Breve resumen del caso
En el año 2012, el ICE e Hidrotárcoles S.A. (HT, en adelante) firman un contrato de compra de energía. HT se compromete a construir, en tres años, la Planta Hidroeléctrica Capulín San Pablo, mientras que el ICE se compromete a comprarle a HT energía por 17 años. Pasados esos 17 años, la Planta pasaría a propiedad del ICE.
Desde el principio el avance sufrió retrasos. La obra no arrancaba, y ya en diciembre de 2013 el ICE comunica a HT, por primera pero no última vez, su intención de resolver el contrato (darlo por “cancelado” ante incumplimientos por parte de la empresa HT). Otorga el ICE, en aquel momento, un plazo de 120 días para que HT resolviera los incumplimientos que acumulaba.
Apenas unos días antes de esa comunicación, en noviembre 2013, el Comité Especial de Crédito del Banco Nacional de Costa Rica (Comité de alto nivel que da “visto bueno” a créditos muy grandes) aprobó el crédito millonario de HT. Y aun conociendo de los atrasos, y de la complejidad de la relación entre el ICE y HT, finalmente el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) pasa a formalizar el crédito, firmándose el Contrato de Crédito en abril 2014.
La relación entre HT y el ICE siguió siendo complicada. El ICE señaló incumplimientos graves en el avance de la obra por parte de HT, y en julio de 2015 vuelve a comunicar su intención de resolver del contrato (de nuevo). Esto conduce a que HT acuda a vía judicial, donde logra una medida cautelar que hace que se paralice el proceso de resolución, hasta que en 2017 se levanta la medida, lo que ha conducido que a inicios de este año el ICE comunique la resolución final del contrato.
Más allá de si el ICE tiene o no razones para resolver el contrato, disputa que se está resolviendo por vías judiciales, el tema central aquí es qué tan bien cuidó el BNCR los recursos, qué tanto fue precavido a la hora de dar un crédito gigantesco, y qué tan riguroso ha sido en el seguimiento del crédito para asegurarse de que lo prestado se usa realmente en la obra y que no hay riesgo en seguir girando millones para una planta que podría no tener quién le compre energía, y que, por tanto, tendría problemas para pagar el crédito.
Hay múltiples elementos que me generan profunda preocupación, entre los que resalto:
- Persisten dudas sobre la razón por la que el BNCR firmó el crédito sabiendo de las intenciones previas del ICE de resolver el contrato.
- Persisten dudas sobre si el BNCR realmente veló por la fortaleza de las garantías. La totalidad de las fincas que debían incorporarse al fideicomiso de garantía no fueron incluidas, y hay dudas graves sobre si el BNCR analizó la capacidad de pago de fiadores que firman como garantía pagarés multimillonarios.
- Persisten dudas sobre si la totalidad de los recursos girados por el BNCR realmente han sido invertidos en la Planta, pues el ICE señaló que el monto entre lo girado y lo invertido presentaría diferencias significativas. Además, persisten dudas sobre si HT realmente ha invertido la totalidad de lo correspondiente según la proporción indicada en el Contrato de Crédito.
- Y, por supuesto, persiste una grave duda sobre la razón por la que Constructora Sánchez Carvajal “desapareció” de la propiedad de HT apenas unos días antes de la firma del Contrato de Crédito, a pesar de que múltiples actores reconocen que es Sánchez Carvajal la empresa real que está detrás de HT. La Constructora era beneficiaria final (accionista de otra empresa propietaria de acciones de HT) al momento de la aprobación del crédito. Pero deja de ser beneficiaria apenas unos días antes de la firma del Contrato de Crédito.
El crédito otorgado es altamente riesgoso. Eso está claro, y por eso la SUGEF obligó ya al BNCR a recalificar el crédito, lo que ha implicado desde ya una sustancial disminución de las utilidades del Banco.
Nuestro interés, ante estas dudas, y en defensa de los recursos públicos de los Bancos Estatales, es determinar si en el otorgamiento y seguimiento de los créditos investigados hay irregularidades, y de existir tales irregularidades, identificar si han sido derivadas de incapacidad de los encargados o peor aún, producto de actuaciones corruptas para beneficio propio y/o de grupos de la élite político/económica.
La hora de la oscuridad
Para poder establecer con certeza la presencia o ausencia de irregularidades, he solicitado información al BNCR. Me alegró, inicialmente, que el BNCR indicó que Hidrotárcoles aceptó prescindir de su secreto bancario para permitir absoluta transparencia. Pero ya no puedo sentir la misma alegría porque ahora me niegan información con sustento en un secreto bancario que no existe.
El secreto bancario sobre el crédito a HT no existe porque la propia empresa liberó al BNCR del secreto bancario en lo relativo al crédito en cuestión. Literalmente, en la nota que consta en el Expediente Legislativo, el representante legal de HT indica:
“Así las cosas, en este acto libero al Banco Nacional de Costa Rica del Secreto Bancario relacionado con el crédito y autorizo a sus representantes para que, a solicitud del ministerio público, de Autoridad Jurisdiccional competente o de la Comisión de Investigación de Créditos bancarios de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, respondan las consultas verbales o escritas elaboradas por los órganos antes mencionados y a entregar la información solicitada.
El consentimiento otorgado suprime la necesidad de una orden de levantamiento de Secreto bancario y exonera de responsabilidad civil y penal al Banco Nacional de Costa Rica y a sus representantes por la información que deban aportar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización”.
A pesar de esto, el viernes anterior recibí una nota del BNCR en la que se niegan a entregarme dos informaciones que solicité, y que son vitales para dilucidar posibles irregularidades. Solicité toda la documentación relacionada con los cambios realizados al Contrato de Crédito entre el BNCR e HT, pues funcionarios del propio BNCR han afirmado que existen tales modificaciones; y además solicité el Informe de la Comisión Especial de Crédito en el que se aprobó el crédito a Hidrotárcoles.
Como señalé, el BNCR me negó esa información, indicando:
“En relación con los puntos b y c de su solicitud [puntos que incluían la solicitud de la información antes indicada], en virtud de que la autorización brindada por la empresa Hidrotárcoles se dio en el contexto de las comparecencias que esta entidad bancaria debía atender ante la Comisión legislativa, y que las mismas se efectuaron los días 25 de enero y 12 de febrero del año en curso, hemos estimado conveniente para efectos de proteger al banco de posibles demandas judiciales por rompimiento del secreto bancario, de remitir su oficio a la empresa Hidrotárcoles con la solicitud de que nos autorice a brindarle la información requerida”.
Es evidente: el BNCR niega la información sin ningún sustento. Porque en la nota de liberación del secreto bancario suscrita por HT queda clarísimo que esa autorización no se limita al contexto de las comparecencias. El BNCR está absolutamente autorizado para entregarme la información que les solicité, pero miente para evitar darme esa información.
Tengo que decirlo: la negativa a entregar esta información solo acrecienta mis dudas y preocupaciones.
Nuestra institucionalidad ha sido golpeada gravemente por la corrupción. Y la corrupción siempre se acompaña de la falta de transparencia. Sres. y Sras. del BNCR: no alimenten dudas. No alimenten más la erosión de la confianza en las instituciones. Les exhorto a la trasparencia absoluta, por el bien de una institución de primera importancia como lo es el Banco Estatal que ustedes dirigen.
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