El candidato a la presidencia por el Movimiento Libertario ha sido insistente en su propuesta de limitar la ayuda social que hoy brinda el Estado únicamente a los costarricenses. En entrevista publicada por el periódico La República, el candidato afirmó lo siguiente: “Mi familia es descendiente de extranjeros y nunca vivieron a expensas del Estado, sino que salieron adelante por sus propios medios. En ese sentido, pienso que los residentes no deben recibir ayuda social del Estado, porque esto se convierte en un incentivo para la migración”.

Es claro que el candidato no cuenta con la información requerida para realizar una afirmación de ese tipo, ya que si la tuviera sabría que lo dicho no es más que su opinión personal (o un hecho alternativo) y no la realidad del país. Veamos:

Es probable el señor Guevara y muchas otras personas (algunas de las cuales no toleran que se cante el Himno de un país vecino en nuestras escuelas en el mes de la independencia centroamericana) crean que el dinero de las “ayudas del Estado” se lo dejen los extranjeros (Nicaragüenses en su mayoría). Y dada su afirmación, es también probable que crea que cada año más recursos se quedan en hogares donde habitan personas nacidas fuera de nuestro territorio, y que no están nacionalizados.

La realidad dista mucho de esta percepción:

Consideremos primero que el Censo de Población del año 2011 nos indicaba que menos de la décima parte de los habitantes de Costa Rica son nacidos fuera del territorio nacional. La última Encuesta Nacional de Hogares del INEC, del año 2017 (ENAHO 2017), aún mantiene esa proporción (9%).

Según la ENAHO 2017, casi 1,7 millones de personas recibieron al menos un beneficio estatal, según se logra medir en la encuesta. Estos varían desde becas escolares de AVANCEMOS y FONABE hasta red de cuido, bono de vivienda, otras ayudas del IMAS, seguro por el Estado, entre otras.

De estas personas que recibieron beneficios estatales en el año 2017, el 97% eran costarricenses y, por lo tanto, sólo el 3% son extranjeros.

Esto implica que del total de costarricenses que viven en el país, la tercera parte de ellos reciben ayuda del Estado (35%), mientras que de los extranjeros que habitan en Costa Rica apenas la décima parte están recibiendo algún soporte del Estado para solventar su situación de precariedad (13%).

Finalmente, si la gama de opciones que ofrece la política social selectiva del país es tan atractiva como para “incentivar la migración”, sería esperable observar algún crecimiento en la proporción de extranjeros recibiendo beneficios, pero por ejemplo, en el año 2010, poco menos del 3% de los beneficiarios totales del país eran extranjeros, cuya diferencia no es estadísticamente significativa, o lo que es lo mismo, en los últimos siete años la proporción de extranjeros recibiendo ayudas del Gobierno no ha crecido.

Entonces ¿cuál sería el impacto de eliminarle estos beneficios a la población extranjera? En términos de reducción de la pobreza o de ahorro de recursos sería prácticamente imperceptible, especialmente si se sustituyen por beneficiarios costarricenses. El rédito político para el candidato dependerá de cuán xenofóbico sea el costarricense que irá a las urnas el próximo mes, como para considerar que esta sea una propuesta con sentido.

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