecho internacional

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos abordó el tema en 1993. Concluyó en su Declaración que: “debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural enfatizó este principio al reconocer expresamente que “nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance”. Por lo tanto, la propuesta que le hicieron a don Fabricio Alvarado es contraria al derecho internacional.

Una recomendación anacrónica

Más allá de la compleja discusión filosófica y legal que podría tenerse de ese tema, hay una razón mayor para alarmarse. Jamás pensé que un grupo de diplomáticos costarricenses pensara en incorporar “portillos legales” a instrumentos de derechos humanos con la intención de socavar su aplicación.

Durante muchos años Costa Rica ha alzado la voz contra Estados, que, al amparo de una justificación cultural, han admitido prácticas atroces y contrarias a los derechos humanos, tales como: el matrimonio infantil, la ablación, la lapidación o la tortura. Pretender incluir en el Pacto de San José cláusulas que limiten la acción de los tribunales bajo argumentos de acervo cultural, sería legitimar la tesis con la que muchos Estados justifican agresiones y muertes; en su mayoría de mujeres y niñas.

Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por su vocación histórica en esta materia, aun si tenemos todavía desafíos pendientes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos lleva el nombre de nuestra capital; donde además reside la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El respeto al derecho internacional es nuestra principal línea de defensa. La propuesta de los diplomáticos que se adhirieron a Fabricio Alvarado es contraria al derecho internacional e incompatible con la política exterior de Costa Rica.

Como expresara Rodrigo Madrigal Nieto en 1998, “Costa Rica llegó a la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con una larga tradición de vivir apegadas a ellos”.

El cálculo político de un pequeño grupo no nos debe apartar de esa tradición.