Los diputados tuvieron el jueves una sesión rápida y productiva, en la que aprobaron tres proyectos de Ley de interés nacional. Ello fue posible gracias a acuerdos entre las distintas bancadas para posponer el tiempo de control político - trasladándose para el lunes- y pasar a votar las iniciativas convocadas por el Poder Ejecutivo.
El primer proyecto aprobado, en su trámite de primer debate, fue el Código Procesal de Familia, tramitado en el expediente 19.455.
Este proyecto venía siendo trabajado desde el año 2006 y tiene como propósito concentrar (y actualizar) en una sola norma los procedimientos judiciales en materia de familia, los cuales, en la actualidad, se encuentran dispersos en varias leyes y cuya interpretación ha estado atada a la materia civil, algo que según la Corte no es conveniente.
La iniciativa recibió el visto bueno de los 42 diputados presentes al momento de la votación y no hubo oposiciones. Ahora, antes de ser votado en segundo debate, deberá enviarse a consulta de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Patronato Nacional de la Infancia.
De seguido, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto 20.020 que reforma el artículo 56 bis Código Penal, para introducir las penas de utilidad pública (aquellas en las que el condenado realiza, por ejemplo, trabajo comunitario u obra pública).
La iniciativa establece una serie de condiciones para que este tipo de pena pueda ser otorgada: haber sido condenado a menos de 5 años de prisión y y cuando no proceda la ejecución condicional de la pena; que en el delito sancionado no se hayan usado armas ni realizado con grave violencia física sobre la víctima; que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a 6 meses y que no se trate de delitos tramitados con procedimiento de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio. Además, la persona sentenciada debe tener la disposición de restaurar el daño causado a la víctima, o comunidad a través del trabajo de utilidad pública, tener la voluntad de continuar un proyecto de vida al margen del delito y comprometerse a ajustarse a las condiciones que imponga la autoridad judicial y penitenciaria para su cumplimiento.
La pena de utilidad pública no podrá ser superior a 1000 horas por año y el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores acarreará la revocatoria del beneficio, obligando al condenado a descontar su pena en prisión, aunque por cada ocho horas de trabajo de utilidad pública que haya realizado se le descontará un día en la cárcel.
Este proyecto fue aprobado con el voto afirmativo de 38 diputados presentes al momento de la votación y se programó el 13 de febrero para su discusión y votación en segundo debate.
Finalmente, los diputados aprobaron el proyecto de Ley 20.203, presentado por la Contraloría General de la República (CGR), con el cual se fortalecerá el control del presupuesto de los más de 50 órganos desconcentrados del Gobierno Central, de modo que su plan de gastos ya no sea estudiado y aprobado por la propia Contraloría, sino que sea incorporado al Presupuesto Nacional de la República que discuten y aprueban los diputados cada año.
Entre esos órganos desconcentrados, que recibieron transferencias del Gobierno Central por ¢630.053 millones en 2016, se encuentra la Comisión Nacional de Emergencias, Fonabe, museos, CTP, Conavi y Cosevi (las llamadas "hermanitas perversas" del MOPT), el Teatro Nacional, Sinac, Senasa y otros.
La iniciativa fue apoyada por 38 diputados presentes al momento de la votación y únicamente la diputada Ligia Fallas se opuso. Su votación final se programó para el 13 de febrero.
Por su parte, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, los diputados escucharon una denuncia del presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Nuñez Nájera, de que la construcción del pabellón deportivo en el Parque de la Paz incrementó su costo en ¢15 millones, mientras que la construcción de una edificación en la Piscina María del Milagro París (La Sabana) aumentó en ¢25 millones.
Esos incrementos, según Nuñez, se deben a la "falta de experiencia" en temas deportivos de los expertos de la Universidad de Costa Rica encargados de los estudios de las obras y advirtió que ambos proyectos se convertirán en "elefantes blancos difíciles de mantener".
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia ya notificó a la Asamblea Legislativa de la causa penal por supuesto tráfico de influencias seguida en contra de Celso Gamboa. Ahora corresponde que el Congreso cree una comisión especial de tres diputados que serán los encargados de estudiar la acusación y trasladarla al Plenario con una recomendación de levantar (o no) la inmunidad del magistrado suspendido, para que afronte el proceso.
