Conforme avanza la agenda de Derechos Humanos alrededor del mundo y las personas obtienen los derechos que se les han negado por años, ha surgido un efecto tipo backlash hacia el conservadurismo religioso e ideológico. Nuestro país no está exento de este fenómeno y hemos visto como el pensamiento místico fundamentalista ha invadido la vida pública; las iglesias tanto protestantes como católicas han ingresado o acrecentado su intervención en la política nacional con una agenda anti-derechos basada en la fe.

Este comportamiento se ha manifestado claramente en la reacción nacional ante la respuesta a la solicitud de una opinión consultativa de parte del estado costarricense a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto al tema de identidad de género, igualdad y no discriminación a las parejas del mismo sexo.

Cuando Costa Rica suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, decidió acatar todos sus capítulos y artículos sin excepción. Con una simple lectura a los artículos 1 y 2 del primer capítulo, entendemos claramente su alcance, pues el país se comprometió a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”; además de hacer los cambios necesarios en su legislación para que esto suceda.

Es por esto que son incomprensibles las excusas que han dado, clérigos, abogados, pastores y demás, para desacatar la resolución de la CIDH; hay que tener claro que no hay excepciones para argumentos de que el país “no este listo”, “la mayoría está en desacuerdo” o “es pecado”. Estos argumentos me generan preocupación; pues los sistemas opresores nunca van a estar listos. Como bien dice Assata Shakur “nadie en el mundo o en la historia, ha obtenido su libertad al apelar a la moral de las personas que le oprimen”.

Nunca en la historia ha estado la Iglesia, sus feligreses o los miembros que lucran del sistema de opresión, de acuerdo con los cambios que generan mayor igualdad. Desde el feudalismo, pasando por la abolición de la esclavitud hasta llegar a las luchas por derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, siempre se ha utilizado el argumento de que el cambio puede esperar, que en el futuro habrá un mejor momento y que según sus posiciones religiosas personales, este cambio es pecado y producirá el fin de los tiempos.

Como país nos hemos vanagloriado por anos de tener un ambiente respetuoso de los derechos humanos y nos hemos comprometido con brindar todos los derechos para todas las personas en la práctica y no solo en palabra. Si queremos realmente ser asi, no podemos permitir que argumentos (o candidatos presidenciales) moralistas y religiosos, que pertenecen al ámbito privado, sean los que primen ante lo que es claramente legal y vinculante desde la perspectiva del derecho internacional.

Vivir en un país que tiene ciudadanos de segunda categoría, a quienes no se les respeta su integridad personal, su identidad de género y no se les permite ejercer derechos fundamentales, solo por amar diferente, es retrogrado y evidencia la falta de educación de nuestros más altos representantes políticos.

El país en el que yo quiero vivir es el que se comprometió a “respetar los derechos y libertades…que garantiza su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna” desde 1969. Uno en el que sus gobernantes toman decisiones basados en lo que es ético y legal y que dejan sus visiones moralistas y religiosas fuera del proceso de toma de decisiones.

Donde seamos valientes y acatemos las resoluciones que nos pondrán del lado correcto de la historia, donde hagamos nuestras las palabras de Audre Lorde “yo no puedo ser libre mientras otras personas no son libres, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías”.

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