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No hay que confundir. La utilización del nombre de Dios en política no es necesariamente sinónimo de rectitud, de respeto al Estado de Derecho, o de lucha contra la corrupción. Tampoco es necesariamente sinónimo de lucha por valores universales como la paz, la justicia, la tolerancia, los derechos humanos y la solidaridad. Claros ejemplos de esto resaltan de la participación en política de partidos y líderes evangélicos, tanto en Costa Rica como en el extranjero.

En Costa Rica, la agenda de estos partidos en la Asamblea Legislativa ha sido sumamente reducida. Ella se ha limitado esencialmente a temas de moralidad cristiana tales como la fertilización in vitro, la unión civil entre parejas del mismo sexo, llámese sociedades de convivencia o matrimonio, cualquier motivo de aborto, la secularización del Estado, la educación sexual y reproductiva, la diversidad sexual. Es sobre la oposición a cualquier forma de legalización, reglamentación, o acuerdo sobre estos temas que han construido su estrategia política, sin importar el precio que haya que pagar para ello.

Aunado a lo anterior, la agenda de estos partidos también ha tenido entre sus pilares temas relacionados con la obtención de privilegios, donaciones y otros tipos de ayudas con recursos públicos para iglesias o fundaciones evangélicas. Ejemplo de esto es la donación de 90 millones de colones que el Ministerio de Relaciones Exteriores presupuestó en el 2007 en favor de la Fundación Asistencia Misionera Cristiana, que era presidida por el entonces diputado de Restauración Nacional, el pastor Guyón Massey, y que tenía como directivos a dos de sus hijos. Otro ejemplo es el Proyecto de Ley para la Libertad Religiosa y de Culto No. 19099, presentado en el año 2013 por los entonces diputados de Renovación Costarricense y Restauración Nacional, los pastores Justo Orozco y Carlos Avendaño. Este proyecto, en sus artículos 36 y 59, párrafos 2 y 3, autoriza para que las organizaciones religiosas puedan percibir recursos públicos y recibir donaciones en numerario o en especie de las instituciones del Estado.

Desde la elección del primer diputado evangélico en 1998, se produjo lo que Antonio Alvarez Desanti ha descrito como una “alianza natural” entre los partidos evangélicos y el Partido Liberación Nacional. El fraccionamiento de la Asamblea Legislativa en los últimos años les ha servido para ir cotizando sus votos a un valor cada vez más alto. Los votos de los diputados evangélicos han sido necesarios a otros partidos para poder constituir mayorías simples o calificadas para los diferentes tipos de votaciones parlamentarias que requieren estas mayorías, incluyendo para la elección del directorio legislativo. Si en un principio a cambio de su voto los diputados evangélicos obtenían más que todo colaboración para que no se discutiera o que no avanzara algún proyecto de ley relacionado con los temas de su agenda, conforme más se fueron cotizando sus votos más fueron obteniendo otros beneficios como los de integrar o presidir comisiones estratégicas para ellos, como la Comisión de Derechos Humanos, o los de integrar o presidir el directorio legislativo.

En su afán por obtener apoyo para los temas de su reducida agenda política, los diputados evangélicos no solo han tenido un papel sumamente pasivo en denunciar y condenar actos de corrupción que involucraran gobiernos o miembros de los partidos aliados, sino que han prestado sus votos para las decisiones legislativas más cuestionables. Una de ellas fue la del aumento de sueldo de un 60 por ciento que se auto-aprobaron los diputados entrantes en mayo del 2010. También participaron en uno de los mayores golpes propinados a nuestro Estado de Derecho desde el inicio de la Segunda República en 1949. Se trata del voto que 38 diputados (los 24 de Liberación Nacional, los 9 del Movimiento Libertario, 5 de la Unidad Social Cristiana, uno separado del PASE, y los dos diputados evangélicos) emitieron el 15 de noviembre de 2012 para no reelegir al señor Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional. Lejos de justificar este voto negativo en una o más faltas concretas cometidas en el ejercicio de sus funciones por el Magistrado Cruz, los únicos motivos expresado por algunos diputados fueron en el sentido de que se trataba de una llamada de atención al Poder Judicial.  Se pretendió así atropellar dos de los pilares de nuestro Estado de Derecho: el principio de separación de poderes y el de independencia del Poder Judicial.

Precisamente, al Magistrado Cruz se le cobraba su independencia. En su discurso “Una silla vacía”, pronunciado pocos días después en sesión extraordinaria de la Corte Plena, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, calificó la silla vacía del Magistrado Cruz como “una mancha en nuestra historia”. Entre otras cosas, indicó que “lo que aquí ha sucedido, es un ultraje a la justicia con el fin de buscar magistrados alineados”, además de que “el mensaje de esa llamada de atención, en la forma en que se ha hecho, es una clara amenaza a la independencia del Poder Judicial y a los cimientos de la democracia misma”.

Pero no solo en Costa Rica el nombre de Dios ha sido utilizado para escribir páginas negras de la historia de un país. En Colombia líderes de iglesias evangélicas hicieron campaña en favor del No durante el plebiscito de octubre 2016 para la aprobación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Ello a pesar de que estos acuerdos ponían fin a un conflicto que duró más de 50 años y que cobró la vida de más de 200,000 personas, entre otros horrores. Líderes evangélicos llamaron a votar por el No, por el simple hecho de que los acuerdos contenían un enfoque diferencial y de género que buscaba reconocer y garantizar el respeto a los derechos de sectores vulnerables de la población, entre ellos las mujeres y las personas LGBTI, en la implementación de los acuerdos de paz. Al final, el voto evangélico pesó mucho en el triunfo del No.

En Guatemala, el nombre de Dios se utilizó para justificar los crímenes más atroces durante la dictadura del General Efraín Ríos Montt, en la cual se instauró un régimen de terror causante de múltiples masacres y atrocidades especialmente contra opositores y poblaciones indígenas. Al tomar el poder, Ríos Montt era miembro de la iglesia evangélica Verbo y director académico de la Escuela Verbo. Desde su primer discurso, pronunciado el día del golpe, insinuó que Dios lo había puesto ahí e indicó que el movimiento armado buscaba rescatar “los valores morales”. Nombró como sus más cercanos asesores a dos “ancianos” de la iglesia Verbo, Francisco Bianchi y Alvaro Contreras Valladares. Todos los domingos se dirigía al pueblo guatemalteco en televisión y sus discursos estaban cargados de mensajes moralizantes.

Finalmente, de vuelta en Costa Rica, hoy día el nombre de Dios es utilizado por el candidato presidencial del partido evangélico Restauración Nacional para justificar el que Costa Rica desatienda la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificada en el mes de enero de 2018, acerca del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo y de la posibilidad de que las personas que lo deseen puedan cambiar sus datos de identidad de conformidad con la identidad de género auto-percibida. El candidato llega hasta el punto de amenazar con sacar a Costa Rica de la CIDH y de la Organización de Estados Americanos en un eventual gobierno suyo, sin importarle en lo más mínimo el retroceso que ello implicaría para la protección de los derechos humanos no sólo en Costa Rica y la región, sino también en el mundo entero por haber sido por décadas Costa Rica un ejemplo mundial en la promoción, respeto y protección de estos derechos, indisociables de la dignidad humana.

Costarricenses, no nos dejemos engañar entonces por quienes utilizan el nombre de Dios para justificar la toma de decisiones políticas contrarias a la dignidad humana, a los derechos humanos, y a valores universalmente reconocidos por la comunidad internacional. Este 1 de abril hagamos un voto racional. No tenemos otra opción si no queremos transitar por caminos desconocidos con graves implicaciones para nuestro Estado de Derecho y nuestra paz social.

Las declaraciones del candidato a Vicepresidente por Restauración Nacional, Francisco Prendas, en las que indica que en un gobierno de su partido no se nombrarían jerarcas homosexuales para no ofender a la mayoría, son un claro ejemplo del tipo de discriminaciones odiosas que serían realizadas en un gobierno que basa sus decisiones exclusivamente en su moralidad religiosa. Aún si el respeto de los derechos de las personas homosexuales es un asunto fundamental en cualquier sociedad, éstos son solo la punta del iceberg.

Así pues, en estas elecciones nos jugamos el respeto y la protección de valores universales como el de la igualdad, expresado en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.