La expansión del fenómeno fundamentalista religioso en América Latina —quizás sea preciso reformular el término y llamarle oportunismo político-religioso— no ha ocurrido de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva ya décadas de acumulación de capital financiero y simbólico. En el caso costarricense, la influencia del discurso religioso en el ámbito público nunca ha dejado de existir. Ha variado el grado de efectividad de ese discurso, pero nunca despareció ni dejó de tener algún efecto, por mínimo que fuese.
Lo que sí ha cambiado es el tipo de discurso, los actores políticos que lo emiten y sus estrategias de comunicación. El actor principal fue, hasta hace poco tiempo, la Conferencia Episcopal. Ningún gobernante, desde la conformación de la segunda República hasta la fecha, ha podido tratar con indiferencia a la Conferencia Episcopal. Y esto es así, no solo porque el Estado costarricense sea constitucionalmente confesional, sino porque su poder de director de conciencias se había logrado mantener de una u otra forma.
Tanto es así que, en el 2009, cuando se presentó en corriente legislativa, por segunda vez en la historia costarricense, un proyecto de reforma constitucional para eliminar la confesionalidad oficial, la jerarquía católica usó su poder de influencia política para movilizar a la ciudadanía, en contra de este proyecto. El periódico La Nación en portada tituló la noticia así: “Diputados quieren sacar a Dios de la Constitución”. Y en término de 72 horas, varios diputados y diputadas retiraron sus firmas del proyecto, haciéndolo inviable, debido a que una reforma constitucional requiere al menos 10 firmas de diputados para poder iniciar el trámite parlamentario.
Ya en esos momentos se dejaba ver con claridad la alianza estratégica entre los sectores más conservadores del catolicismo y la Alianza Evangélica Nacional, a través de los partidos políticos de corte fundamentalista neopentecostal (ligados al movimiento de la nueva reforma apostólica). Los diputados de estos partidos se manifestaron en contra del Estado laico, pero su agenda no era defender la confesionalidad católica, sino aspirar a una negociación política que blindara jurídicamente el otorgamiento de privilegios económicos y legales para las iglesias evangélicas que están vinculadas a esos partidos políticos (proyecto de ley de igualdad religiosa, 19099 que camina actualmente en la Asamblea Legislativa).
La influencia religiosa en la política nacional no es algo nuevo, los partidos políticos tradicionales vienen negociando con los partidos fundamentalistas desde hace muchos años, complaciendo agendas profundamente conservadoras y contrarias a los derechos humanos a cambio de votos para sus proyectos de ley de corte más neoliberal. Sin embargo, el escenario actual tiene características muy distintas y mucho más peligrosas para el país.
Los partidos políticos como Restauración Nacional son ideológicamente antidemocráticos y autoritarios, aunque traten de ocultarlo con buenas tácticas comunicativas y de negociación política. Ofrecen un discurso relativamente potable ante el gran público, pero a lo interno de sus organizaciones, la narrativa es demagógica, incendiaria y extremista. De esta forma promueven el sectarismo, la polarización y bloquean toda posibilidad de debate argumentado y basado en la evidencia. La jerarquía de estas organizaciones político-religiosas acumula gran poder económico, como es el caso de Rony Chaves, el superior espiritual de Fabricio Alvarado. Según estos grupos, no debe existir ninguna separación entre lo religioso y lo político, porque su objetivo es instaurar un gobierno y refundar el Estado y sus instituciones, sobre la base de la ideología religiosa que proclaman: de ahí el rechazo a ciertas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la secularización de la educación y la política y a las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la población LGBT.
Por lo tanto, aquel que sea líder religioso con autoridad sobre Fabricio Alvarado, será también un referente político en un eventual gobierno de Restauración Nacional. Entonces, todo aquello que es propio de la organización religiosa que da pie a la organización política, tendría el rango de asunto de interés público, y viceversa. Cuando Fabricio Alvarado usa la muletilla genérica de “principios y valores”, no está hablando de principios de una ética ciudadana para una sociedad plural del siglo XXI. Él está hablando de los principios que son válidos para los grupos político-religiosos de la “nueva reforma apostólica”, los cuales –vaya casualidad- son compartidos por las personas más recalcitrantes y ultraconservadoras, que no necesariamente forman parte de los sectores más excluidos de la sociedad que se han vinculado a las iglesias fundamentalistas desde un lugar de abandono y desesperanza.
Esos “principios” son los dogmas patriarcales, misóginos, homofóbicos, anti-seculares y anti-científicos, que caracterizan –grosso modo– a los movimientos sociales organizados en torno a un profundo resentimiento contra las conquistas de derechos de las mujeres, niños y niñas, y personas LGBT, entre otros. Me explico: un sector importante que apoya a grupos como de Fabricio Alvarado y Rony Chaves, no necesariamente son militantes religiosos, pero sí son personas con un profundo sentimiento de rechazo hacia la pluralidad social y cultural. Son personas que se sienten atraídas por el discurso autoritario y violento, dirigido hacia aquellos sectores que estas personas repudian. Juan Diego Castro es un ejemplo de líder demagógico y autoritario, que creció rápidamente gracias al apoyo de este tipo de personas, pero no logró consolidarse como sí lo hizo Fabricio, pues carecía de una red de organizaciones de base como son las iglesias neopentecostales asociadas a los partidos como Restauración Nacional.
Esa vocación anti-democrática, autoritaria, que promueve la construcción de encuadres “amigo versus enemigo”, propios de la narrativa de la “guerra espiritual” no debe ser tomada a la ligera. Ya Restauración Nacional tiene una bancada mayoritaria, que se nutre del oportunismo político de otros partidos y organizaciones sociales. No les resultará difícil acumular 38 votos para tener mayoría calificada en las votaciones de los proyectos de ley, incluyendo las reformas constitucionales que deseen presentar. No tienen contrapesos significativos. Esto implica que podrán iniciar una reforma profunda del Estado, según los dictados de los aliados económicos (líderes de la derecha neoliberal más radical, han dado su adhesión a Fabricio Alvarado) o de los líderes demagógico-espirituales como Rony Chaves. Ahora imagínese usted lo que podrían hacer si, además, llegaran a tener control sobre el Poder Ejecutivo. La amenaza no es menor. El único contrapeso realmente efectivo, tendría que venir desde el Ejecutivo, que controla la convocatoria de proyectos en sesiones extraordinarias y que tiene un Ministerio de la Presidencia que puede –en el mejor de los casos– mantener un diálogo productivo con las demás bancadas.
No se trata, en este momento, de presentar a Carlos Alvarado y al PAC, como mesías, ni como impolutos salvadores de la república. Me encuentro dentro del sector crítico al gobierno actual y tengo reservas con las dos personas que acompañan a Carlos en la papeleta. Sin embargo, esta no es una coyuntura en la que podamos aspirar a los máximos grados de satisfacción política. El llamado cívico en este momento es a evitar que un ocurra un mal mayor, del que luego nos tome muchos años recuperarnos, si es que nos logramos recuperar del todo.
¿Ud. cree que una buena razón para elegir al Presidente de la República es el rechazo a las personas homosexuales? Sin una exacerbada homofobia, Fabricio Alvarado no habría pasado a segunda ronda. ¿Es sensato y oportuno dejar que ese sea el criterio que define el destino de todo un país? Pensar que Restauración Nacional representa a los más aptos para luchar contra la corrupción es una total ingenuidad, por decir lo menos. A nivel internacional, las redes de iglesias neopentecostales, sobre todo las conocidas como “megaiglesias” y los “televangelistas” (del tipo que trasmite Canal Enlace) se han visto denunciadas en cientos de casos de estafa y corrupción. ¿Eso es tener las manos limpias?
Comprender la amenaza gravísima que un gobierno de Restauración Nacional representa para la República de Costa Rica no implica negar que en este gobierno del PAC se hayan dado casos de corrupción, de negligencia o de incompetencia gubernamental. Pero si ud. desea seguir viviendo en una República, por la cual luchemos, confrontemos ideas y propuestas, negociemos y, a fin de cuentas, participemos de la vida pública desde la diferencia de cosmovisiones; si ud. siente un mínimo aprecio por la vida en democracia, no tiene realmente dos opciones para elegir. Tiene solo una. La lección aprendida es que debemos exigirles a los partidos políticos que resuelvan sus crisis internas, de modo que no tengamos que vernos en un predicamente similar en el 2022.
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