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Cartago, 12 de marzo del 2018.

A QUIEN CORRESPONDA
Proyecto de Ley N°20.525

 

Por este medio, me permito saludarles y a la vez quisiera compartir con ustedes alguna información con relación al Proyecto de Ley en trámite, bajo el Expediente N°20.525: “Ley de Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago”.

En primer lugar, quiero manifestar que los dineros solicitados en este proyecto no son producto de abusos de nuestra parte o de querernos valer de la situación para sacar provecho; sino que la iniciativa nace de nuestra real necesidad, al quedarnos de la noche a la mañana sin un lugar donde apersonarnos a trabajar y por medio del cual procurábamos el sustento, abrigo, estudio y recreación de nuestras familias; entre otros.

Así mismo, es importante indicar que desde el año 2007 aproximadamente, el Banco introdujo la modalidad de pago de planilla, bajo el esquema de “SALARIO ÚNICO”, mismo que se estancó durante los últimos 4 años, al no aplicársele los aumentos salariales por semestre, pese a que éramos la planilla más baja en comparación a puestos homólogos, en virtud de los demás bancos del Estado.

Por su parte, en reiteradas ocasiones, los empleados y ahora ex empleados de Bancrédito, intentamos realizar las denuncias y dar a conocer nuestras inquietudes y preocupaciones sobre el rumbo que llevaba la institución, ante las múltiples decisiones desacertadas de la gerencia y altos directivos, mismas que se hicieron a través del Sindicato “UNECA” y de las cuales nunca se obtuvo una respuesta satisfactoria; para los efectos, véanse los oficios UNECA-08/2015, del 16 de noviembre del 2015 y UNECA 11/2016, del 05 de octubre del 2016; este último con sello de recibido conforme por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Auditoría Interna del Banco, Ministerio de la Presidencia y la Comisión para Control del Ingreso y Gasto Público. De lo anterior, lo que a hoy nosotros nos preguntamos es ¿por qué nadie hizo nada?

Adicionalmente, es necesario saber que, antes de la decisión de intervenir al Banco, éste contaba con un patrimonio propio de más de ¢78,000,000.000°°, mismo que por su propia naturaleza, estaba en capacidad de responder al 100% de sus acreedores de forma directa y evitar la pérdida para los costarricenses de la que ya ha empezado a estimar el señor Marco Hernández (Interventor General); información que puede ser corroborada con los estados financieros de la entidad, con Manuel Solano Méndez (Ex Auditor General del Banco) o Alexis Quesada (Ex Director de Finanzas).

De todo ello, debe comprenderse que los funcionarios y ex funcionarios de Bancrédito que promueven este proyecto de ley, no son otra cosa más que el daño colateral de las malas decisiones gestionadas por los actores ya citados y a quienes suponemos, solicitarán rendir cuentas a partir de las investigaciones que realice el personal asignado por la SUGEF en el proceso interventor y de ahí sentar las responsabilidades del caso, ante el daño de pérdida ocasionado al país. En otro orden de ideas, lo acontecido alrededor del Banco, NO es y NUNCA será, responsabilidad de quienes, con tanto esfuerzo, amor, entrega y sentido de pertenencia, trabajamos orgullosa y honradamente para el ya casi extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Actualmente, a nueve (9) meses después de la decisión de retirar a la institución de la intermediación financiera, más del 70% de sus funcionarios sigue en su condición de “Desempleado”, pese a promesas de apoyo ofrecidas con relación a la reinserción de éstos, en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado y de lo cual, a la fecha no se ha hecho nada. De ahí que, procedo a sintetizar los siguientes puntos de índole económica, que parecen ser el único interés y preocupación de los medios de comunicación nacional, interventor, población y algunos legisladores o representantes del gobierno de turno:

  1. El principal objetivo que el proyecto de ley procura, es la devolución de las sumas individualizadas (capital más intereses) del Fondo de Garantías y Jubilaciones, mismo que se genera por ley en la Banca Estatal y que se traduce en un fondo de pensión complementario, siendo éste, fruto de un ahorro que cada funcionario realizó durante el tiempo de permanencia y prestación de sus servicios profesionales a la institución. Importante señalar que, al momento de la ruptura de la relación laboral con el Banco, esos dineros fueron trasladados al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) de cada una de las Operadoras de Pensiones escogidas con anterioridad por los trabajadores; de tal forma que, esos dineros NO representan en este momento, ninguna erogación económica para el Gobierno, pues se encuentran ya en las cuentas individualizadas de pensiones de cada persona y por la situación particular y especial sufrida, así como las necesidades de manutención actual de las familias afectadas, se opta por el disfrute de ello ahora, sin perjuicio adicional tampoco, al Régimen de Pensiones Obligatorio, pues reitero que, se trata de un fondo de pensión complementaria.
  2. Artículo 5 del proyecto de ley: “Bonificación”, mismo que está amparado al artículo 25, inciso b) de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N°6955 y que reza en lo que interesa: “La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente… 
    b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de servicio, podrá otorgarse a cada servidor un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente laborados”.

De lo anterior, queremos aclarar que, las estimaciones que ha anunciado el señor Marco Hernández (Interventor General), alrededor de los ¢3,000.000.000°°, no son correctas y distan absolutamente de la realidad, pues no todos los trabajadores actuales, ni los ahora ex funcionarios, optarán por recibir ese incentivo, ya que el mismo conlleva a una limitación de 7 años para trabajar con el sector gobierno. Entiéndase que, 4 meses de salario no compensa, ni es proporcional a prohibirse de la posibilidad de reingresar al mercado laboral en el Sector Público; por lo que esta iniciativa será de beneficio para los compañeros que les falta más / menos 5 años para optar por su jubilación, a fin de continuar pagando sus cuotas y alcanzar la edad requerida; compañeros que se hayan incorporado o deseen ingresar a laborar en el Sector Privado, o bien, compañeros que requieran de capital de trabajo para emprender un negocio propio. Así las cosas, de lógica se deduce que el monto real va a llegar a ser ínfimo y jamás podría señalarse de ruinoso para la entidad, como se han dejado decir los medios de comunicación y el mismo interventor.

Ruinoso es, que no se tomaran las decisiones correctas en el momento oportuno, cuando comenzamos a denunciar las inconsistencias de decisiones administrativas versus los resultados obtenidos (2014 en adelante), en función de los resultados esperados. Ruinoso es, que se anunciara a la población, el retiro de la intermediación financiera del Banco, sin una planificación estratégica y responsable, no sólo en lo económico, sino también en el impacto social de las más de 700 familias que se verían afectadas. Ruinoso es, que en ese momento no se procediera con el proceso de cierre definitivo y liquidación del Banco, teniendo al mes de junio del 2016 (mes en que anunciaron lo anteriormente expuesto), la posibilidad de responder al 100% de los acreedores, a partir del propio patrimonio de Bancrédito, venta de la cartera crediticia, venta de sus activos y de sus negocios. Ruinoso es que hoy, 9 meses después, el Banco siga generando un gasto de funcionamiento operativo – administrativo, de más o menos 200 trabajadores, incluyendo los 9 asesores nombrados por SUGEF para el proceso de interventoría y como si fuera poco, a tan solo escasos 2 meses de su nombramiento, se aprobaron un aumento salarial del 10%.

Señores y señoras, despertemos, no seamos ingenuos, ni nos dejemos llevar por lo que muchos a su conveniencia en un lindo, atropellado, agresivo y hasta ofensivo discurso, sin fundamento de información, nos quieren vender y hacer creer. ¿De dónde creen que salen todos esos dineros, que por falta de decisión o intromisión de la corrupción en nuestros sistemas sociales y estatales se nos “cuelan” como el “cáncer” que muchos se hacen de “la vista gorda” por intereses propios e individualistas? Sí, de usted y nosotros, costarricenses deseosos de un mejor futuro para nuestras familias y con una gran sed de justicia e igualdad, oportunidades dignas de empleo y bien remuneradas, seguridad social, entre todas las demás problemáticas que como país estamos enfrentando.

Vienen tiempos aún más difíciles y somos nosotros los ciudadanos “de a pata”, los que tenemos que unirnos y demandar hacia quienes nos dirigen y nos legislan, los requerimientos que todo pueblo necesita en la cotidianidad de nuestras necesidades humanas; dejemos de ser siervos menguados, pues derechos sagrados la Patria nos da.

Ahora bien, desde la perspectiva de responsabilidad social, que nuestro patrono (El Estado) tiene para con los funcionarios y ex funcionarios de Bancrédito, ámbito que ha sido absolutamente invisibilizado de su parte hasta la fecha y ahora altamente juzgado por la población en redes sociales y algunos medios de comunicación, entre ellos Cr.hoy, Periódico La Nación y Nuestra Voz de Amelia Rueda, quisiera preguntarles si después de leído lo anterior, siguen creyendo que somos los “vagos” responsables de lo acontecido? No, señores, hoy seguimos lamentando el socave de la institución que cumpliría en junio de este año, sus 100 años de existencia… yo no sé a usted, pero un centenar de años habla de historia positiva y sus funcionarios (no sus directivos y gerencia) hacíamos día con día, que las cosas sucedieran en nuestro lugar de trabajo, así como lo anunciaba nuestro eslogan corporativo.

Esta indiferencia y falta de empatía es lo que como país nos tiene hundidos, porque lejos de informarse, tomar lo positivo y apoyar las iniciativas de reclamo ante lo ocurrido, optamos por acribillar a la parte más débil, en este caso, la clase trabajadora. Un ejemplo nada más para su reflexión: El periódico de circulación nacional, denominado “La Nación” -y según asumo debe ser de su conocimiento porque fue noticia pública, claro minimizada-, evadió el pago de impuestos por la venta de las rotativas y digo minimizado porque el pueblo y muchos de los demás medios de comunicación callaron… -claro no nos podemos majar la cola entre igualesy ahora vienen ellos a hablarnos a nosotros funcionarios y ex funcionarios de Bancrédito de ética y moral, eso también es RUINOSO socialmente hablando y si es en lo económico, ni qué se diga, porque forma parte también del déficit fiscal que tenemos.

Usted ciudadano que lee este artículo, le digo, “no se vale majarnos la cola entre iguales” y le comparto algunos de los motivos que nos han llevado a emprender esta lucha sin fin.

Por la falta de decisiones acertadas, planificación, acompañamiento y compromisos públicos no cumplidos, a 9 meses después de nuestro retiro de la intermediación financiera y cese paulatino de nosotros los trabajadores, la liquidación como es de entender, se ha difuminado en la cotidianidad de gastos que toda familia realiza en procura de su manutención. La solicitud de estos dineros no son otra cosa más que, el adelanto de un ahorro que ya tenemos en nuestras cuentas individualizadas del ROP y del cual requerimos tener acceso de inmediato para aplacar un poco la situación momentánea que atravesamos; así como sí la tienen los funcionarios de la Banca Estatal que ingresaron antes del 18 de febrero del 2000 (véase la Ley de Proyección al Trabajador). ¿Tan difícil es para ustedes comprender que nuestro futuro es hoy?, ¿pues cómo podríamos llegar a disfrutar de esos dineros, hasta nuestra jubilación?, si ya se han devaluado; y sin trabajo actual, ni siquiera podríamos optar por una pensión a futuro; si es que alguien, además, logra rescatar el de por sí ya quebrado régimen de pensiones y valga de paso indicar, que también quebrado por falta de decisiones correctas en su administración.

Estos dineros permitirán a los afectados tomar algunas acciones para mitigar el efecto negativo en sus vidas, a saber:

  1. Poner al día sus operaciones de crédito, en su mayoría con el mismo Banco Crédito y así no perder sus propiedades, de tal forma que, obsérvese que parte de ese dinero retornará a las arcas del Banco y bajará el riesgo de más pérdida para el país, por la adjudicación de bienes inmuebles.
  2. Limpiar su récord crediticio ante SUGEF y ser sujetos de créditos futuros, para proyectos de emprendimiento; o bien, el simple hecho de dejar de ser discriminados en procesos de reclutamiento y selección de empresas, por el riesgo que representa una persona con problemas de liquidez, administrando dineros ajenos.
  3. Enfrentar problemas de salud propios o de sus familiares directos.
  4. Contrarrestar síntomas de depresión y angustia, producto del estrés y la incertidumbre en la que nos encontramos.
  5. Retomar el pago del Seguro Social para sí mismo y para sus hijos o familiares directos dependientes (padres, cónyuges).
  6. Facilitar herramientas y opciones a las jefas y jefes de hogar, para continuar con su lucha diaria de sacar adelante a sus familias.
  7. Reincorporar hijos a sus centros de estudio, ya que muchos de los que tienen hijos en universidades, tuvieron que tomar la dura decisión de no matricularos este cuatrimestre o semestre.
  8. Permitir a los compañeros que les faltan pocos años para su jubilación, sobrellevar este tiempo, de forma que puedan continuar pagando las cuotas hasta cumplir la edad correspondiente, ya que es de entender, que difícilmente por su edad, alguien los contratará.
  9. Evitar otra historia como la vivida por los exfuncionarios del Banco Anglo Costarricense en la parte social (suicidios, pérdidas de sus viviendas, familias destruidas y separadas por no lograr hacerle frente a tanta preocupación y tensión, personas que entraron en el destructor ambiente que conlleva el alcoholismo y la drogadicción, entre otros); sin embargo, a diferencia de nosotros, ellos tuvieron el respaldo del Gobierno de la época: Liberación Nacional y bajo la figura del Presidente de la República, el Señor José María Figueres Olsen, firmaron un Decreto Ejecutivo de apoyo para todos los afectados, pues no desconocieron la responsabilidad que tenían como patrono ante la determinante decisión del cierre de la entidad financiera; de tal forma que muchos de los exfuncionarios del Banco Anglo pasaron a otras instituciones del Estado.

Sin otro particular y con fundamento en el derecho de respuesta que todo ciudadano ostenta, cuyo sustento está en la Ley de Jurisdicción Constitucional, artículos 66, 67 y 69 perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional; además, ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos, agradecemos la generosa atención y difusión que se sirvan brindar a la presente. De ustedes familia Bancrédito, en la voz de nuestro enlace, el señor Randall Castro Vega.